Fort Pierce. Estados Unidos. En Latinoamérica además de los sucesos que durante todo el año que dejamos han tenido lugar en Venezuela, país que ha llegado a un colapso total de su sistema económico, y donde las protestas y manifestaciones se han convertido en hechos cotidianos, así como en Cuba, donde se está celebrando el segundo aniversario de las relaciones de su gobierno con el de Estados Unidos, además de la “sonada” visita del presidente estadounidense, y como es lógico, la muerte del dictador Fidel Castro, merecen destacarse ciertos hechos de Ecuador, en lo que sería la tercera parte de la serie: “Latinoamérica, algunos sucesos a modo de resumen anual”.

La pequeña nación andina, cuyo gobierno dictatorial de marcado énfasis comunista, ha estado promocionando por el mundo sus aciertos en materia de justicia social, -lo que le sirvió a su presidente para ser condecorado con la Cruz de la Orden Iberoamericana de Justicia-, políticas migratorias, respeto a los derechos humanos, así como sus “avances” en materia de educación y cultura, está atravesando actualmente uno de sus peores momentos desde el punto de vista político y económico.

Veamos lo que creen los ecuatorianos, según los resultados de una investigación realizada por la encuestadora Cedatos para poder demostrar lo que pretendo exponer. 

A los ecuatorianos lo que más les preocupa es su crisis económica, lo que de acuerdo a los resultados de las investigaciones realizadas, el 28% de la población así lo expresó, seguido de sus preocupaciones por el desempleo, subempleo y problemas familiares, con un porcentaje de 26%, lo que visto en su totalidad como parte de un mismo problema, es decir, del problema económico, abarca el 54% de la población encuestada.

Le siguen los hechos de corrupción denunciados en los últimos meses y que involucran a funcionarios o exfuncionarios del gobierno, lo que interesa al 19% de los ecuatorianos, cifra que va en ascenso si se le compara con años anteriores, en los que solo era motivo de preocupación  el 10%. Por temas como Petroecuador y Odebrecht, la corrupción también es considerada por un 17% de la población como el acontecimiento más importante del país, luego de la solidaridad con los damnificados del terremoto de Esmeraldas, y de la crisis económica.

Un 65% considera que el país va por mal camino en contraposición al 26% que ha referido que marcha bien, esta última cifra ha descendido en relación al 2014, cuando un 61% consideraba que Ecuador iba por buen camino. En 2014 un 49% de los consultados era optimista y hoy ese porcentaje se ubica en 31%, mientras que el pesimismo llega al 33%.

Pero lo más significativo de esta investigación, realizada en 15 de las 24 provincias del país y que abarcó una totalidad de 2132 hogares, cuyos resultados se han publicado en el diario Las Américas, es que el 52% de los ecuatorianos desaprueba la gestión del presidente, y solo un 42% la aprueba. Respecto a la forma de ser de Correa, el 63% lo desaprueba, contra el 31% que dijo aprobarlo, y lo peor que el 62% no cree en su palabra contra el 32% que dijo que sí.  Al preguntar sobre quien es el personaje más importante de Ecuador, solo el 20% consideró a Correa, y al realizar la misma pregunta a nivel internacional, el 25% dijo que era Donald Trump.

Pero detengámonos en los temas de Petroecuador y Odebrecht, los que han sacudido sobremanera el decadente prestigio del gobierno de Rafael Correa.

Los movimientos de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, (Petroecuador), han provocado un verdadero escándalo,  lo que se ha considerado el peor caso de corrupción en la última década, según ha reconocido el propio presidente del país. Durante más de seis meses han estado en la mira de la Fiscalía ante la gran corrupción de dicha instancia.

Según los últimos informes hay 17 procesos penales abiertos, 80 personas investigadas y 23 procesadas, de las cuales 5 están con prisión preventiva. Las pesquisas están relacionadas con los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, delincuencia organizada, peculado, cohecho y perjurio, toda vez que funcionarios y antiguos mandatarios de la empresa habrían recibido comisiones de contratistas que fueron a parar a sus empresas y cuentas bancarias en paraísos fiscales.

El vicepresidente de la República, Jorge Glas, ha sido cuestionado por su participación en el escándalo de Petroecuador, y aunque las organizaciones oficialistas intentan desmentir las fuertes acusaciones que se le han hecho, la oposición exige que se le investigue a profundidad y se le condene. No obstante, ha sido convocado a la Asamblea Nacional en torno a la investigación que se sigue sobre la red de corrupción en la importante petrolera estatal, lo que no ha impedido el curso de su candidatura como vicepresidente junto a Lenín Moreno por el partido oficialista.   

Jorge Glas ha estado al frente de importantes proyectos en la última década, específicamente en los relativos a “cambio de la matriz productiva” y “sectores estratégicos”, los que han sido fuertemente cuestionados respecto a una desmedida corrupción, lo que ha sido denunciado por varias fuentes e instituciones internacionales.

El analista José Ayala Lasso acaba de publicar en El Comercio, el diario más popular de Quito, un excelente análisis en relación con las acusaciones al actual vicepresidente, y de manera general, al corrupto gobierno socialista con su proyecto de revolución ciudadana: “Si se siguieran los normales procedimientos de investigación que se llevan a cabo en países en donde impera la norma del derecho, habría que esperar el pronunciamiento de la justicia para que se conozca la realidad de los hechos, desaparezcan las sospechas y triunfe la verdad. Pero los procesos de fiscalización e investigación están muy desprestigiados en el Ecuador y la justicia no siempre funciona movida por los principios de severidad e imparcialidad. Sería aventurado e injusto afirmar a priori que el señor Glas –refiriéndose al vicepresidente de la república, Jorge Glas, que aspira a su reelección en febrero-  está sumergido personalmente en las corruptelas denunciadas. Eso tendría que ser decidido en los tribunales de justicia, después de llevado a cabo el debido proceso, lapso durante el cual debería gozar de la presunción de inocencia”.

Los 37 legisladores de la oposición de diferentes tendencias políticas de la Asamblea Nacional anunciaron que están preparados para firmar la solicitud para fiscalizar la gestión de realizar un juicio político al segundo mandatario del país, a quien consideran ser el máximo responsable de los casos de corrupción de Petroecuador y Odebrecht al ser la máxima autoridad en los proyectos estratégicos. Para concretar este proceso deberán obtener hasta 46 firmas que requiere la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que se espera pueda obtenerse de los propios representantes del oficialismo que se encuentran defraudados de su gobierno.

Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que en Ecuador la empresa Odebrecht pagó USD 33,5 millones como sobornos a funcionarios del Gobierno. De acuerdo con los informes de los expedientes judiciales, la compañía se benefició por más de USD 116 millones como resultado de sobornos o multas entregadas entre el 2007 y el 2016, justamente durante toda la década que lleva Rafael Correa en el poder, ¿coincidencia? Los documentos oficiales del Departamento de Justicia de los EE.UU. no detallan nombres de los funcionarios ecuatorianos, de lo que se ha aprovechado Correa para pasar por alto este nuevo escándalo de corrupción, según él, carente de valor y con fines geopolíticos, alegando que no admitirán, sin pruebas, la versión que entregan los funcionarios de Odebrecht.

Todo esto ocurre cuando solo falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales, otro de los temas que le ofrecen un protagonismo a la nación andina durante este año que termina.

A pesar de que las cifras aún difieren entre Market y Cedatos, ambas encuestadoras coinciden en que baja la popularidad del partido oficialista Alianza País. El candidato presidencial por dicho partido, Lenín Moreno, lidera dos encuestas con miras a las elecciones de febrero, esta ha bajado su porcentaje en el último trimestre, lo que se hizo evidente hace solo unos días, cuando dichas encuestadoras revelaron sus cifras más recientes.

Aunque ambas mantienen serias diferencias en cuanto a los aspirantes opositores, coinciden en la baja del oficialismo. La última encuesta realizada por la empresa Cedatos, entre el 19 y el 27 de diciembre, ubica en primer lugar a Lenín Moreno, con una intención de voto del 35,6%. Sin embargo, esa intención de voto entre el 13 y 24 de noviembre era de 36,2%; mientras que entre el 9 y 15 de octubre se ubicaba en 37%, según la misma encuestadora. Con el candidato de CREO, Guillermo Lasso, ha ocurrido lo contrario, quien habría subido 2,3% en ese mismo periodo y Cynthia Viteri también habría ascendido, pero en un porcentaje mínimo. (Ver gráfico):

Independientemente, a que Lenín Moreno, representante del oficialismo, sigue siendo el candidato de mayor puntuación, su popularidad va decayendo, con lo que ganan peldaños los representantes de la oposición Cynthia Viteri y Guillermo Lasso. (Gráfico publicado en UBICATV.COM, Información de Ecuador y Latinoamérica, diciembre de 2016).

Una guerra en la amazonia ecuatoriana. Rafael Correa reprime a la etnia Shuar para avanzar con un proyecto minero chino.  El pasado 16 de diciembre varios helicópteros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, múltiples tanques de guerra, decenas de militares en las calles, y un grupo de camiones de la Fuerza Terrestre acompañados de personal policial invadieron las comunidades de San Juan Bosco y Limón Indanza, con lo que quedaba aislada la provincia de Morona Santiago que quedaba convertida en una zona sitiada, lo que algunos han llamado “la guerra en la amazonia ecuatoriana”.

La operación militar se dio luego de que el 14 de diciembre un grupo de indígenas de la etnia Shuar, que reclaman el respeto ancestral de sus territorios en Nankints, invadieron  un campamento minero y se enfrentaron a uniformados que custodiaban la zona,  sede del proyecto minero Panantza-San Carlos, coordinado por la empresa china Explorcobres S.A.

La declaración de un decreto de excepción en Morona Santiago, que restringe varias libertades, entre ellas las de asociación, información, opinión, de transitar libremente; allanamiento de viviendas; advertencias de movilizaciones de diversos grupos indígenas, entre otros, ha provocado el rechazo total de las comunidades indígenas de la nación al gobierno dictatorial de Rafael Correa. (Consúltese mi escrito Orden de Justicia a Rafael Correa Vs Represión en Morona Santiago, publicado en esta misma página el pasado 21 de diciembre).

El proyecto Panantza-San Carlos pretende explotar un yacimiento de 3.200 hectáreas con cobre, oro y molibdeno. La empresa proyecta construir dos minas a cielo abierto en las que  procesará 90.000 toneladas de cobre al día, generando grandes cantidades de desechos y utilizando miles de litros de agua cada día. El proyecto tiene una vida útil de 21 años, en los que se extraerá de la tierra un total de 678 millones de toneladas de mineral procesado, lo que presupone una enorme cantidad de toneladas de desechos. Esto ha originado el malestar de las comunidades indígenas que tienen muy arraigadas sus tradiciones ancestrales respecto al cuidado de la tierra.  

“El gobierno de Rafael Correa está empujando a las Fuerzas Armadas a cumplir un papel que nunca antes habíamos visto, ni siquiera en épocas de dictadura", expresó Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. (Foto publicada en Minka Urbana, Alternativas Vivas)

La empresa de capitales chinos ha violado el derecho a la consulta, algo contemplado en la Constitución Ecuatoriana, y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

En Ecuador, la Constitución modificada  por los simpatizantes de Correa en una Asamblea Constituyente y aprobada en un referéndum en el 2008, otorgó derechos a la naturaleza, convirtiéndolo en el primer país del mundo en considerar a la naturaleza como objeto de derechos; también consagró el denominado "derecho a la resistencia", lo que sugirió la idea de un gobierno que ofrecía garantía de estos derechos, y que ahora es acusado de dejar olvidadas las disposiciones. A pesar del discurso de apariencia indigenista y ambientalista, el gobierno ecuatoriano envió al ejército contra la etnia Shuar para garantizar la explotación en Panantza-San Carlos.

Un grupo de expertos en Derechos Humanos de la ONU acaba de hacer duras críticas a las medidas represivas del gobierno dictatorial ecuatoriano que determinó cerrar a la ONG Acción Ecológica, institución que apoya los derechos ambientales e indígenas, luego que el pasado 18 de diciembre pidieran a Ecuador una Comisión de Paz y Verdad para explorar los atentados contra los derechos indígenas y medio-ambientales.  

Sería interminable un escrito que pretende resumir algunos aspectos que han sido determinantes en la vida social y política de un país. En Ecuador han ocurrido otros importantes acontecimientos a los que ya me he referido en varias publicaciones, por lo que he preferido insistir solo en estos puntos, que a modo de cierre de año, dejan a la nación andina en un estado de interrogantes, dudas, incertidumbres, preocupaciones y desesperanzas. 

Vídeor debajo: Acciones de protestas de las comunidades indígenas frente al Palacio de Carondelet, sede del gobierno, como respuesta a las acciones de la dictadura de Rafael Correa respecto a la explotación de los recursos de la tierra y a la militarización de la provincia de Morona Santiago en la Amazonía. (Publicado en Minka Urbana, Alternativas Vivas, el 20 de diciembre de 2016).

albertorot65@gmail.com