'La sociedad civil cubana desaprovecha los mecanismos para denunciar violaciones de derechos humanos'
Diario de Cuba
29 de enero de 2018

Obligado por el régimen cubano al exilio, el equipo del Centro de Información Legal (Cubalex) ha sufrido un "cambio radical y doloroso". Sin embargo, reorganizado en EEUU, pretende continuar "la misma línea" de su proyecto: "elevar el récord de denuncia internacional contra el Estado cubano por la violación de los derechos humanos y visibilizar la situación del país".

Su directora, Laritza Diversent, habla con DIARIO DE CUBA sobre algunos aspectos del trabajo de la organización, lo que ha dejado atrás, pero sobre todo acerca del porqué de las líneas establecidas y los procedimientos que utilizarán ante las nuevas circunstancias.

¿Cómo se ha reorganizado Cubalex en el exilio?

Cubalex se registró en el estado de Tennessee en los EEUU. Actualmente tenemos una Junta Directiva que gobierna la organización. El equipo, en el que me incluyo, trabaja online porque residimos en diferentes estados, la mayoría en Pennsylvania.

¿Qué ha representado para los miembros de Cubalex tener que abandonar la Isla?

Ha sido difícil aceptar que forzosamente tienes que iniciar una nueva vida, asumir nuevas costumbres, adaptarte a una nueva idiosincrasia. Se extraña todo, especialmente el aroma del café en la terraza donde nos reuníamos casi todas las mañanas para empezar nuestra labor, trabajar en un mismo espacio físico y atender personalmente a quienes nos visitaban en la oficina en Cuba. Hoy nos vemos a través de una pantalla. Ha sido un cambio radical, difícil y doloroso. No han faltado las lágrimas de nostalgia en cada uno de nosotros.

¿Han sufrido represalias sus familiares en Cuba?

Mientras sigamos haciendo el mismo trabajo que en Cuba, molesto al Gobierno y que sigue dando resultados —incidir en organismos internacionales de derechos humanos y visibilizar la situación del país—, nuestros familiares en Cuba estarán en riesgo. Es una de las formas de castigo que mejor utiliza el régimen. Hay que reconocerlo, son efectivos. Estamos impotentes ante esa situación.

¿Qué dificultades implica para el trabajo tener que hacerlo desde fuera de Cuba?

Conseguir recursos para mantener funcionando la organización e integrar todo el equipo de Cubalex que salió de Cuba como parte del staff. En otro aspecto, lograr que los activistas en Cuba entiendan la importancia de denunciar, a nivel internacional, las violaciones de derechos humanos de que son víctimas, una dificultad que teníamos desde Cuba. Hasta el momento, no hemos logrado que muchos denuncien la represión a que son sometidos. El récord de denuncias por violación de derechos humanos contra el Gobierno cubano ante organismos internacionales es sumamente bajo.

¿Ha tenido que modificar el proyecto sus objetivos en este nuevo escenario?

Hasta el momento no. Cambiamos el grupo poblacional en el que se enfocaba el trabajo de la organización. Entre 2011 y 2015, el 54,85 % de los casos que atendimos estaban relacionados con cuestiones penales que nos formularon personas privadas de libertad. En 2016, hasta el momento que allanaron nuestra sede, el 61% de las solicitudes de nuestros servicios fueron realizadas por personas internas en centros penitenciarios, que en el 48% presentaron sus casos directamente en nuestras oficinas, a través de un familiar, generalmente las madres.

Al salir del país no podemos seguir dando asesoría de forma personalizada, al menos de forma directa. El difícil acceso a internet en la Isla hace poco probable que podamos mantener ese ritmo de trabajo. Actualmente estamos enfocados en el seguimiento y monitoreo de activistas en riesgo, pero como antes dije, es una tarea difícil, que requiere mucha paciencia y perseverancia por parte nuestra.

En Cuba ofrecimos asesoría a 982 activistas defensores de derechos humanos, miembros de diferentes organizaciones de la sociedad civil que alegaron ser víctimam de detenciones arbitrarias de corta duración, mítines de repudio, citaciones oficiales, así como registros en viviendas habitadas. Impartimos 96 talleres de capacitación a 613 activistas en ocho provincias del país, la mayoría de ellos en la región oriental. También brindamos asesoría legal a los activistas de manera individualizada, sin embargo, las estadísticas recopiladas por nuestra oficina muestra que son, de los grupos vulnerables en situación de riesgo, los que menos recurrían a solicitar nuestros servicios.

Una de las principales dificultades con los activistas en Cuba es que sigan nuestras recomendaciones para documentar los casos de violaciones de sus derechos, algo imprescindible para realizar nuestro trabajo a nivel internacional. Estamos conscientes del desconocimiento dentro de la sociedad civil cubana de los mecanismos de denuncia de violación de los derechos humanos a nivel interno e internacional. Esto impide desarrollar estrategias para mitigar los riesgos y amenazas sobre las actividades que realizan.

¿Cómo se manifiesta la falta de conciencia de los activistas sobre los mecanismos de denuncia y la importancia de estos?

En agosto de 2016 Cubalex preparó cursos básicos de derechos humanos para impartir a activistas de organizaciones aliadas. Invitamos formalmente a 13 organizaciones, pero solo respondieron diez, de las cuales siete nombraron un representante para que asistieran al curso. Confirmaron la asistencia seis, pero el curso se impartió con tres personas. Significa que no es solo el desconocimiento, también es la falta de interés.

Cubalex observa que la mayoría de los activistas utilizan las redes sociales como medio de preferencia para denunciar las violaciones de sus derechos. A principio de 2017 aplicamos una encuesta a 106 activistas y el 84,91% afirmó exigir sus derechos a través de esta vía. Complementariamente realizamos un seguimiento a las cuentas en redes sociales (Twitter y Facebook) de 72 activistas o miembros de al menos nueve organizaciones que operan informalmente en el país. La información fue insuficiente para realizar un monitoreo de la situación concreta y documentar violaciones de derechos humanos. Ejemplo: no se mencionaba el nombre de las personas víctimas del acto cometido, quién lo hostiga y por qué tiempo.

Las redes sociales, a pesar de ser la forma más utilizada por los activistas para denunciar violaciones de derechos humanos y llamar la atención de la opinión pública, no son la vía adecuada para lograr llamar la atención de organismos internacionales de derechos humanos, que puedan incidir en el Gobierno. Estos organismos no utilizan las redes sociales como fuente de información. Es necesario documentar y elaborar la denuncia y enviarla a estas instituciones. Las denuncias en redes deben mantenerse, mejorando las estrategias de publicación para dar más información acerca de lo denunciado, pero no debe ser el objetivo final.

¿Cómo consiguen la información dentro de Cuba?

Directamente de las víctimas, vía telefónica y por correo electrónico. Utilizamos las redes sociales para identificar a los activistas en riesgo o para alertar sobre violaciones que ocurren en el momento. Si la persona no ofrece datos para localizarle, indagamos a través de otros activistas hasta llegar al contacto directo con la víctima.

¿En qué situación están los miembros de Cubalex que quedaron en Cuba?

Esperan una decisión final del caso en el proceso de refugio político por parte del Gobierno de los EEUU. Nos mantenemos al tanto de la situación de cada uno, en especial de Julio Ferrer. Presentamos su caso al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias cuando aún estábamos en Cuba y tuvo efecto, actualmente se encuentra en libertad, aunque no está exento de riesgos.

¿Qué ha ocurrido con los casos que llevaba Cubalex? ¿Tuvo alguna consecuencia para esas personas la acción del régimen?

Hasta el momento no sabemos. Los precios prohibitivos de internet y de las llamadas telefónicas hacia el exterior desde la Isla hacen imposible a nuestros casos contactarnos. Nosotros desde fuera también tenemos restricción económica para realizar llamadas a Cuba y darles seguimiento. Entre nuestros planes a largo plazo está crear estrategias y condiciones para que la población, especialmente la de bajos recursos, cuente con un servicio de asesoría legal gratuita.

¿Qué líneas de trabajo sigue actualmente Cubalex?

Seguimos la misma línea. Elevar el récord de denuncia internacional contra el Estado cubano por la violación de los derechos humanos y visibilizar la situación del país. La presentación de denuncias ante los procedimientos especiales de las Naciones Unidas es uno de los pocos recursos que tenemos para denunciar las violaciones de derechos humanos en el país, y al único que oficialmente reacciona el Estado. Entre 2011 y 2016 el Gobierno recibió 24 comunicaciones de los órganos de tratado y respondió 21 de estas comunicaciones. Sin embargo, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional reportó 44.604 actos de hostigamiento en igual período. Cubalex pretende cambiar esa realidad.

Cubalex prepara otro informe sobre la violencia contra la mujer en Cuba. ¿Por qué es necesario volver sobre el tema?

De manera general, las mujeres dentro de Cuba —aunque tienen acceso a la educación, salud, empleo, derechos sexuales y reproductivos, igual salario por igual puesto de trabajo— son quienes siguen llevando la carga doméstica y la educación de los hijos, a pesar de que la mayoría trabaja. Aún así, La Habana exhibe estándares altos en materia de género en Latinoamérica comparados con otros países. El Estado cubano es parte de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero hasta este momento, en el país no existe una ley de género que proteja a las mujeres de la violencia, no existen refugios para las víctimas de este flagelo.

A este fenómeno se suma la discriminación institucionalizada, especialmente a través de la ley penal. Por ejemplo, la aplicación de la "peligrosidad social predelictiva", que permite a las autoridades categorizar y castigar a las personas por lo que son, y no por lo que hacen, perpetúa prejuicios y estereotipos de índole racial, por género, extracción socioeconómica, marginalidad, estilo de vida, ideología y opinión política.

La medida de "peligrosidad social predelictiva", además de ser selectiva, discriminatoria, es una forma institucionalizada de violencia contra la mujer. Se aplica a niñas de entre 16 y 18 años, y a mujeres que ejercen la prostitución, actividad considerada por las autoridades como un vicio socialmente reprobable. La prostitución no es un delito, pero el Gobierno asegura que "no la tolera". Reprime la oferta, pero no la demanda de servicios sexuales, vinculada principalmente al turismo.

Muchas de las mujeres que se dedican a ofrecer servicios sexuales emigran desde zonas rurales hacia las zonas turísticas en busca de mejores oportunidades económicas. Su vulnerabilidad aumenta cuando se ven obligadas a someterse a la explotación sexual de proxenetas, para protegerse de la represión y corrupción policial. La peligrosidad predelictiva vinculada a la prostitución también se aplica a mujeres trans y otros miembros de la comunidad LGBTI.

La discriminación y marginación por motivos de género y orientación sexual es un fenómeno amplio, pero desconocido incluso para las organizaciones de la sociedad civil que se auto catalogan como defensoras de derechos humanos y cuyos integrantes también son víctimas de formas institucionalizadas de violencia y discriminación. El estado peligroso también es utilizado para hostigar, amenazar y procesar a defensores de derechos humanos, a quienes se estigmatiza como "subversivos y terroristas".

En ese panorama, ¿qué particularidades tienen casos como los de las Damas de Blanco, sistemáticamente reprimidas?

En el caso de las Damas de Blanco, esa violencia adquiere una especial trascendencia. Ellas son víctimas de actos de tortura y tratos denigrantes que colocan en riesgo sus vidas. La organización en 2017 recibió el 54,10% de los actos de hostigamiento reportados en redes sociales y otros medios de comunicación. Sus integrantes constituían el 45% de las mujeres defensoras de derechos humanos víctimas de la represión. Sufrieron 53 agresiones violentas, que en el 94,34% de los casos ocurrieron durante la detención.

La muerte de Ada María López Canino, miembro de la organización, el 12 de diciembre de 2017, es un llamado de alerta. Durante 2016 y 2017 ella fue detenida en 81 oportunidades. Recibió varias golpizas durante operativos y actos de repudio. Le diagnosticaron un hematoma subdural, resultado de traumas craneales derivados de golpes en la cabeza.

Esta lesión cerebral produce múltiples síntomas, entre ellos fuertes y constantes dolores de cabeza, y no sanan por sí mismos. Con el tiempo pueden complicarse y ocasionar daño cerebral permanente. Además, se agrava por traumatismo craneal repetitivo. Cubalex conoce de otras Damas de Blanco que presentan sintomatologías parecidas.

Las Damas de Blanco son parte de un grupo social en situación de doble vulnerabilidad: como mujeres y como defensoras de derechos humanos. Sufren formas agravadas de discriminación y violencia, no solo de las autoridades, también por las propias organizaciones de la sociedad civil, que les cuesta aceptar las capacidades de liderazgo femenino. Sin embargo, esta organización no trata específicamente y de manera directa las cuestiones de género. Por el contrario, defienden y abogan por los derechos de los presos políticos.