Una batalla contra la (in)justicia castrista
  Por Waldo Fernández Cuenca - La Habana
Diario de Cuba
 6 Nov 2015

El abogado Julio Ferrer Tamayo ha demostrado ante los tribunales la falsedad de la acusación y el reiterado mal proceder de la instrucción, la Fiscalía y los jueces en el proceso contra su esposa. Ella sigue presa y él ha sido encarcelado.

"Nunca un abogado ha tenido que ejercer su oficio en tan difíciles condiciones; nunca contra un acusado se habían cometido tal cúmulo de irregularidades." Muchos cubanos enseguida identifican al autor de esta frase: es Fidel Castro y son las palabras iniciales de su famoso alegato de autodefensa conocido como La Historia me absolverá. Pero resulta que esta misma aseveración podrían repetirla decenas de abogados y miles de acusados en la Cuba actual, donde el sistema judicial carece de la más mínima independencia y las autoridades gozan de total impunidad y violan reiteradamente la ley.

Por ello Marienys Pavó Oñate lleva más de tres años en el establecimiento  penitenciario "Mujeres de La Habana", en las afueras de la capital, totalmente indocumentada por un supuesto delito de estafa, a pesar de que su esposo, el abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, ha demostrado ante los tribunales la falsedad de la acusación y el reiterado mal proceder de la instrucción, la Fiscalía y los jueces.

Esta gran injusticia no podría comprenderse sin conocer la historia profesional de Julio Ferrer, graduado en Derecho en 1985, y quien por varios años fue uno de los pocos abogados  de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que asumió la defensa de prostitutas y de ciudadanos cubanos acusados de tráfico de drogas. En muchos de estos casos, Ferrer Tamayo logró rebajar penas y demostrar las violaciones e irregularidades que cometían las autoridades con varios de los procesados. Era un abogado que no se ajustaba a la línea oficialista de la organización y, para quitárselo de encima, lo expulsan de Bufetes Colectivosmediante un documento falso, en el año 2005. Tiempo después este abogado santiaguero se vincula a la Asociación Jurídica Cubana, y en la actualidad Julio Ferrer trabaja en el centro de información legal Cubalex.

Para sus verdugos este jurista es un verdadero dolor de cabeza, y por eso decidieron ejecutar la vendetta: en junio de 2012 encarcelan a su esposa, quien trabajaba en la Dirección Municipal de Vivienda del Cerro y era miembro de la Asociación Jurídica Cubana. Como no existen pruebas del supuesto delito de estafa, el órgano de instrucción del municipio Playa utiliza un documento falso para justificar la detención. A partir de ese momento la batalla entre Ferrer Tamayo y los tribunales cubanos ha sido intensa y desgastante.

Reclamaciones que van y vienen

Con su esposa en prisión de manera arbitraria, Julio presenta una denuncia contra la instructora del caso por "falsificación de documentos" y la Fiscalía Militar comprueba la veracidad de la denuncia y le otorga la razón a Julio, o sea queda demostrado que la acusación carece de fundamento, pero a la instructora solo le aplican una leve medida disciplinaria. Ferrer Tamayo entonces reclama ante la Fiscalía General y el Fiscal Provincial de La Habana; este último en audiencia privada con Julio reconoce las irregularidades cometidas contra su esposa y le dice que se tomarán medidas, pero nada sucede. Entonces decide presentar una demanda por "daños, perjuicios y actos ilícitos" contra el Fiscal Provincial y la instructora del caso de Marienys Pavó, demanda que después de una lucha intensa es aceptada por el Tribunal Provincial de La Habana. El proceso judicial se demora porque los papeles "misteriosamente" se pierden, y Julio debe volver a presentar todos los documentos. Al final, la demanda no prospera porque el Fiscal General, general de brigada Darío Delgado Cura, dice que no es competencia del tribunal juzgar el caso y se anula todo el proceso.

No conforme con esta decisión, Julio presenta un recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular, el cual le da la razón al decir que ciertamente los funcionarios demandados cometieron actos ilícitos pero, al encontrarse su esposa en medio del proceso penal, debía esperar a que este culminara para que la demanda se hiciera efectiva. El proceso penal se activa y Julio amparándose en el Decreto-Ley 81 de 1984 decide asumir la defensa de su esposa. Entonces el Tribunal le pone otra zancadilla, al impedírselo con el argumento de que no estaba capacitado por "pertenecer a una organización ilegal: la Asociación Jurídica Cubana, constituida contra los fines del Estado y la Revolución".

A Marienys Pavó le nombran un abogado de oficio y por fin le celebran el juicio el 28 de julio de 2014 a puertas cerradas. Su esposo logra entrar a la sala donde se celebra la vista y le dice a la Presidenta de la Sala que allí se han presentado documentos falsos y se han violado varios derechos de la acusada. Julio es expulsado y no puede ver el final, el cual es predecible de antemano: el Tribunal, contrariamente a lo que había señalado la Fiscalía Militar sobre la falsedad de los documentos acusatorios contra Marienys, dice que estos son legítimos y le imponen una sentencia de nueve años de privación de libertad. 

Después del fallo, el abogado de oficio le dice a Julio que ellos tienen toda la razón pero que no seguirá el caso. Sin embargo, él no se desanima e intenta nuevamente asumir legalmente la defensa de su esposa, aunque el Tribunal, en abierta violación de la ley, se lo vuelve a impedir.

Julio entonces presenta un recurso de casación para obtener la anulación de la sentencia y la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial no eleva este recurso, en abierta violación del artículo 72 de la propia ley penal cubana. Pasan unos largos cinco meses y Julio no ceja, presenta un procedimiento  de habeas corpus ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Tribunal Supremo. La respuesta del Tribunal es que este procedimiento no es posible porque su mujer solo llevaba seis meses en prisión provisional, cuando en realidad llevaba más de dos años. Incluso Julio se entera de que el Presidente del Tribunal Provincial, a sus espaldas, había dado la orden a la jefatura de la prisión de impedirle a Marienys cualquier contacto con su esposo en calidad de abogado.

Julio vuelve a la carga y presenta además una demanda contra los jueces de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Tribunal Supremo, donde expone que se han cometido arbitrariedades, que la sentencia contra su esposa es falsa e ilegal y los acusa de "prevaricación", un delito contemplado en el Código Penal cubano y que consiste en que un juez emite una sentencia contraria a la ley con la intención de perjudicar a una persona. La respuesta de los jueces es amenazante: le dicen que nada pueden resolver y que en su denuncia hay términos "ofensivos", lo cual pudiera interpretarse como "desacato". Dicha respuesta será retomada luego para impedirle a Julio que pueda bajo ninguna circunstancia defender a Marienys Pavó, su esposa.

Encarcelado por buscar justicia

El 20 de febrero de este año, cuando este jurista se persona en el Tribunal Provincial de La Habana, Sala Segunda de lo Penal, para que le den copia de la sentencia de su esposa debidamente certificada, es ilegalmente detenido y lo meten en un calabozo, lo trasladan primeramente al VIVAC de Calabazar y luego a la prisión de Vallegrande. Como hay que justificar de alguna manera su detención, activan la acusación de "desacato" insinuada por los jueces del Tribunal Supremo y, de una manera arbitraria, a Julio lo condenan a seis meses de privación de libertad, los cuales cumplió íntegramente.

Pero no conformes con esta sanción, en la actualidad la Seguridad del Estado busca por todos los medios inventarle algún delito a este inclaudicable abogado y ahora intentan encausarlo por "falsificación de documentos públicos", arguyendo que la propiedad de su casa no es legítima por unas supuestas irregularidades en el proceso de adquisición de la vivienda. Julio en esta situación ha intentado hacer lo mismo que Fidel Castro hace más de medio siglo: autodefenderse, pero aunque la ley cubana reconoce este derecho los jueces se lo niegan, ya que como sanción accesoria a la sanción principal por el delito de "desacato" también le impusieron la imposibilidad de ejercer su profesión por cuatro años.

Al momento de escribir estas líneas Marienys aún permanece en prisión provisional y sin documentos, no disfruta de ninguno de los derechos que le corresponden a los reclusos y, para mayor oprobio, se le impidió ver a su madre antes de morir, la cual falleció encontrándose en prisión. Ella, según Julio, está valorando la posibilidad de declararse en  huelga de hambre si su situación no se define pronto.

El caso de Marienys Pavó Oñate y Julio Ferrer demuestra que el debido proceso penal en Cuba se viola de manera flagrante y sistemática cuando la Seguridad del Estado interviene y presiona a jueces y fiscales. Desmiente también las afirmaciones hechas a Juventud Rebelde el 20 de junio de este año por la jueza del Tribunal Supremo Marily Rafaela Fuentes Águila de que "el sistema procesal cubano figura entre los más modernos del mundo contemporáneo" o el de la fiscal Alina Montesino Li, quien expresó que Cuba tiene un sistema procesal "digno de elogio en relación con el mundo". 

Ante tanta afrenta es inevitable preguntarle a Julio si ha sentido miedo en algún momento. Su rostro, ante esta pregunta, apenas se inmuta: "En un principio nunca lo sentí, pero, a medida que ha pasado el tiempo, he pensado que en algún momento 'casualmente' un carro me puede atropellar o alguien puede darme una tunda de golpes a traición. Estando en prisión también tuve el temor de que algo me sucediera. Es una posibilidad que no descarto. Pero mi lucha es hasta el final, hasta que mi esposa esté en libertad y todos estos procesos en mi contra se anulen, porque no se ajustan a las normas del debido proceso". 

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