Consulados en Cuba, ¿cómplices del castrismo?
Por Ernesto Pérez Chang
Cubanet
5 de junio de 2018

“¿Qué les importa a ellos si yo trabajo o no para el Estado? (…) Parecía que estaba en una estación de policía
o en un CDR”

LA HABANA, Cuba.- Es su tercera oportunidad y Sonia está nerviosa. Hace fila frente al consulado de México en La Habana y revisa una y otra vez el sobre donde guarda los documentos que le pudieran garantizar un visado de turista. Lleva unos cinco años a la espera de una respuesta positiva y confía en que esta vez es el momento.

Fue en 2013 cuando le dieron el primer “planchazo”. El funcionario mexicano que la entrevistó le exigía un aval del “centro de trabajo”, así como una copia del expediente laboral y, fatalidad, Sonia no tenía cómo conseguirlos.

Ella jamás había tenido un empleo estatal, y sus ahorros, aunque los había logrado honradamente trabajando como peluquera en su casa, de modo independiente y sin solicitar una licencia en la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), no tenía cómo justificarlos.

“Jamás me imaginé que en la embajada pidieran esas cosas. ¿Qué les importa a ellos si yo trabajo o no para el Estado? (…) Parecía que estaba en una estación de policía, en un CDR (Comité de Defensa de la Revolución), que sé yo, no en una embajada (extranjera) donde se supone que entiendan que hay gente en Cuba que se gana la vida independiente del gobierno”, comenta Sonia que, aunque reconoce que no se informó lo suficiente antes de presentarse a la cita en el consulado, no logra comprender esa “sincronía” o “relación empática” entre las barreras burocráticas del régimen cubano y los obstáculos administrativos de muchos de los consulados establecidos en La Habana, donde el de México quizás sea el más visible pero no la excepción de una regla que cada día tiende a generalizarse.

Cuando William quiso viajar a Panamá junto con su esposa Aixa, se tropezó con que su cuenta en el Banco Nacional de Cuba, aunque sobrepasaba los veinte mil CUC, no era válida para obtener el visado pues debía estar en dólares, una moneda extranjera que aunque circula en las calles de Cuba, está estrictamente regulada, monitoreada y hasta multada por las autoridades cubanas.

Sin embargo, su experiencia con el absurdo “consular” prácticamente no fue nada en comparación con la de Juan Miguel, un pinareño criador de cerdos, emprendedor independiente, que debió enredarse en una cadena de sobornos para poder lograr un documento de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) que lo acreditara como vinculado a un mecanismo empresarial estatal al cual debía vender sus producciones, y también para traspasar a su nombre las propiedades de su padre y que estas aparecieran con una fecha superior a los dos años, según lo exige el consulado de México.

“Además de pagar doscientas cañas (dólares) a un tipo que tiene ‘conectos’ (relaciones) en la embajada para que me dieran la cita, tuve que pulir la calle buscando papeles y más papeles porque tenía que demostrar que yo le vendía los puercos al Estado (…), enseñar todos los pagos, por años y por meses, original y copia de mi cuenta, de la tarjeta de banco, de la propiedad, un montón de cosas que casi se me quitan las ganas de viajar”, señala Juan Miguel.

Su testimonio no es nada excesivo. Está confirmado por la nota aclaratoria publicada tanto a la entrada de la sede diplomática como en la propia página web del consulado de México en La Habana donde, después de un subrayado que anuncia “INÚTIL PRESENTARSE SIN CITA Y SIN LOS REQUISITOS”, se detalla una serie de obligaciones no solo difíciles de memorizar sino de conseguir, sobre todo en un país donde hablar de propiedades y solvencia financiera en muchos oídos suena a ciencia ficción.

La obligación de presentar “pruebas de solvencia”, amparadas en las estructuras administrativas diseñadas por el gobierno cubano para apoyar un centralismo político, económico e ideológico, de cierta manera convierten a muchos consulados extranjeros radicados en Cuba en una especie de mecanismo de presión que constriñe a los cubanos residentes en Cuba a asumir ese único modelo de “independencia” laboral, cultural, económica, política o ideológica admitido por el régimen comunista que históricamente ha segregado cualquier otra forma de autonomía de los ciudadanos.

Este mismo año 2018, Luis Manuel Otero y Yanelis Núñez, creadores del proyecto Museo de la Disidencia en Cuba, sufrieron en carne propia los efectos de estas suspicaces regulaciones consulares.

Ganadores del prestigioso Premio Index a la Libertad de Expresión, los reconocidos artistas no lograron viajar a Londres a la ceremonia de premiación por no haber podido demostrar “solvencia económica” puesto que el consulado británico les exigía un estado de cuentas o documento emitido por el Banco Nacional de Cuba.

“Somos un proyecto independiente, perseguido por el gobierno y su policía política, existimos más por voluntad personal que por apoyo financiero, quizás de ahí el premio (…), entonces ¿cómo vamos a demostrar solvencia económica o un documento del Banco Nacional? Es una locura, un absurdo o sencillamente les hacen el juego a los de aquí”, explicaba Luis Manuel Otero con notable enojo.

Otros consulados exigen a los solicitantes la “Declaración de Antecedentes Penales”, un documento extendido por el Ministerio del Interior donde se “certifica” la calidad social del ciudadano con base en el acatamiento de un sistema legal que suele ser manipulado para criminalizar a disidentes y opositores.

Esta exigencia, practicada en un consulado como el de Perú y unida a otros requerimientos, frustraron la participación de activistas y periodistas independientes en la reciente Cumbre de las Américas celebrada en Lima, o al menos obligaron a tomar alternativas mucho más complejas que realizar un simple trámite en La Habana.

Cada día aumenta el número de activistas, periodistas independientes y hasta ex funcionarios del gobierno, parametrados, que no logran asistir a eventos internacionales o que no pueden recibir capacitación profesional en el exterior o realizar viajes personales puesto que sus nombres han sido marcados en los registros criminales, sin embargo, esta realidad denunciada en la prensa independiente no logra variaciones en el procesamiento de las solicitudes en unos consulados cada día más indiferentes al contexto cubano.

“No sabría decirte si es indiferencia o complicidad o realismo del más cruel. O todo a la vez. Depende del país que sea”, comenta un ex funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Hay países con los que se firman acuerdos con el fin de controlar la emigración, el éxodo, incluso para beneficios mutuos en asuntos criminales, con México por ejemplo se han firmado varios, con Perú, Brasil, Colombia, Panamá, España, Ecuador, Angola, Holanda incluso más recientemente con los Estados Unidos pero hay otros que establecen sus propios mecanismos consulares (…), unos buscan impedir el tráfico humano o que el extranjero se convierta en una carga para el Estado que lo acoge, como el caso de Holanda, España pero otros evidentemente, por los documentos que exigen, y porque de hecho se han llegado a acuerdos diplomáticos, se convierten en una extensión de los mecanismos de control del gobierno cubano (…), se ha intentado hacer incluso con países de libre visado como Trinidad y Tobago, que posiblemente comience a exigir a los cubanos más y más requisitos a la entrada, casi como un visado, se hizo con Ecuador cuando la crisis migratoria (…). La política a fin de cuentas es un yo te doy y tú me das. No importa si públicamente las partes parecen contrarias”, afirma el ex funcionario.

Bajo las sombras de ese cálculo “diplomático” al parecer conviven unos cuantos consulados y no solo en lo relacionado con la extensión de visados sino en el diálogo con la prensa.

Ha sido imposible lograr una declaración de algún funcionario diplomático extranjero con respecto al tema de este reportaje, con lo cual se hace evidente que también se establecen diferencias entre esa prensa, nacional o extranjera, que ha sido autorizada por el régimen como vocera oficial y aquella otra, independiente o alternativa, a la que tampoco se le otorga reconocimiento en muchas de las sedes diplomáticas establecidas en La Habana, esas mismas en las que mencionar la palabra “independiente”, incluso para gestionar una visa, es poco o nada aconsejable.