Resumen parcial de violaciones a los derechos humanos protagonizadas por el régimen castrista contra miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, desde el 18 de diciembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017
UNPACU
2 de diciembre de 2017

Desde abril de 2016, fecha en que el Partido Comunista de Cuba, PCC, realizara su último congreso y momento en que la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, demostró, con una movilización de más de mil personas en la provincia Santiago de Cuba, nuestra creciente capacidad de convocatoria, el régimen castrista viene incrementando sus acciones represivas contra sus coordinadores y activistas. A mediados de diciembre de 2016 la dictadura volvió a aumentar sus acciones represivas contra la UNPACU, como encarcelamientos arbitrarios, golpizas y torturas contra los presos políticos, allanamientos de viviendas y ocupaciones ilegales de medios de trabajo, objetos personales y familiares; detenciones arbitrarias, muchas veces violentas, agresiones nocturnas contra sus hogares y ataques en plena calle contra activistas, etc.

• Condenas arbitrarias.

Los activistas resultan condenados por Tribunales parciales, dependientes, tribunales comunistas. De nada vale que demuestren su inocencia ante falsas acusaciones por supuestos delitos de Desacato, Atentado, Desorden Público. Cuando la Policía Política (Departamento de Seguridad del Estado) decide encarcelar a un activista, este va preso por inocente que sea. La calidad y cantidad del activismo pacífico prodemocrático y el nivel de vulnerabilidad por ser poco conocido internacionalmente, es lo que decide a las fuerzas represivas a actuar en contra de un activista.

La mayoría de los encarcelados han sido procesados por negarse a pagar arbitrarias multas que les han sido impuestas por su activismo político pacífico, de ellos 17 han sido llevados a prisión por este motivo. Más de 100 miembros de la UNPACU han sido multados, generalmente, de manera excesiva. La policía política decide a quienes encarcela y a quienes no, de entre los activistas injustamente multados.

Desde mediados de diciembre de 2016 a la fecha, 26 miembros de la UNPACU han sido encarcelados arbitrariamente. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, es la organización de oposición pacífica al régimen totalitario imperante en Cuba que más presos políticos ha tenido durante los últimos cinco años. Unos 160 activistas han pasado por las cárceles castristas. Actualmente tiene 43 miembros en diferentes prisiones del Oriente, Centro y Occidente de nuestra Isla, otros 4 cumplen sanciones de prisión domiciliar.

En las prisiones resultan víctimas de golpizas, torturas físicas y psicológicas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. También sobreviven en condiciones de hacinamiento, mal alimentados, pésima atención médica, mala higiene, les privan de visitas familiares, los aíslan a menudo en celdas de castigo en condiciones infrahumanas, etc. Entre los activistas encarcelados más agredidos se encuentran:  Ovidio Martín Castellano, Lisandra Rivera Rodríguez, Geordanis Muñoz Guerrero, Noslén Ayala García, Alberto Valles Pérez, Yeider Fuente Arias, Yosvanis Sánchez Valenciano, Albert Portuondo Álvarez, Reinier Rodríguez Mendoza y María del Carmen Cala Aguilera. También tenemos el caso de 4 expresos que decidieron renunciar a su activismo a cambio de que no le golpearan y torturaran más. Hamell Santiago Maz Hernández de 45 años de edad murió en dudosas circunstancias el 24 de febrero de 2017 en la Prisión ¨Combinado del Este¨, en La Habana. La Policía Política pone en práctica todos sus recursos encaminados a aplastar y rendir al activista encarcelado. El miedo a la prisión sigue siendo el mejor aliado del régimen castrista.

• Allanamientos y robos en nuestros hogares.

Desde el 18 de diciembre de 2016 a la fecha, las fuerzas represivas del régimen castrista han protagonizado 73 allanamientos arbitrarios en hogares de miembros de la UNPACU. Fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado (Policía Política), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y Brigada Especial del Ministerio del Interior, irrumpen arbitrariamente en sus hogares, violando todo el procedimiento para tales casos: No muestran orden de registro, traen sus propios ¨testigos¨, se llevan objetos y productos adquiridos legalmente, incluyendo alimentos y medicinas de la familia, películas y libros infantiles, sin dejar copia de lo ocupado. Su objetivo principal es privarlos de sus medios de trabajo, entre los que se encuentran computadoras, impresoras, quemadores de DVD, cámaras de video y fotográficas, teléfonos móviles, memorias usb, papel, bolígrafos, libros, equipos de amplificación de audio. Se llevan todo cuanto crean que afectará a la familia. Lo hacen también como venganza por su creciente activismo prodemocrático.

En estos 73 allanamientos, que violan los artículos 12 y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las fuerzas represivas del régimen castrista han despojado de una docena de laptops, media docena de impresoras, más de 40 teléfonos móviles, más de 30 videocámaras, más de 50 memorias USB, más de 50 libras de medicinas, más de mil libras de alimentos, una nevera, un equipo de amplificación de sonido, más de cincuenta mil hojas blancas, decenas de libros sobre política, derechos humanos, economía, entre otros. También han ocupado dinero en efectivo. El valor total de todas las confiscaciones está fijado en la cifra aproximada de 22575 cuc, equivalentes a 23251 dólares.

En una nación donde resulta tan difícil adquirir medicamentos y son tan caros los alimentos, estos robos afectan la labor y la vida familiar. Estos ataques a sus hogares también tienen como fin intimidar a los vecinos de las comunidades. En Cuba muy pocos están dispuestos a luchar por la democratización y el respeto a los derechos humanos por temor a perder lo que con mucho sacrificio han adquirido.

• Detenciones arbitrarias.

Desde el 18 de diciembre de 2016 a la fecha, las fuerzas represivas del régimen castrista han efectuado entre 500 y 550 detenciones arbitrarias contra miembros de la UNPACU. La mayoría de estas detenciones en las provincias Santiago de Cuba y La Habana. Muchos de estos arrestos arbitrarios, que violan los artículos 9, 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ocurren de manera violenta. Las fuerzas represivas hacen excesivo uso de la fuerza con la intención de atemorizar a los activistas y a la población que resulta testigo de tales actos.

• Golpizas contra activistas protagonizadas por fuerzas represivas y otros individuos al servicio de la Policía Política.

Muchas de las detenciones arbitrarias contra miembros de la organización resultan violentas. En otros casos, individuos al servicio de la policía política agreden a activistas en plena calle o en sitios donde acostumbra el activista a desarrollar su activismo pacífico. En este período más de 60 activistas han sido objeto de fuertes golpizas protagonizadas tanto por agentes del Ministerio del Interior como por grupos parapoliciales, entre ellos están: Miraida Martín Calderín, Lázaro Curbelo Mejias, Leonardo Rivery Gascón, Franklin Álvarez Fernández, Ernesto Roberto Rivery Gascón, Denny Rivera Suárez, Naila Fernández Martín, Ovidio Martín Castellanos, Jesús Sánchez Romero, Dainieris Moya García, Luis Ernesto Rodríguez Betancourt, Edilberto Arzuaga Alcalá, Yolanda Carmenate Fernández, Taimir García Meriño, Iliana Marrero Marrero, Zaqueo Báez Guerrero, María Josefa Acón Sardiñas, Juan Miguel Salgado Delgado, Rubislandy Ávila González, Rubén Torres Saiz, Ramón Chang Sigas, Rosa María Santana Barrera,  Mercedes Moya Isaac, Esquizander Benítez Moya, Roberto Almaguer González, Nardo Antonio Ramos Alcántara y Yuri Sollet Soto.

Los agresores usan porras, barras metálicas, piedras, palos y los agentes de las fuerzas especiales, aplican técnicas de artes marciales contra sus víctimas. Varios activistas han sufrido heridas y fracturas en estas agresiones de las fuerzas represivas.

• Violación del derecho a viajar al extranjero y dentro del territorio nacional.

En lo que va de año el régimen ha impedido a varios miembros de la UNPACU viajar al exterior sin que exista ninguna razón legal para dichas prohibiciones.

Los activistas víctimas de prohibición de viajes al exterior:

Carlos Amel Oliva Torres. Dos prohibiciones en este periodo.
Katherine Mojena Hernández. Dos prohibiciones en este periodo.
Carlos Oliva Rivery. Dos prohibiciones en este periodo.
Ernesto Oliva Torres. Dos prohibiciones en este periodo.
Jorge Cervantes García.
Lisandra Robert Salazar.
Yadira Serrano Díaz.
José Daniel Ferrer García. En este caso el régimen argumenta que está bajo una sanción de privación de libertad y que por tanto le está prohibido viajar al exterior. Solo puede hacerlo si el régimen le concede un permiso especial.

Centenares de violaciones han ocurrido sobre el derecho de los activistas a circular libremente por el territorio nacional. Coordinadores y activistas de la UNPACU resultan detenidos y expulsados de la Capital. En Palmarito de Cauto, municipio Mella, provincia Santiago de Cuba, desde mediados de enero de 2017 la policía política tiene un punto de control permanente que impide a los opositores del municipio Mella salir hacia otros pueblos, es el caso más singular de violación a la libertad de movimiento en Cuba. Les exigen que demuestren que van al hospital o a cualquier otra cuestión de urgencia, si quieren recibir autorización. Se reportan más de  120 violaciones de este tipo en este periodo.

• Las injerencias arbitrarias en la correspondencia, comunicaciones telefónicas y en cuentas en las redes sociales.
En los últimos 12 meses varios coordinadores de la UNPACU han sido privados del uso de telefonía móvil. El Ministerio del Interior decidió arbitrariamente bloquear las líneas móviles de José Daniel Ferrer García, dos líneas; Ovidio Martín Castellanos e Yriade Hernández Aguilera. El régimen usa y distorsiona a menudo fragmentos de conversaciones de miembros de la UNPACU que graban ilegalmente. Las cuentas en Facebook, Twitter y Gmail de coordinadores y activistas son intervenidas a menudo.

• Niños hijos de Coordinadores y de destacados activistas de la UNPACU han resultado agredidos física, verbal y psicológicamente por la condición política de sus padres.
En los últimos 12 meses, hijos menores de edad de activistas de UNPACU han resultado víctimas de acoso, castigos, gritos y amenazas de maestros en las escuelas donde estudian, y también han sufrido detenciones. En unos casos la represión ha sido en respuesta a alguna frase o gesto del menor en rechazo al régimen de Raul Castro y en otros solo por la afiliación política opositora de sus padres.                                                                    

Hemos registrado más de 40 casos de agresiones a infantes en este periodo, entre los que se encuentran:

Camila (8 años) y Jennifer (14 años) Muñoz Jiménez, hijas del preso político Geordanis Muñoz y de la activista Jennisey Jiménez;  Amalia Esther (8 años) y Amanda María (10 años) Curbelo Robert, hijas de los activistas Lisandra Robert Salazar y Lázaro Curbelo Mejias, Emmanuel Espinosa Jorge (10 años), hermano de la activista Eliannis Villavicencio Jorge; Helen Cristin Fuentes Herrera (8 años), Rosalia Fuentes Turiño (12 años), hijos del preso político Yeider Fuentes Arias; Eber Pérez Cruz (10 años), hijo del activista Elber Pérez Pérez; Fátima Victoria Ferrer Cantillo (12 años), hija del Coordinador de UNPACU José Daniel Ferrer García; Brayan Moya Carracedo (11 años), hijo de la activista Yunaisy Carracedo Milanés; Rihanna de la Caridad Boris Nieto (4 años) víctima de la violencia de la policía, hija de la ex prisionera política Aimara Nieto Muñoz; Brayan Tupac Álvarez Heredia (6 años) y Bria de la Caridad Álvarez Heredia (9 años), hijos de la expresa política Yackeline Heredia Morales.