Corrupción, la bestia indomable del castrismo
Por Paulino Alfonso
Cubanet
23 de Mayo de 2016
 

¿Por qué el Estado cubano es incapaz de acabar con ese flagelo?

LA HABANA, Cuba.- Como ahora  está de moda hablar de la  corrupción y constantemente es tocada por personas con poca información, quisiera reflexionar sobre algo que desgraciadamente  conozco muy bien.

Durante 12 años de mi vida laboral fui auditor de gastronomía del municipio Plaza de la Revolución, que con más de un centenar de cafeterías y restaurantes es el de más actividad en ese sector no sólo de la capital, sino de todo el país, por lo que creo estar autorizado para opinar sobre las desventuras del régimen en cuanto a la corrupción, al menos en ese ramo.

El fenómeno de la corrupción existía en Cuba desde la República, y también en las primeras décadas del régimen castrista; pero en la modalidad que la conocemos hoy, empezó a florecer en los años 80.

El tema de la corrupción empezó a tomar importancia a inicios del Periodo Especial, cuando el régimen decidió taponar todas las brechas por donde se fugaba el dinero y los recursos estatales.  Fue a partir del “gobierno” de Raúl Castro que se intensificó esta lucha, pero manteniendo un secretismo que no permite al pueblo conocer en detalles las causas y efectos de los casos.

Un ejemplo de esto, hace unos años, fue el caso de la malversación en el acueducto de Santiago de Cuba. Por involucrar a dirigentes del Partido Comunista, fue compartimentado por el gobierno. Un periodista oficialista, nada menos que del periódico Granma, que hizo la denuncia, fue sancionado a diez años de prisión.

Hoy, los delitos de cuello blanco son el medio por excelencia para obtener pingües ganancias a expensas del gobierno.

En el periodo raulista, la corrupción se ha usado a menudo como justificación para destituir a algún que otro dirigente, pero nunca se ha hecho por su ineficiencia o los errores cometidos en el desempeño de su cargo.

La corrupción solo se hace pública en los casos de dirigentes o funcionarios caídos en desgracia por otro tipo de razones.

Salvo en esos casos, el gobierno trata de hacer creer que los robos al estado constituyen un delito donde el pueblo es la principal víctima, con el objetivo de lograr un mayor rechazo ciudadano hacia los culpables. Pero esto ya no se logra, porque el pueblo sabe que, principalmente en el caso de los alimentos, lo que busca el régimen es tapar su ineficiencia y justificar sus fracasos.

Generalmente, la gente ve al que roba al Estado como alguien que le quita algo al gobierno para venderlo a los ciudadanos de a pie, que solo así pueden conseguirlo, aunque caro.

Referente a la corrupción y los grandes robos, se desconocen casi todos. Son solo del dominio del Ministerio del Interior los hechos, sus comisores y los datos que permiten establecer su magnitud.

En muchos casos, buena parte del dinero robado o malversado es invertido en comprar a policías, fiscales y  jueces.

Para ilustrar esto, traigo un ejemplo que conozco por haber trabajado directamente en ese caso como auditor. Como han transcurrido  22 años ya lo puedo relatar, aunque con algunas reservas que aconseja la prudencia.

Fue el conocido como el “Caso Coppelia”, del que se ocupó en septiembre de 1992 el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) con el apoyo de la Unidad de Enfrentamiento que estaba ubicada en L y Malecón, Vedado.

El  principal y único acusado fue Pedro Delgado, administrador general de la heladería Coppelia, quien en pleno proceso investigativo huyó hacia los Estados Unidos por vía marítima, en una lancha de su propiedad que salió del río Almendares, en unión de varios familiares y allegados, no sin antes obsequiar una caja de hamburguesas de carne de res y varias botellas de ron a los guardias del puesto de guardafronteras.

Supe esta historia por uno de los fiscales que atendía el caso. Como hoy se encuentra exiliado en España, puedo decir su nombre: Carlos Vega Matamoros.

El resultado de la auditoría realizada en la heladería  Coppelia –en la cual participé– arrojó un desfalco de 3 986 700 pesos.

¿Por qué a Pedro Delgado no se le aplicó una medida de prisión preventiva y se le permitió  tener una lancha bien equipada? ¿Por qué solo se acusó al administrador, mientas que a decenas de implicados solo se le aplicaron “medidas administrativas”?

La respuesta: porque fueron sobornados no menos de cinco fiscales, diez oficiales del DTI y varios auditores.

Además, hay que recordar que Pedro Delgado era  militante del Partido Comunista. Y a un dirigente comunista, de acuerdo a la política de cuadros, mientras no se demuestre que es “un traidor” no se le puede privar de libertad.

Como en aquel viejo filme japonés, los malos duermen bien…

La actual Constitución cubana establece que el Partido Comunista es “la fuerza rectora de la sociedad, encargada de dirigir y orientar los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo”. Mientras eso esté vigente, el régimen castrista  será casi tan teocrático como el de los ayatolás iraníes, con una forma de gobierno bien alejada de cualquier atisbo de transparencia y democracia. Mientras persista esto, es inútil hablar de luchar contra la corrupción.

Los robos y la corrupción solo serán los instrumentos necesarios para alimentar un sistema paralelo de compra y venta, cuyo beneficiario final es el régimen, en cuyas arcas terminará siempre todo el dinero que se mueva. El aparato represivo, también corrupto, se hará cómplice de los delincuentes, y todo se perderá en “leguleyismos”.  El mercado negro, inexorablemente, seguirá siendo  el medio paralelo donde el pueblo adquiere lo que el gobierno le niega por su desidia e ineficiencia.

Así, cualquier disquisición respecto a la corrupción, por redundante e inútil, sobra.

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