El régimen acusa de 'usurpación de capacidad legal" al periodista independiente Henry Costantín. (Diario de Cuba). 18 de marzo de 2017 [Este Artículo tiene 1 Comentario].
El régimen busca condenar por presunta "usurpación de capacidad legal" al periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente regional para la Isla de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), confirmó él mismo a este diario.
Constantín fue citado el viernes a la Tercera Unidad de la Policía de Camagüey, donde ha estado detenido en ocasiones anteriores.
Allí, los oficiales que lo atendieron le informaron que está acusado de "usurpación de capacidad legal, de hacer entrevistas en la vía pública" diciendo que es periodista, y de "publicar informaciones tergiversadas en La Hora de Cuba", según explicó.
En la misma situación —indicó— está la también periodista independiente Sol García Basulto, otra integrante del proyecto.
García Basulto "no está en la ciudad, pero dijeron que tiene que ir por allí o, si no, la van a circular", señaló Constantín a DIARIO DE CUBA.
En su sitio en Facebook, el vicepresidente regional de la SIP reveló que en la última semana "al menos dos colaboradores" de La Hora de Cuba "han sido presionados por gente de la Seguridad del Estado" para que lo "acusen de delitos económicos, de que no se les paga su trabajo y cosas por el estilo".
Son acusaciones "que NADA tienen que ver con mis principios, mi conducta y la del equipo de La Hora de Cuba. Ésos dos, gente buena, se han negado" a colaborar con la Seguridad, escribió Constantín.
"Están buscando rápidamente armar algo", advirtió en las declaraciones a DIARIO DE CUBA. "Evidentemente, como no lo lograron con ellos [los colaboradores], echaron mano a esto de entrevistas en la calle, cosa que yo no hago dentro de mi trabajo de La Hora de Cuba", añadió.
"Ellos nos han repetido a varios miembros del equipo que no podemos decir que somos periodistas porque la ley prohíbe que lo hagamos si no tenemos título", indicó Constantín.
"Es un absurdo porque el Estado emplea a miles de personas como maestros, por ejemplo, sin tener título de ello", consideró.
La "usurpación de capacidad legal" es un delito que el Artículo 149 del Código Penal castiga con penas de tres meses a un año de cárcel y con multas.
Incurre en él quien "con ánimo de lucro u otro fin malicioso, o causando daño o perjuicio a otro, realice actos propios de una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habilitado", señala el texto legal.
Por sus ideas políticas, Constantín fue expulsado de tres universidades cubanas en las que estudiaba Periodismo. La misma suerte han corrido otros opositores a los que el Gobierno ha aplicado la consigna de que "la universidad es para los revolucionarios".
El régimen, que controla todos los medios de comunicación legales en Cuba, mantiene un blindaje contra la prensa independiente amparado por el Artículo 53 de la Constitución, el cual prohíbe la existencia de medios de comunicación privados.
El propio Código Penal incluye disposiciones que permiten juzgar el ejercicio de la libertad de prensa como delito contra la seguridad del Estado. Además, el régimen ha creado leyes, como la 88, conocida como Ley Mordaza, con apartados destinados a reprimir al periodismo independiente.
Por ese aparato legal, entre los 75 disidentes enviados a prisión en la primavera de 2003 unos 27 eran periodistas independientes.
La presión sobre Henry Constantín y su proyecto ha arreciado desde que el periodista fue nombrado vicepresidente regional para Cuba de la SIP, una organización crítica con la forma en que el Gobierno cubano reprime a la prensa y la utiliza como una gran oficina de propaganda.
"Es la cuarta vez que usan ese tipo de artículo [del Código Penal] para amenazar a un miembro del equipo", dijo Constantín. "En los últimos tres meses ya pasan de 10 las personas que han sido citadas e interrogadas por su relación con el equipo. Hay una guerra total contra La Hora de Cuba", alertó.
Como resultado de la acusación, Constantín está sujeto a una medida cautelar que le impedirá cumplir próximos compromisos internacionales relacionados con su función en la SIP.
El régimen ya intentó acusar en febrero a Constantín de supuesta "propaganda enemiga", pero finalmente fue liberado sin cargos.
|