El “borrón y cuenta nueva” en Cuba sólo institucionalizaría la impunidad
Por Armando de Armas
Martí Noticias
21 de septiembre de 2016

La sociedad cubana tiene el derecho de recibir respuestas a lo que ocurrió, responsabilizar a los culpables y retribuir a las víctimas, declaró a Martí Noticias el autor Julio Shiling, quien acaba de publicar "Democratización en Cuba: Un manual conciso".
 
Con motivo de la publicación del libro Democratización en Cuba: Un manual conciso, de importancia capital dados los últimos acontecimientos relacionados con la isla, entrevistamos para Martí Noticias a su autor Julio M. Shiling.

Shiling es politólogo, escritor, conferenciante y director del foro político y la publicación digital, Patria de Martí. Cuenta con una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU). Es miembro de The American Political Science Association (“La Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas”), el International Political Science Association (“La Asociación Internacional de Ciencias Políticas”) y el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio.

Sus artículos y ensayos se han reproducido en decenas de publicaciones impresas y electrónicas en los EE UU, América Latina y Europa, y es autor también de Dictaduras y sus paradigmas: ¿Por qué algunas dictaduras se caen y otras no? (Eriginal Books, 2013).

Shiling amablemente concedió en contestar el siguiente cuestionario a Armando de Armas:

¿Cuáles son los mayores retos para un proceso de transición democrática verdadera en Cuba?

Todo proceso de democratización encara obstáculos. Los retos principales en una transición hacia la democracia, sin embargo, son (1) contender con el pasado dictatorial y (2) erigir instituciones democráticas. En Cuba sigue rigiendo un régimen totalitario que profesa adhesión ideológica al marxismo-leninismo y tiene un liderazgo sultánico. Esto quiere decir muchas cosas.

Primero, todo régimen totalitario, fascista o comunista, ha cometido crímenes de lesa humanidad. Esto es un factor de operación inherente del sistema. Por lo tanto, la memoria colectiva de los cubanos que abarca un alto contenido de violaciones sistémicas a los derechos humanos, requiere que el pasado se atienda inmediatamente. Los pueblos tienen el derecho a saber lo qué paso, a ver los culpables sancionados y a recibir indemnización las víctimas. Esta acción de enfrentar el pasado y ofrecer mecanismos para aliviar el mal infligido, a la vez aporta enormemente al segundo reto. El resultado de este proceso sanador ayuda a fundar instituciones con apego a un Estado de derecho. También promueve las condiciones para que los cubanos adquieran confianza en instituciones públicas. Esto es importantísimo, ya que evitaría revanchismos personales y baños de sangre innecesarios.

¿Qué habría que hacer para lograr una rápida y radical descomunización de Cuba?

La tarea de la descomunización en Cuba, ese proceso jurídico/ético/político, tiene que ser la punta de lanza de la política de Estado de una Cuba libre en camino a la consolidación democrática. Cuando se parte desde una dictadura de dominación total en el curso transitorio hacia la democracia, la conclusión de que el régimen comunista previo fue tiránico e inconsistente con las aspiraciones democráticas de un pueblo, el mecanismo de la descomunización es prioritaria. De lo contrario se estaría claudicando ante la realidad que fue el pasado dictatorial y tenebroso. La descomunizazción no es una cuestión de una mera alternativa o variante. Es, para Cuba, una necesidad innata si la nueva república quiere permanecer libre y alcanzar el estado de un país en democracia.

¿Qué importancia otorga a la aplicación de la Justicia tras un cambio de gobierno en la isla, o sería más recomendable el borrón y cuenta nueva?

La justicia transicional es un procedimiento irremplazable y fundamental como herramienta sanadora, reconciliadora y fortalecedora para el futuro de una Cuba libre y democrática. La misma, como se mencionó previamente, enfoca en la resolución de los dos retos principales que confronta todo proceso de democratización (lidiar con el pasado y fundar instituciones democráticas). El “borrón y cuenta nueva” es en efecto la antítesis de la justicia transicional. Es una política que pretende excusar crímenes serios intentando implantar una política artificial de reprimir la memoria colectiva de un pueblo. La barbarie ocurrió, no ha sido inventada. La sociedad cubana tiene el derecho de recibir respuestas a lo que ocurrió, responsabilizar a los culpables y retribuir a las víctimas. La base de un Estado de derecho se forja sobre un sistema legal y moral que le ofrece a todos un debido proceso de justicia imparcial, pero definitiva. La tesis del “borrón y cuenta nueva” sólo institucionalizaría la impunidad. Cuando un pueblo en una sociedad abierta no confía en la capacidad del Estado de ejecutar la justicia, se la toma en sus propias manos. Eso hay que evitarlo. Por eso la justicia transicional es indispensable.

¿Qué hacer con las propiedades robadas por la revolución castrista, dado que los más afectados no fueron las grandes corporaciones como suele asegurarse, sino miles de pequeños propietarios de bares, bodegas, fondas, friteras y casas de huéspedes que están en su mayoría, ellos o sus descendientes, no en el exilio sino en la isla?

Es cierto que las entidades comerciales que más sufrieron el saqueo del comunismo cubano, fueron las de los cubanos mismos que sumaron más de 255,000 confiscaciones. Este hurto a mano armada no puede ser tolerado, porque de lo contario se estaría premiando el robo. Las propiedades de viviendas son una cuestión más compleja, pero igual hay que buscar una resolución que no ampare el crimen pero tampoco sea injusta. Nadie que esté viviendo en una residencia (casa, apartamento o finca) debe de ser desalojado. Excepto, naturalmente, esas personas conectadas al régimen castrista de forma relevante al manejo del poder político. Una Cuba libre debería de formular un esquema de bonos para atender las reclamaciones de estas víctimas del pillaje comunista, cuyas propiedades contienen personas habitándolas.

¿Por qué sugiere para Cuba la Constitución de 1940 y no la de 1901, más vieja pero paradójicamente más moderna que la del 40?

Las constituciones liberales, como la de 1901 en el caso cubano, es cierto que han demostrado ser más duraderas que las de tendencia socialdemócrata, como la de 1940. Sin embargo, la Constitución de 1940 puede ser modificada lo suficiente como para que en la práctica esté más consistente con la actualidad. Las razones por preferir esta opción son varias.

Entre ellas está el hecho de que revalidar la Constitución de 1940 modificada seguiría el linaje constitucional histórico de la república cubana. También y muy importante, esta última carta magna de Cuba democrática contiene muchas provisiones fundamentales para una democracia funcional: control de constitucionalidad, separación de poderes, mecanismos para la rendición de cuentas (anticorrupción), garantías de libertades básicas y derechos humanos, defensa de la propiedad privada, protección de la libre sindicalización y contratación laboral, etc. Lo que si hay que tener claro es que una asamblea constituyente inmediatamente después de la caída del régimen castrista, corre el riesgo de ser dominada por esos en posiciones allegadas o preferenciales a la dictadura y como tal, se podría amañar el proceso o producir un documento sin base de experiencia. Una nueva constituyente debería demorarse por lo menos cinco años de democracia cubana experimentada.