La nueva Constitución cubana, un instrumento de legitimación del régimen.
Por el Dr. Alberto Roteta Dorado.

Santa Cruz de Tenerife. España.-  Hay ciertos temas que merecen ser retomados aunque a los lectores les resulte reiterativo, algo que puede ser superado siempre que el retorno al tema en cuestión se haga desde una perspectiva renovadora y con nuevos elementos capaces de motivarles en la lectura y el análisis de lo que al final resulta ser un nuevo escrito.

De modo que volver a abordar el controversial asunto de la “nueva” Constitución cubana sea un reto, no solo por la idea de parecer recurrente, sino porque muchos han continuado presentando sus análisis –no siempre con la profundidad que temas como estos merecen y porque dejados llevar por un facilismo extremo caen en el pseudoanálisis– acerca de la nueva Carta Magna de Cuba, sin que olvidemos que en la brevedad de unos pocos párrafos se nos queda casi siempre demasiado por decir, de manera particular cuando se trata de asuntos de esta naturaleza, los que por su connotación merecen ser tratados con una mayor extensión que nos permita abarcar algunos de los puntos que han suscitado mayor interés entre aquellos que se motivan por estos temas.

Ya traté en un escrito publicado hace poco en este medio la errónea idea de que Cuba pudiera distanciarse del sendero comunista por el simple hecho de que fuera suprimida la palabra comunismo del nuevo documento considerado proyecto de Constitución. Nada más absurdo que hacernos creer que esto se pudiera concretar en los próximos años en una nación dominada por la peor dictadura del hemisferio occidental. Dejemos bien precisado de una vez y por siempre que en Cuba no existe ningún estado de carácter transicional como substratum preparatorio para ciertos cambios trascendentes que algunos esperan, y que lamentablemente, continuarán esperando por un buen tiempo. 

Ahora con más elementos objetivos en nuestro poder, toda vez que se ha hecho público el proyecto de Constitución en su totalidad, podemos continuar defendiendo la hipótesis que sostuve hace solo unas semanas cuando se publicó mi escrito: No es una nueva Constitución lo que necesitan los cubanos, sino un nuevo sistema sociopolítico, en el que defendí la idea de que en Cuba no habrá cambios pues no es una nueva Constitución lo que se necesita, sino un nuevo sistema sociopolítico capaz de renovarla en todo sentido y apartarla definitivamente del socialismo.

En la Introducción al análisis del Proyecto de Constitución de la República durante la consulta popular, precediendo a sus varios capítulos y múltiples artículos, ya se deja muy bien precisado que en la mayor de las Antillas el socialismo se mantendrá, aunque ahora muy a su manera y bien distante de lo que idearon Marx y Engels, y por qué no, también de los modelos comunistas de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y de los países de la Europa Central y Oriental en los que se impuso dicho sistema social y modelo económico, los que antaño el régimen cubano consideró como paradigmas dignos a imitar.

En esta introducción se afirma: “El proyecto reafirma el carácter socialista de nuestro sistema político, económico y social, así como el papel rector del Partido Comunista de Cuba”, con lo que no queda lugar para la duda respecto a ciertos posibles cambios que algunos pretendieron ver de manera anticipada, y hasta se atrevieron a comentar sobre lo que solo era el ápice de un gran iceberg, con lo que únicamente contribuyeron a hacer especulaciones carentes de sentido pues faltaban fundamentos sólidos más allá de la buena imaginación de los que confundieron expresiones y términos, amén de haberse apoderado muy tempranamente de la trascendental desaparición del término comunismo, lo que ha sido solo esto, es decir, la supresión de un término conceptual, por cuanto, como se afirma en la citada introducción, se “reafirma el carácter socialista” del sistema imperante en Cuba.

Ya se sabe que en la isla no quedan ni remanentes de un socialismo que jamás lo fue en su verdadero sentido, tal como lo concibieron como imagen ideal arquetípica los fundadores de esta doctrina, aunque en el orden práctico jamás fructificó en ninguna parte del mundo –como tampoco lograron concretarse como acto aquellos intentos socialistas que precedieron a Marx, incluida la disparatada comunidad icariana de Cabet en tierras estadounidenses–.

En los años iniciales de la llamada revolución cubana el dictador Fidel Castro utilizó para su conveniencia la premisa socialista respecto a la disposición de los medios de producción, los que pasaron a ser de un día para otro propiedad del estado, y no del pueblo en su utópica modalidad de dictadura del proletariado como diseñaron los ideólogos del marxismo en sus fantasías especulativas respecto a modos y medios de producción, proletarios y burgueses, propiedades privadas y colectivas, entre otras polaridades que determinan la ideología comunista.  

Pero de haberse apropiado de los bienes ajenos a ponerlos a disposición del “pueblo trabajador” –slogan que sustituyó un tanto al ya gastado término proletariado que con tanta insistencia utilizó Marx en sus experimentos “progresistas”– hay una gran brecha, tan extensa que en la Cuba de Fidel Castro (porque llegó a ser el dueño absoluto de la nación) las concepciones socialistas adquirieron matices tan sui generis que resulta extremadamente difícil poder definir si alguna vez existió ese socialismo por el que aun están luchando para hacerlo “próspero” y “sostenible”, acudiendo a la caduca terminología de los viejos comunistas cubanos.

FOTO debajo: Con la nueva Constitución la camarilla partidista, además de impresionar a los menos instruidos, a lo que aspira es a legitimarse jurídicamente, tal como lo hizo el dictador Fidel Castro con la versión de 1976, que de manera irrevocable fuera aceptada con unos por cientos participativos y confirmativos que demuestran la sumisión de un pueblo cuando es manipulado, y los engaños del régimen.

Detengámonos ahora, retomando la aburrida Introducción al Proyecto de Constitución, en la idea que le sigue a la concepción respecto a la reafirmación del socialismo: “Es incorporado el concepto de Estado socialista de derecho, a fin de reforzar la institucionalidad y el imperio de la ley, dentro de ello la supremacía de la Constitución”. Dejando para otra ocasión la definición y caracterización de un “Estado socialista de derecho”, esta jerigonza significa esencialmente que con la Constitución todas las directrices, disposiciones y acciones del régimen cubano quedan amparadas con un respaldo jurídico toda vez que el documento será legitimado y contará con el respaldo popular –ya se sabe que por una causa u otra, bajo presión, amenazas, para no señalarse o no comprometerse, por conveniencia, y en última instancia, y solo una exigua minoría, por convicción, el “proletariado” apoyará esta nueva fechoría–, siendo este el principal objetivo del lanzamiento de dicho proyecto en unas circunstancias como las actuales, tal vez las más difíciles dentro del contexto económico, social y político de Cuba; aunque muchos no lo logren percibir de esta manera.

Pero el régimen comunista de Cuba necesita justificar aquellos cambios que en realidad lo apartan de una línea política que se dispersa entre el concepto filosófico del no límite y la ficción seductora del engaño, esto es, se es o no se es, y de los estados intermedios jamás ha fructificado nada perdurable. No puede replantearse la idea de un socialismo modificado o adaptado a nuevos contextos. Se es socialista o no, aunque sea solo desde el punto de vista teórico. 

En el artículo 21 del llamado proyecto de Constitución se precisa: “Se reconocen las formas de propiedad siguientes: 89. a) socialista de todo el pueblo: en la que el Estado actúa en representación y beneficio de este como propietario. 90. b) cooperativa: la sustentada en el trabajo colectivo de sus socios propietarios y en el ejercicio efectivo de los principios del cooperativismo. 91. c) mixta: la formada por la combinación de dos o más formas de propiedad. 92. d) de las organizaciones políticas, de masas y sociales: la que ejercen estos sujetos sobre sus bienes. 93. e) privada: la que se ejerce sobre determinados medios de producción, de conformidad con lo establecido. 94. f) personal: la que se ejerce sobre los bienes que sin constituir medios de producción contribuyen a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de su titular”.

Con lo que las concepciones marxistas socialistas respecto a la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción van quedando a un lado para abrirse a nuevas modalidades dentro del orden económico. No obstante, en medio de esta compleja diversidad se imponen ciertas normativas que de modo muy explícito quedan bien precisadas en la introducción a la que he estado haciendo referencia: “El sistema económico que se refleja mantiene como principios esenciales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales y la planificación, a lo que se añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad no estatal, incluida la privada”, esto último inadmisible por la alta jerarquía comunista cubana hasta hace unos pocos años cuando recién se estrenaba Raúl Castro en el poder y bajo su mandato tuvieron lugar ciertos reajustes necesarios, los que, más que una apertura económica, fueron un paliativo a la enorme crisis de la economía cubana, de la que jamás han logrado salir a pesar del ya gastado slogan de la “actualización” del “nuevo” modelo económico cubano impulsado por Raúl Castro.  

Así las cosas, el panfleto que en breve será sometido a “consulta” no es más que un instrumento mediante el cual el decadente régimen busca a toda costa una legitimación de todos sus actos, algo que conseguirán a través de un simulado apoyo popular que lo hará irrevocable. Ya se sabe que las multitudes por temor, por falsedad o por lo que sea, aprobarán su nueva Carta Magna, con lo que el gobierno tendrá un amparo legal para salirse del eje central de la filosofía política, esto es, que todos los gobiernos sean legítimos.

Pero se trata de la demostración de una verdadera legitimidad, y esto no es posible en Cuba donde la propuesta de Carta Magna no procede de la voluntad popular, como debe ser, al menos teóricamente, para poder afirmar que una Constitución sea legítima – téngase en cuenta el caso de la Constituyente venezolana como paradigma de violación de esa condición de legitimidad–. La democracia debe ser ampliada a través de un debate público enriquecedor con la mayor cantidad de perspectivas posibles, cuyas perspectivas deberán ser además representativas del sentir popular nacional, y no impuestas.

No es admisible que pueda existir una democracia exclusivista. Toda forma de democracia excluyente es una pseudodemocracia, algo que se demuestra en la mayoría de los artículos del “nuevo” documento cubano. Si el único fundamento posible de una buscada legitimidad es el consenso, no puede admitirse una democracia que discrimine, que sea excluyente y que justifique la agresión “popular” contra aquellos que piensen de otra manera diferente a los cánones de la llamada sociedad socialista: “Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución”, lo que contradice la esencia de una verdadera Constitución y la convierte en algo ilegítimo bien distante del objeto único del nuevo panfleto cubano.   

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