El talón de Aquiles de la inversión extranjera Orlando Freire Santana Diario de Cuba 10 de noviembre de 2014
Los inversores foráneos traerían el capital, los recursos materiales y las nuevas tecnologías, pero la mano de obra sería cubana.
Cualquier observador medianamente informado sabe que las inversiones extranjeras son un asunto de vida o muerte para la economía cubana. Ninguno de los pasos implementados hasta el momento —entrega de tierras en usufructo, reanimación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), creación de cooperativas no agropecuarias, y el otorgamiento de más autonomía a las empresas estatales— han posibilitado el despegue económico.
Entre los años 2009 y el pasado 2013, el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto (PIB) se movió en un rango entre el 1,4 y el 3%, cifras muy bajas si consideramos que la Isla requiere tasas de crecimiento del 6% en adelante para satisfacer las necesidades del país.
A la hora de hallar el porqué de estos débiles crecimientos, casi todos los especialistas coinciden en un elemento clave: la baja tasa de inversión que exhibe Cuba. Mientras que algunos países asiáticos —como China, Corea del Sur y Singapur— invierten entre un 35 y un 45% del PIB creado, y el promedio en América Latina oscila alrededor del 20%, la tasa de inversión cubana apenas alcanza un 13 %, según ha reconocido el propio ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, en el contexto de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2014).
Está claro que no poseemos internamente el capital necesario para hacer crecer la economía. Por esa razón la Isla se abre al capital foráneo, y brinda una cartera de más de 246 oportunidades de negocios que cubren casi todas las ramas de la economía. Algo así como Las venas abiertas de Cuba, parafraseando al hoy inservible texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano.
Ahora bien, tanto esfuerzo en pos de captar la inversión extranjera podría verse contrarrestado por las propias inconsecuencias de las autoridades cubanas. En este caso, una inconsecuencia relacionada con el escaso incentivo con que cuentan los trabajadores para aumentar los niveles de producción. Porque los inversores foráneos traerán el capital, los recursos materiales y las nuevas tecnologías, pero la mano de obra será cubana. Y esos trabajadores no rendirán lo suficiente si no se consideran bien retribuidos.
Pongamos por ejemplo el sector de la construcción, que se vincula con el tema que tratamos si convenimos en que buena parte de las inversiones incluyen procesos constructivos. Según ha trascendido, muchas construcciones a lo largo y ancho del país no logran terminarse, o ni siquiera se comienzan, debido a la falta de constructores. Ninguno de los sistemas de pago aplicados en ese sector ha satisfecho a los especialistas, operarios y ayudantes que laboran en esas duras faenas.
Hemos sido testigos en los últimos tiempos de un éxodo de constructores hacia otros empleos menos rigurosos y mejor remunerados. Incluso, muchos de ellos han optado por incursionar en el trabajo por cuenta propia. Son esos albañiles, carpinteros encofradores, plomeros y pintores que buscan labrarse el futuro por sí mismos. No es casual que los planes anuales de construcciones estatales en el país queden, como promedio, un 20% por debajo de lo esperado.
Entonces no hay muchos motivos para pensar que esta situación se modifique al amparo de los acápites de la nueva Ley de Inversión Extranjera. Nuestros constructores no verán con buenos ojos que una entidad empleadora —perteneciente al Gobierno— les pague menos que el desembolso realmente hecho por los propietarios foráneos para premiar a sus trabajadores.
Los gobernantes cubanos deben de ser conscientes de que esa forma de pago a los empleados nacionales que laboren en firmas extranjeras pudiera convertirse en un obstáculo para el funcionamiento integral de la referida Ley. Sin embargo, dos razones de mucho peso los instan a actuar de esa manera. En primer término, por supuesto, el dinero que dejarán de percibir los trabajadores y que engrosarán las arcas del Estado. Por otra parte, el hecho de que esos trabajadores seguirán siendo empleados estatales, y afiliados a los sindicatos oficialistas, los cuales les continuarán transmitiendo el mensaje de la cúpula del poder.
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