'La corrupción en la justicia cubana es grave'
Diario de Cuba
25 de Mayo de 2016

Laritza Diversent en el Oslo Freedom Forum. (DDC)

El Centro de Información Legal Cubalex lleva más de 15 años prestando orientación gratuita a cubanos que deben enfrentarse, sin recursos y apenas información, al sistema legal del régimen.

Cubalex también asesora a nacionales y extranjeros en materia de derechos humanos y presenta informes ante organizaciones internacionales sobre la situación en la Isla.

Una muestra del éxito de este proyecto independiente son las aproximadamente 120 demandas de asesoramiento que actualmente recibe al mes. Otra, el acoso del régimen a sus integrantes.

La abogada independiente Laritza Diversent, directora de Cubalex, habla con DIARIO DE CUBA en el Oslo Freedom Forum.

¿En qué consiste el trabajo de Cubalex?

A Cubalex llegan personas con problemas de vivienda, asuntos penales, o que quieren hacer consultas. Nosotros no hacemos distinción. La mayoría son personas que no tienen motivaciones políticas, vienen a resolver problema personales.

Les pedimos documentación, pues una de nuestras limitaciones es que no podemos acceder a los expedientes tal y como hacen los abogados de Bufetes Colectivos. Realizamos una primera entrevista y hacemos un expediente digital que permite a nuestros abogados hacer un análisis y valorar cada caso.

Valoramos si hay alguna violación de derechos humanos, qué estrategia seguir, si es necesario recurrir a nivel internacional, aunque primero hay que agotar la vía legal interna.

El trabajo a veces puede demorar entre 15 y 20 días porque lo hacemos en condiciones difíciles, pero cuando los solicitantes vienen les damos un documento impreso para que puedan presentarlo directamente a las autoridades.

¿Qué tipo de casos suelen recibir?

La mayoría de los casos que recibe Cubalex constituyen cuestiones penales, asesinatos muy conmovedores, situaciones que evidencian claramente la violencia, muchas veces extrema, que sufre la sociedad cubana, donde la mujer se lleva la peor parte. Aparte de los hechos en sí, hemos encontrado violaciones muy graves a las garantías del debido proceso.

Los presos y sus familiares están entre nuestros principales clientes. La mayoría de los servicios se comentan dentro de los centros penitenciarios, los propios reclusos se van dando el contacto. Piden a madres y esposas que acudan a nosotros.

Asesoramos, por ejemplo, a una madre ciega que lleva dos años sin poder visitar a su hijo en prisión porque lo trasladaron de centro penitenciario. Esa madre está criando a su nieto porque su hijo mató a su esposa, madre del niño. Así es la mayoría de los casos, personas que tienen una situación social crítica.

¿Cuántas solicitudes han recibido desde que comenzó el proyecto en 2010?

No me atrevo a ofrecer una cifra exacta, pero serían más de 5.000. En los últimos cuatro meses unas 300 personas han llegado a nosotros.

Existe mucha violencia doméstica, lesiones a la mujer, asesinatos. El Gobierno no da estadísticas sobre la violencia de género, pero los que más acuden a nosotros son casos de violencia, intimidación, asesinatos. Son casos que provocan conmoción.

¿Cómo trabaja un proyecto como este, no reconocido por el Gobierno? ¿Qué tipo de problemas encuentran?

Casi todos los casos que llegan a nosotros ya han sido juzgados. A veces llegan en fase de instrucción, pero los afectados están obligados a contratar a un abogado defensor de Bufete Colectivo, porque nosotros en ese sentido no podemos hacer nada.

Lo que sí podemos es asesorar, orientar. Les decimos "busca estas pruebas, haz esto, presenta aquello", porque la abogada o abogado oficial, de manera general, si no le pagas no van a mostrar demasiado interés.

Somos una ayuda técnica para poder sortear los mecanismos del sistema. Un abogado puede llegar a cobrar tarifas extra de 100, 200, 400 dólares. Muchos de los casos no tienen dinero ni siquiera para contratar al abogado que le ponen de oficio y, cuando lo ponen, suele ocurrir que el abogado ve el caso en el momento en que va a entrar al juicio. Es muy frecuente encontrar en una sentencia contradicciones entre el abogado y el representado.

¿A dónde llega la corrupción en el sistema judicial?

La corrupción en la justicia es grave. Abogados, fiscales y jueces…, muchos cobran a través de los abogados defensores y piden cifras salvajes para repartir, muy difíciles de conseguir para un cubano, a no ser que tenga familia en el exterior.

Hemos recibido casos de cubanoamericanos acusados por tráfico de drogas, y en este sentido hemos conseguido resultados positivos. Los órganos de justicia estatales han aceptado revisiones que hemos preparado nosotros. A buena parte de los indultados en 2015 le habíamos presentado revisión.

¿Cuántos abogados trabajan en Cubalex? ¿Cómo llegan al proyecto?

Tenemos solo cuatro abogados trabajando a tiempo completo en la oficina, que radica en la sala y un cuarto de mi propia casa. Cubalex ofrece además con asesoría en Camagüey y Granma, donde radican dos abogados.

Vemos primero la evolución de cada persona y su interés real, y luego la integramos al equipo. No le cerramos las puertas a nadie, pero sí, uno de los requisitos es que no trabajen con el Gobierno, y otro, que tengan un título de Licenciatura en Derecho.

Ahora estamos intentando formar un equipo multidisciplinario. Ya tenemos un psicólogo, un médico y un investigador social y de prisiones, que trabaja desde dentro de estas instituciones con la colaboración de reclusos.

¿Qué otras líneas de trabajo sigue Cubalex?

Los operadores del derecho, un fiscal, por ejemplo, no tienen en cuenta la cuestión de género a la hora de aplicar el derecho, y a veces lo hacen de manera burda y arbitraria, demasiado machista. Eso lo consideramos violencia institucional.

Durante el trabajo investigativo que desplegamos hemos encontrado que la mayoría de los hombres privados de libertad, más del 50%, corresponden a familias de afrodescendientes que viven en barrios marginales.

Eso nos ha llamado la atención y estamos haciendo un análisis transversal de la temática de género, la temática afrodescendiente y la política penal criminal. Empezamos a desarrollar estos temas de investigación para poder presentar informes sobre derechos humanos.

También trabajamos en que la sociedad civil reciba más información en temas de derechos humanos.

Empezamos con talleres, yendo a las organizaciones, la mayoría en la región oriental, y con las Damas de Blanco. Logramos que al menos empezaran a recopilar información sobre las detenciones. Les enseñamos a actuar como observadores y no como víctimas.

Lamentablemente, aún no hemos logrado que documenten bien. Estamos planificando un curso para activistas de derechos humanos, para enseñarlos principalmente a documentar y a agotar la vía legal interna antes de acudir a la internacional con sus denuncias.

Nos llamaba la atención que, entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, Cuba solo tenía tres denuncias a nivel internacional. Eso es porque la sociedad civil no estaba haciendo bien su trabajo. ¿Cómo vas a acudir a Naciones Unidas a denunciar que se violan los derechos humanos si no existen records de denuncias?

Has mencionado la violencia de género y la discriminación racial.

Las estadísticas criminales son secretas en Cuba. No podemos saber, por ejemplo, la cantidad de asesinatos ni de feminicidios. Las estadísticas son solo las que se emiten entre instituciones como el MININT y la Fiscalía. Tal vez algún abogado defensor pueda tener acceso, pero no porque sean públicas.

La Policía tiene una línea de investigación por perfiles raciales, lo que habla de discriminación institucional. La mayoría de los afrodescendientes, hemos visto en nuestras investigaciones, viven en zonas marginales y tienen una situación social crítica. Hay que trabajar en una propuesta de ley para que, por lo menos, se adopten medidas de carácter positivo para tratar el tema de los afrodescendientes.

En el caso de la mujer negra, es discriminada ya no solo por el color de su piel, sino también por su sexo. Casi todas viven en barrios marginales, con infraestructuras ínfimas, en pésimas condiciones higiénico sanitarias.

¿Cómo reacciona el régimen ante el trabajo de un proyecto como Cubalex?

Uno de los objetivos del régimen es aislarnos y para ello recurre al hostigamiento. Es totalmente diferente a lo que hace con activistas que protestan públicamente. En nuestro caso, son amenazas, interrogatorios, citaciones oficiales. Pero nosotros adoptamos como política no aceptar ninguna citación si no está firmada por un secretario de tribunal.

Aunque hasta ahora no ha ido más allá, en los últimos tiempos el tégimen está más agresivo. En abril me impidieron acudir a dar una conferencia sobre el tema electoral. Rodearon la casa y no me dejaron salir. Y en los aeropuertos la táctica es revisar, incomodar, quitar lo que crean sospechoso.

Hay vecinos que colaboran con la Seguridad del Estado. Son bastantes los que nos apoyan, pero los más cercanos nos vigilan. Directamente no va la Seguridad a reprimirte, pero utiliza otros métodos indirectos, sobre la familia y tu círculo cercano, para ir socavándote, desestabilizándote. La represión asume el disfraz de la vigilancia constante, de amenazas, de aislamiento.

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