El Gobierno cubano niega ante la ONU la ausencia de derechos políticos en la Isla
Diario de Cuba
21 de septiembre de 2018
El régimen cubano rechazó oficialmente este viernes en Ginebra las recomendaciones de respeto a las libertades fundamentales, insistiendo en que promueve y defiende los derechos humanos de sus ciudadanos.
El pasado mes de mayo, La Habana se sometió por tercera vez al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos y escuchó las recomendaciones de los países miembros, entre ellas la ratificación de los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, que firmó en la ONU en 2008.
Las recomendaciones mostraron la división en la escena internacional respecto al régimen. Gran parte de los países de África, Asia y Medio-Oriente, así como China y Rusia, se limitaron a pedir al Gobierno cubano que continuara los esfuerzos en el plano de la educación, la cultura, la salud, los derechos de la mujer, la lucha contra la trata de personas, la discriminación racial y de género.
En cambio, Canadá, Estados Unidos, Japón y los miembros de la Unión Europea, entre otros, llamaron a La Habana a respetar las libertades de expresión y asociación, y a cesar el acoso a los periodistas independientes y defensores de derechos humanos.
Esta escisión le sirvió al embajador cubano ante la ONU, Pedro Luis Pedroso Cuesta, para resaltar que la tercera comparecencia al EPU había permitido exponer las "buenas prácticas" del régimen.
En su alocución, Pedroso Cuesta señaló que para decidir la posición del Gobierno sobre las recomendaciones formuladas se celebraron consultas en el país. Además, "se realizó un análisis jurídico, político e institucional en el cual participaron varios ministerios, distintas organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes".
Recomendaciones molestas
De las 339 recomendaciones emitidas, el Gobierno cubano aceptó 224, rechazó 113, mientras que hubo dos por las que pidió clarificaciones adicionales.
Las propuestas aceptadas, según el embajador, están "en proceso de implementación o forman parte de las prioridades futuras" del régimen.
En cambio, el representante recalcó que las recomendaciones rechazadas son aquellas que La Habana considera "sesgadas políticamente, construidas sobre bases que no se apegan a la realidad". Dijo que varias de ellas pretendían "desacreditar" al país y negar "el derecho de libre determinación del pueblo cubano y la diversidad de sistemas políticos" en el mundo.
Entre estas se encuentra la ratificación de los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, que postulan la libertad de expresión y de desplazamiento, así como la libre asociación.
Aministía Internacional non grata
En sus conclusiones, Pedroso Cuesta aprovechó para señalar que no debiera permitirse que el EPU se convierta en un espacio "utilizado por algunos" para escuchar "falsas alegaciones de quienes son mercenarios pagados por una potencia extranjera", en una alusión apenas velada a las organizaciones de la sociedad civil cubana no adscritas al régimen.
También afirmó que las recomendaciones no aceptadas contravienen, a juicio del Gobierno cubano, "principios inalienables como la soberanía de los Estados o el derecho a la libre determinación".
Poco antes de terminar, el embajador cubano calificó de "total desconocimiento de la realidad cubana" las observaciones de organizaciones como la Alianza Mundial Evangélica y la Solidaridad Cristiana Mundial por cuestionar la libertad religiosa en la Isla.
Más contundente fue el mensaje dirigido a la prestigiosa ONG de derechos humanos Amnistía Internacional: "nuestro país no aceptará monitores, Amnistía Internacional no ingresará a Cuba, no necesitamos sus consejos".
En ese sentido, el representante del Gobierno cubano acabó sentenciando que los comentarios y recomendaciones que cuestionan el sistema político imperante en la Isla son contrarios "al espíritu de cooperación y respeto que exige" el EPU.
El régimen se enroca así en la negativa de atender todo reclamo que ponga en tela de juicio su monopolio del poder.
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