'Las normas del Estado vulneran a las personas con discapacidad frente a los tratos crueles'
Diario de Cuba
17 de marzo de 2018


Un anciano en el Hogar del Adulto Mayor José Manuel Lazo de la Vega en La Lisa. (FACEBOOK/ J. A. POMPA LÓPEZ)

La Red de Cultura Inclusiva (RCI) y el Centro de Información Legal (Cubalex) presentaron este mes ante las Naciones Unidas un informe general conjunto sobre los derechos de las personas con discapacidad en la Isla en el que abordaron, entre otros asuntos, el de la "Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

El tema toma vigencia estos días después de que salieran a la luz denuncias muy gráficas sobre los maltratos que sufren los ancianos en un asilo estatal en La Habana, en concreto en el Hogar del Adulto Mayor José Manuel Lazo de la Vega, sito en la calle 51 y 222, municipio La Lisa.

Aunque el reporte de RCI y Cubalex no incluye este caso actual, sí documenta los escandalosos hechos en 2010, en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, popularmente conocido como Mazorra, por los que murieron de hambre y frío 26 pacientes.

Algunos de los 26 Muertos por frío en la Mazorra en 2010

"Las imágenes en la morgue de los pacientes, la mayoría personas de edad, se hicieron públicas y evidenciaban signos de desnutrición y violencia, que demostraron la falta de capacitación del personal en materia de derechos humanos y prevención de la tortura", denuncian ambas organizaciones en el informe que también han dirigido al Gobierno cubano.

La historia se repite en La Lisa, en un centro de internamiento en el que activistasdel Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT) han logrado entrar y documentar cómo estas "indefensas personas son golpeadas y amarradas".

En 2010 en Mazorra —recuerdan la red de Cultura Inclusiva y Cubalex— "las temperaturas bajaron a 38,6 grados Fahrenheit (3,4 grados Celsius) y las autoridades confirmaron la muerte por hipotermia y 'factores de riesgo propio de los pacientes con enfermedades psiquiátricas'".

En aquel entonces el Estado reconoció negligencia, por "la no adopción oportuna de medidas" con los pacientes, sobre todo con aquellos que sufrían graves problemas respiratorios o cardiovasculares. Los órganos judiciales impusieron condenas entre cinco y 15 años de prisión y multas a trece trabajadores del centro asistencial por los delitos de abandono de "incapacitados" y desvalidos con agravante de muerte y malversar los alimentos y ropa destinada a los pacientes.

"Sin embargo, no hubo responsables por los evidentes signos de tortura y malos tratos", condenan las organizaciones independientes en su reporte.

"El Comité contra la Tortura se refirió a este hecho y lamentó no haber recibido información sobre las medidas de reparación e indemnización ordenadas por los tribunales y efectivamente proporcionadas a los familiares de las víctimas y a otros pacientes afectados, así como sobre datos estadísticos sobre el número de personas con discapacidad psicosocial que estaban en tratamiento médico forzoso", señalan.

El propio Comité contra la Tortura recomendó "realizar auditorías a las instituciones psiquiátricas y tomar medidas legislativas y administrativas que aseguren un efectivo respeto de las garantías necesarias para la prevención de la tortura y los malos tratos".

El informe presentado en la ONU denuncia que "no existe una estrategia nacional para abordar la tortura, a pesar de que el Estado es parte en la Convención" contra este flagelo y "el órgano de tratado le reiterara la recomendación de tipificar en su derecho interno el delito de tortura, con penas adecuadas que tengan en cuenta su grave naturaleza".

La Red de Cultura Inclusiva y Cubalex precisan que "actualmente la ley penal sanciona a las personas que están obligadas legalmente a mantener o alimentar a menores y personas con discapacidad que no puedan valerse por sí mismas, a causa de su enfermedad, de su edad o por cualquier otro motivo, y la abandone. La sanción se incrementa si pone en peligro la vida de la víctima o se le causa lesión o enfermedad grave o si se ocasiona la muerte".

Sin embargo —advierten— "la norma no tiene en cuenta la vulnerabilidad de las personas con discapacidad a toda clase de abusos, debido a que no tienen conciencia de sus actos o no pueden manifestar voluntariamente su aceptación".

"El estrés que genera en la familia los cuidados de estos pacientes, especialmente los de la tercera edad o que sufren enfermedades que generan discapacidad intelectual o psicosocial, puede llevar en no pocos casos a maltratos y tratos denigrantes o el internamiento y olvido en hospitales psiquiátricos y hogares de ancianos administrados por el Estado y no reciben atención adecuada por parte del personal médico", señalan.

En tal sentido, RCI y Cubalex demandan al Estado "indicar cuántos casos de maltrato y abuso de las personas con discapacidad que residen en instituciones asistenciales o de reeducación han sido reportados, investigados y sancionados e indique qué medidas se han adoptado en dichos casos para garantizar la no repetición".

También reclaman información sobre "si están aprobados y habilitados los métodos de electrochoque, electroconvulsión y similares para ser aplicados como medida terapéutica a las personas con discapacidad, en particular discapacidad psicosocial y en qué casos".

Por otra parte piden que el Gobierno aclare si "existen normas, protocolos o alguna regulación sobre el uso de estos métodos y si hay alguna iniciativa para prohibirlos".

Trato humano y digno

En otro acápite del informe sobre trato humano y digno, RCI y Cubalex recuerdan que en Cuba "existen personas con discapacidad con grave deterioro mental que han vivido la mayor parte de su vida hospitalizados en las instituciones psiquiátricas, porque no cuentan con familiares que se hagan cargo de ellos".

Denuncian que "es común ver a estos pacientes a medio vestir y sucios, merodear por los alrededores de los centros hospitalarios pidiendo limosnas, con escaso cuidado del estado físico, higiene personal y cuerpos depauperados a causa de la desnutrición y deshidratación".

"Hemos recibido información de que se aplican medidas de aislamiento como sanción disciplinaria a los pacientes que presentan conductas violentas. En los centros hospitalarios existen locales de internos cuyas ventanas están enrejadas sin cristales, que los proteja de los cambios bruscos del clima. Son bañados a chorros de agua fría a presión", condenan.

"La Salud Pública es uno de los sectores más golpeados por la crisis económica y las carencias materiales y problemas de infraestructura, los hospitales continúan siendo un problema grave. Estas instalaciones no tienen las condiciones para prestar un servicio médico de calidad e impiden que los pacientes sean alojados en condiciones de estancia digna", añade el informe.

"Existe deterioro y falta de mantenimiento en las instalaciones, el mobiliario de los hospitales y el derecho de los pacientes a ser alojados en condiciones de higiene que les permita satisfacer adecuadamente sus necesidades vitales y llevar una vida digna. Un trato humano y digno, incluye la satisfacción de sus necesidades básicas de vestido y calzado, recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad", exponen.

Por último, la red de Cultura Inclusiva y Cubalex exigen al Gobierno cubano que informe "sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad internadas en instituciones psiquiátricas y los mecanismos de supervisión adoptados por el Estado para garantizar un nivel de vida adecuado para ellas".