Colombia, la paz sin conseguirse
Diario de Cuba
26 de septiembre de 2018

Soldados vigilan el Valle del Cauca, en Colombia, tras la captura de varias toneladas de droga. (EFE)

"Las disidencias de las FARC están más extendidas de lo que se decía y en proceso de crecimiento", afirmó en agosto Guillermo Botero al asumir el cargo de ministro de Defensa de Colombia.

Las estimaciones de los exguerrilleros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que han retomado las armas oscilan, pero coinciden en que el fenómeno es de considerable magnitud.

Así, según la fundación Paz y Reconciliación, habría más de 1.300 guerrilleros reincidentes, agrupados en 22 estructuras y operando en 54 municipios. Mientras Insight Crime eleva la cifra a unos 2.800 guerrilleros.

En cualquier caso, este retorno a la vida militar significa un duro revés no solo para la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido en que se transformara la guerrilla luego de deponer las armas, sino también para el proceso de paz.

Una paz demasiado frágil

Los acuerdos de paz estipulaban que el Estado crearía sistemas de sanidad y educación en los territorios controlados por las FARC, además de desarrollar las infraestructuras (vías de comunicación, viviendas, acceso al agua potable) y de garantizar una reforma agraria.

Pero dos años después de la firma de los acuerdos, la presencia del Estado en dichos territorios sigue siendo igual de inexistente que antes y la redistribución de tierras ha quedado prácticamente en punto muerto.

Una implementación deficiente que agudiza las dificultades para la reincorporación social de los combatientes, quienes, en su gran mayoría, fueron reclutados en la infancia o la adolescencia procedentes de familias pobres y rurales y, por lo tanto, con apenas conocimiento de la vida civil y carentes de recursos (escolares, profesionales) para adaptarse a ella.

Otro factor determinante en la vuelta a la guerrilla es la falta de seguridad. En año y medio al menos 75 exguerrilleros han sido asesinados por bandas paramilitares.

Esta inseguridad se enraíza en el vacío de poder creado por la desmovilización de las FARC, que ha dado lugar a la disputa, por el control de sus antiguos territorios, entre narcotraficantes, paramilitares y otros grupos armados, ya sea pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra guerrilla de importancia que opera en Colombia, o bien a sectores de las FARC que nunca aceptaron los acuerdos de paz.

La proliferación de estos grupos rivales se ha saldado con un incremento de los cultivos ilegales de coca (+17% en 2017) y de la producción de cocaína (+31%), puesto que las FARC oficiaban tradicionalmente como regulador del usufructo de las tierras bajo su control y, por consiguiente, de esta renta ilícita.

Aquí confluyen la negativa de los frentes disidentes de las FARC a desprenderse de los réditos que propicia el negocio de la droga y el aumento de la explotación de las tierras nuevamente conquistadas por las demás bandas armadas.

Con un negocio estimado a unos 2.700 millones de dólares anuales, la cocaína ha pasado a ocupar el tercer puesto de las exportaciones colombianas. Solo las ventas de petróleo y carbón registran cifras superiores.

La explosión de las economías ilegales (narcotráfico, minería) en las regiones antiguamente controladas por las FARC deja así en entredicho la pacificación del país, ya que las comunidades rurales se encuentran de hecho atrapadas en medio de una pugna cada vez más intensa por el control de tales rubros.

Entre diciembre de 2016 y junio de 2018, por ejemplo, fueron asesinados 295 activistas sociales. Las víctimas suelen contarse entre quienes abogan por procesos de sustitución de cultivos, la defensa del medio ambiente o la restitución de las tierras a las comunidades.

¿Recomposición de la guerrilla o bandolerización?

Contactado por DIARIO DE CUBA, con el acuerdo de mantener el anonimato, un cargo electo de un municipio del departamento de Caquetá, donde operan actualmente frentes disidentes de las FARC, confirma que "el Estado no se preparó para copar los espacios" que dejaron los guerrilleros.

"Al irse la guerrilla quedó la gente sin quien le arreglara los problemas", es decir sin una autoridad que regentara el orden. Este vacío institucional propició la pronta llegada de grupos guerrilleros que no acataban la paz y asumieron el rol de la fuerza pública ausente.

En esta región en particular, dominada por las FARC durante casi 50 años, la presencia de los frentes disidentes no plantea por el momento gran diferencia respecto al pasado, puesto que no habido cambios en la dinámica de operación.

"Los que están ya estuvieron aquí en épocas anteriores", algo que da un aire de continuidad, "hacen las mismas acciones, cumplen el mismo rol".

Incluso respecto al financiamiento el mecanismo sigue siendo idéntico: "continúa la mal llamada vacuna, donde cada campesino aporta por cada vaca y hectárea que tenga. También los gremios, las empresas y los comerciantes tienen que aportar una cuota anual".

"Así que todo sigue igual, como si no hubiera pasado nada."

Según Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, hay dos opciones para el futuro de los guerrilleros reincidentes: "o se forma una nueva guerrilla o estos grupos entrarán en un proceso de bandolerización".

La recomposición de la guerrilla dependería de la cantidad de mandos medios y altos que se unan a estos grupos disidentes, de la capacidad de articular un liderazgo común y de la durabilidad de los mandos. "Es decir, si los mandos son capturados o dados de baja en 12 o 18 meses es muy difícil que la nueva organización cree cuadros de reemplazo."

No sería la primera vez que la reconversión política de las FARC quedaría frustrada. Tras una negociación entre el Gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla, en mayo de 1985, surgió el partido Unión Patriótica (UP), que cosecharía notables resultados en las elecciones del año siguiente.

Sin embargo, en poco más de una década aproximadamente 4.000 integrantes de la UP fueron asesinados por la acción conjunta de paramilitares, narcotraficantes y agentes de las fuerzas del Estado, en el marco del tristemente célebre plan "El baile rojo".

"Al que entrega las armas lo matan", se llegó a decir.

Los acuerdos de paz de 2016 intentaban poner fin a un conflicto de más de cinco décadas, que se saldó con 220.000 muertos y casi seis millones de desplazados. Conseguir que el país no vuelva a hundirse en una espiral de violencia es el reto más apremiante del nuevo mandatario Iván Duque.

Ello sólo será posible asegurando la presencia del Estado en las zonas de desmovilización guerrillera, reforzando los programas de sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos y atendiendo las necesidades de poblaciones tradicionalmente abandonadas.

Por último, ya que los acuerdos de paz se realizaron en La Habana bajo auspicio del Gobierno cubano, de tener que retomar lo firmado el presidente colombiano tendrá otro desafío pendiente: actualizar las relaciones con el régimen cubano.