¿Es posible el fraude en el referendo del 24 de febrero?
Por Reinaldo Escobar
14ymedio
2 de enero de 2019

La vacuna para evitar que esta amenaza disuada a los electores de asistir a las urnas para votar No, es comprender que se arriesga poco y se puede ganar mucho

La posibilidad de que se cometa algún tipo de fraude para adulterar los resultados del referendo constitucional, que tendrá lugar el próximo 24 de febrero en Cuba, es una de las preocupaciones más recurrentes en las conversaciones entre los activistas.

La sospecha de un posible fraude tiene un efecto desmovilizador entre los promotores del No. Los más efectivos antídotos para anular este pesimismo paralizante son: asumir esa posibilidad como un riesgo razonable o confiar en que no se consumará el fraude.

La vacuna más efectiva para evitar que esta amenaza disuada a los electores de asistir a las urnas para votar No, es llegar a la comprensión de que se arriesga poco y se puede ganar mucho.

En fin de cuentas lo que se arriesga (además de perder unos minutos en vano frente a las urnas) es que el Gobierno pueda exhibir como un gran éxito la masiva participación de los ciudadanos y que el No quede derrotado ante la aplastante mayoría del Sí. Pero los que proponen abstenerse, para no hacerle el juego al temido fraude, debieran razonar que resulta mucho más sencillo adulterar la cifra de participación que el número de votos negativos.

Los Artículos 116 y 117 de la Ley Electoral vigente introducen un elemento que favorece la falta de transparencia en la información de los resultados del sufragio. En ambos párrafos la ley obliga a los miembros de las mesas electorales, tras finalizar el conteo, a colocar a la vista del público "una boleta de muestra" con el resultado del cómputo de la votación donde se exhiben cuántos votos alcanzó cada candidato. La boleta no tiene espacio para otros datos.

Resulta cuando menos llamativo que en un país donde proliferan los modelos y las planillas para cualquier trámite, que a nadie se la haya ocurrido producir un documento para volcar toda la información resultante del sufragio. Como consecuencia de este "ahorro de papel", los datos de cuántos electores asistieron a cada colegio y cuántos se abstuvieron no permanecen a la vista pública, ni tampoco el número de boletas anuladas o en blanco.

Esos números solo podrán conocerlos aquellos electores que estén presentes en el momento del conteo de votos en un colegio determinado. Pero después de ese proceso ya no es posible hacer un recorrido por todos los colegios de un municipio con el propósito de colectar datos y poder contrastarlos con la información oficial que suele ofrecerse al final del proceso desglosada por municipios y provincias. Quienes lo hagan solo encontrarán una boleta colocada, probablemente en la puerta del local, con los números obtenidos por la opción del Sí y del No.

La posibilidad de manipular estos datos a nivel provincial o nacional queda así en manos de un reducido grupo de personas de máxima confianza del Poder.

En los procesos electorales llevados a cabo para delegados de circunscripción y diputados es poco probable que el resultado del conteo de votos sea fruto de un fraude cometido en los colegios electorales.

La escena de los miembros de una mesa electoral marcando sin pudor las boletas en blanco, o cambiando lo que refleja la voluntad de los electores en presencia de testigos, resulta difícil de creer. La masiva complicidad para ejecutar un acto de esta naturaleza en los casi 25.000 colegios que pudieran habilitarse el 24 de febrero, requiere de un número de personas discretas y absolutamente confiables que el Gobierno no tiene hoy en sus filas.

Los ciudadanos que realizan la labor en el nivel básico de los colegios electorales podrán ser dóciles, obedientes y absolutamente convencidos de que el socialismo es lo más conveniente para el país; podrán ser fidelistas y vehementes admiradores del actual presidente, pero eso no los convierte automáticamente en una multitud de cínicos redomados carentes de ética y decencia.

Ese tipo de fraude no parece haber ocurrido hasta la fecha en las elecciones de delegados y diputados, entre otras razones, porque no ha sido necesario. Para eso se inventó algo más siniestro que es el prefraude consistente en la intimidante nominación a mano alzada de candidatos a delegados de circunscripción y la existencia de las Comisiones de candidatura para conformar el listado de diputados al Parlamento.

Cuando esos trucos no fueron suficientes, entonces se reunieron los militantes del barrio para desacreditar a los candidatos incómodos y, si la persuasión no bastó, entonces salieron de sus cuarteles los agentes de la Seguridad del Estado para detener a los más peligrosos.

Los propagandistas del Gobierno contrastan estas elecciones escoltadas por pioneritos con aquellas antes de 1959 que –cuentan-  había que custodiar con hombres armados para impedir que un partido asaltara con sus huestes un colegio electoral y se robara las urnas.

Si en el próximo referendo se colocan a las afueras de cada colegio electoral los resultados del escrutinio usando una de las boletas que quedaron disponibles, nunca podrá colectarse el número real de ausentes, ni las hojas en blanco o anuladas, solo podrá conocerse cuántos Sí y cuántos No.

Con un poco de constancia y un mínimo de organización, si los activistas recorren a pie o en bicicleta los colegios de cada municipio y dejan constancia gráfica de las informaciones públicas, le será muy complicado al Gobierno adulterar la suma de votos obtenidos en cada municipio. Solo le quedaría cambiar las matemáticas si se pretendiera adulterar los datos provinciales y nacionales.

¿Acaso es imposible que se cometa un fraude? No, no es imposible, pero el riesgo de que se descubra es enorme y es poco probable que se atrevan a realizarlo, incluso en ausencia de observadores independientes.

Fueron ellos los que crearon un mecanismo de votación y escrutinio prácticamente blindado, basado en la creencia popular de que todo acto cívico es inútil y que ellos lo tienen todo controlado.

Basta con que cada elector inconforme tenga la mínima valentía que se requiere para marcar una cruz junto al No en la intimidad de un cubículo de votación. Obligarlos a cometer un fraude descarado también sería una victoria.