Episodios a cabalgar
Por Jurate Rosales -  Revista Zeta
Soberania.org
11 de junio de 2014

Una vez aprobada la Ley de Ordenamiento Territorial, los únicos instrumentos de poder en Venezuela serán el gobierno central y las comunas

Nada de lo que ocurre en este momento en Venezuela tiene importancia para un gobierno decidido a cabalgar cada nuevo episodio, con tal de que no se le desvíe de su verdadera meta: la creación del poder con control de cada ciudadano. El marco jurídico para lograrlo avanza y es previsible que antes de que termine el año, ya fuese un hecho cumplido. Lo demás es para que el público tenga en qué entretenerse y no se percate de lo esencial.

Hablando con la gente, todavía espero el primer comentario serio sobre la acusación del nuevo “magnicidio”. Por el contrario, pareciera que los venezolanos rivalizan entre quién se burlará más del asunto.

Imaginemos el mismo escenario de “acusación” en cualquier país de Europa o América. En primer lugar, allá, una escena tan grotesca jamás hubiera ocurrido, porque no habría público que la acepte. Incluso, de haber ocurrido, a los actores del show les hubiera llovido un aguacero de preguntas. ¿Cómo es que penetraron, utilizan y dan a conocer comunicaciones personales? ¿De haber una orden de juez para interceptar correos, cómo llegaron éstos a manos ajenas al poder judicial? ¿Quién responde ahora legalmente por el hecho de haberlos puesto del conocimiento público? ¿Qué pruebas tienen para acusar de algo tan grave como un asesinato? ¿De qué se acusa concretamente, más allá de los correos? No imagino a nadie en Francia, España, mucho menos Inglaterra, Alemania o Estados Unidos, que estuviese tan suicida políticamente como para aceptar el rol de hazmerreír que ese día asumieron los “acusadores”.

La insistencia de Nicolás Maduro para sostener esas acusaciones y prometer “pruebas” que hasta ahora no han aparecido, equivale a la destrucción definitiva de su imagen internacional. Llamar a María Corina Machado “asesina” y pretender a un mínimo de credibilidad, es inconcebible para un gobernante que cuide sus índices de popularidad.

En países donde opera la justicia, las acusaciones no se lanzan al voleo, porque si resultan falsas, puede venir la contra demanda por daños y perjuicios. En Venezuela, cuando la Fiscalía tuvo que plantear los presuntos “cargos” contra Leopoldo López ante una juez, no hubo de qué culpar legalmente al acusado. Quizás no esperaban la difusión internacional de esa audiencia y si bien la hicieron a puerta cerrada, la difusión ocurrió. Al decidir que Leopoldo López debe permanecer preso, el asunto se trastocó y los cargos terminaron acusando al acusador de ser el brazo ejecutor de una dictadura.

Tan grave era el problema para los fiscales encargados de sostener unas acusaciones sin pruebas, que a última hora enmendaron la falla “reformulando” la acusación para justificar que Leopoldo no esté juzgado en libertad.

Falta –y de eso poco se ha hablado– revisar los procedimientos policiales que fueron aplicados a los cuatro estudiantes también acusados en el juicio a Leopoldo, presuntamente “confesos” en circunstancias que implicarían la tortura. Nuevamente, tendríamos el caso de que quien está incurso en delito es el acusador. De los cuatro estudiantes, Demian Martín y Angel González fueron liberados, mientras que Marco Coello y Christian Holdack siguen presos.

Es que el tema es otro

Para el gobierno, el grave deterioro de su imagen producido por la evidente ilegalidad de sus actuaciones no existiría, si todo lo que hace, pasara a ser “legal”. De modo el remedio natural es cambiar el marco legal, para que los abusos se ejecuten “según la ley”.

Por ejemplo: el gobierno actúa, apresa, juzga y reprime dentro de una situación de facto de suspensión de garantías, pero esas nunca fueron suspendidas y la flagrante ilegalidad de las actuaciones oficiales salta a la vista. Si hubiera una disposición legal que justificara la represión sin necesidad de declarar el “estado de excepción”, no habría necesidad para Maduro de dar explicaciones, ni padecer de la pérdida de imagen.

Pues a eso van, porque al tener la mayoría en la Asamblea, reforzada además con una ley habilitante para Nicolás Maduro, es posible de crear el marco jurídico que permita “legalmente” todos los desmanes.

Cuando fue aprobada la Constitución de 1999, los constituyentes cuidaron con esmero los capítulos referentes a la libertad de expresión, garantías al ciudadano, derecho a la propiedad, incluso la vigilancia que debe ejercer el ciudadano (art. 350), el derecho a la educación, a la vida, a la salud, etc. etc. Simultáneamente, los constituyentistas descuidaron el marco del funcionamiento del gobierno, que quedó calcado en el modelo cubano, sin que ellos se dieran cuenta de ello –como algunos me lo han manifestado posteriormente. Así se eliminó un importante cuerpo de control como lo es un senado (la Asamblea es unicameral), se cambió el nombre de la república para brindar, con la palabra “bolivariano”, el marco de integración al partido de la Fuerza Armada, la Corte Suprema pasó a ser el Tribunal Supremo como en Cuba, se creó el marco jurídico para someter al Banco Central y sus reservas a la voluntad de Miraflores.

Pasaron unos años y la facilidad que la Constitución intentó brindar al gobierno para ir eliminando uno por uno los derechos ciudadanos, intentó aprovecharla Hugo Chávez para modificar lo que en la Constitución dejaba de libertades al ciudadano. Eso fue en el año 2007 y recuerdo que cuando leí el proyecto de la Reforma Constitucional presentado por Chávez, lo primero que me impactó fue el capítulo que crearía las Comunas.

Quizás Leopoldo Castillo, cuya ausencia en Globovisión es como una herida abierta en el sentir del público, recordará una entrevista que me hizo en aquel año 2007, donde le sorprendí al insistir que lo más grave de la reforma serían las Comunas. Lo decía por haber vivido bajo un régimen comunista y por saber el enorme poder que sobre cada ciudadano ejercería un gobierno que dispusiera de las Comunas, un cuerpo creado, dirigido, controlado y pagado por el gobierno central, con la finalidad de espiar, dominar, controlar, vigilar a cada ciudadano en particular, a través del poder otorgado al vecino, miembro de una Comuna y apoderado de la facultad de poner preso a quien no le guste.

El pueblo venezolano negó con su voto, en aquel año 2007, la aprobación de la Reforma Constitucional. Pacientemente, por debajo de cuerda, el chavismo –o más bien el castrismo– volvió a lo que en su proyecto era la piedra angular de las comunas y éstas fueron gradualmente establecidas, a la chita callando, a través de la Ley Orgánica de las Comunas, aprobada en los últimos días de la Asamblea presidida por Cilia Flores, en diciembre del 2010.

Posteriormente, diversas disposiciones y otras leyes fueron afinando el tema de las Comunas, pero el previsto poder comunal no arrancaba debido a que lo superaban los cuerpos de elección popular, como los Consejos Legislativos, las alcaldías y las gobernaciones.

El engaño

¿En qué consiste el plan? Es simple. Una vez aprobada la Ley de Ordenamiento Territorial, los únicos instrumentos de poder en Venezuela serán el gobierno central y las comunas. Estas adquieren todos los poderes, incluyendo el de acusar y juzgar a cualquier ciudadano que a la vecina, miembro de la comuna, por alguna razón, le haya “caído mal”, o porque ella decidió que fulano habló mal del gobierno y debe ir preso. En eso, la comuna incluso está en una escala de poder superior al Poder Judicial –ella puede acusar, juzgar y condenar.

Dado que cada Comuna está conformada por gente escogida a través del PSUV y sus actividades son directamente financiadas por el gobierno central al que cada comuna obedece, la dictadura de la que ahora acusan a Maduro, deja de serlo y se convierte en el sistema legal del Gobierno Bolivariano de Venezuela. Todo será legal –se habrán acabado los problemas de denunciar represión, torturas, ausencia de justicia, porque todo estará “dentro de la ley”.

De la misma manera como en el año 2007 la población rechazó la Reforma Constitucional, también ahora, la resistencia natural de los venezolanos a ese tipo de gobierno es espontánea y poderosa, a tal punto que los más vehementes enemigos de la propuesta ley territorial son los alcaldes y gobernadores pertenecientes al PSUV. Tanta es la resistencia, que en víspera del Congreso del PSUV a celebrarse el próximo 28 de julio, la discusión del proyecto de la Ley Territorial fue postpuesta hasta nuevo aviso.

No se trata de eliminar el proyecto, que ya se ha discutido y parte de él fue aprobada, sino de retrasar la discusión hasta después del Congreso del PSUV, para evitar que los delegados lo vapuleen. Después avanzará, porque está en el Plan de la Patria, el cual, según Maduro, es “irrenunciable”.

Leopoldo López y su juicio; María Corina que no se ocupó de formar a su alrededor un frente amplio de alianzas políticas que le evite una imagen de soledad; la rebelión estudiantil y la represión oficial; el terror diseminado por los colectivos; las colas por la comida; la inflación y el hambre; la inseguridad y sus centenares de víctimas; los cortes de luz y agua, la ausencia de gas –todo, absolutamente todo-, son para el gobierno “episodios a cabalgar”, hasta tanto no se ha logrado la meta de un gobierno centralizado, absoluto y dictatorial, mediante la aplicación de dos leyes: la de las Comunas empalmada con la del Ordenamiento Territorial.

Con razón en América Latina priva –y este es el caso– el realismo mágico.

Jurate Rosales | Periodista, investigadora, escritora y Editora en Jefe de la Revista Zeta. Artículo publicado el día 6 de junio de 2014 en la Revista Zeta No. 1.924.

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