Editorial: Cercar a los represores Diario de Cuba 30 de marzo de 2017
Fuera y dentro de la Isla, en las últimas semanas han coincidido varias acciones fructíferas contra la violencia de Estado.
Integrada por abogados, profesores, activistas de derechos humanos y dirigentes políticos y estudiantiles de varios países latinoamericanos, fue dada a conocer una nueva organización: la Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Régimen Castrista. Dedicada en su primera etapa a la documentación e investigación de violaciones, organizará audiencias públicas en diversas capitales y abogará por la creación de un tribunal internacional que fiscalice esos crímenes.
En La Habana, una representación de las Damas de Blanco entregó a la Fiscalía General de la República un informe detallado de la represión sufrida por ese movimiento femenino en el periodo 2016-2017. El informe fue presentado también en la delegación de la Unión Europea (UE) y la Nunciatura Apostólica, y en los próximos días se hará llegar a la Fiscalía Militar, el Consejo de Estado y diversas embajadas.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) presentó en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un reporte que recoge 187 casos de violaciones de derechos humanos a ciudadanos afrocubanos. De ese reporte se desprenderán gestiones de varios relatores ante las autoridades cubanas.
También en EEUU, en la Facultad de Derecho de la Universidad de California Irvine (UCI), un grupo de periodistas independientes y activistas de la Isla ofreció al Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión información de primera mano sobre las violaciones de este derecho. El grupo se reunió con profesores y estudiantes, y recomendó al Relator Especial que insistiera en su solicitud de autorización de visita a Cuba.
Por su parte, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada planteó en su última sesión objeciones al informe oficial cubano, reclamó de las autoridades de la Isla la ratificación del Protocolo Facultativo contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el reconocimiento de la Corte Penal Internacional. Asimismo, cuestionó el hecho de que en el país no funcione una institución de derechos humanos que sea aceptada gubernalmente.
Toda esta actividad viene a sumarse a la labor sostenida, dentro y fuera de la Isla, por organizaciones como la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, el Archivo Cuba, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Cubalex.
Se trata, no solo de documentar y denunciar cada una de las violaciones y crímenes, sino de colocar a los personeros e instituciones del régimen ante su propio historial represivo y criminal. El trabajo mancomunado de organizaciones internacionales y nacionales —aunque no reconocidas oficialmente— sirve para cercar a los represores y darles aviso de que sus crímenes están siendo registrados concienzudamente y no quedarán impunes.
En los últimos meses ha aumentado en Cuba la violencia de Estado contra opositores y activistas y periodistas independientes, pero crecen también, y se afianzan, las vías e instrumentos para luchar pacíficamente contra esa violencia, y para mantener alerta la memoria de nuestra historia más reciente.
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