La mentira cubana del “Juez de Ejecución”
Por Roberto Jesús Quiñones Haces
Cubanet
26 de junio de 2019

Es de suponer que el Juez de Ejecución juega un rol importante y activo en la reinserción social del exrecluso, pero la realidad es muy diferente

GUANTÁNAMO, Cuba.- Quien se tome el trabajo de leer el Código Penal cubano y compararlo con sus similares de América Latina y otros del hemisferio occidental, comprobará cuan “humanista” es la política penal del castrismo.

Engendros fascistas como “el estado peligroso y las medidas de seguridad” permiten llevar a prisión a cualquier ciudadano, aunque no haya delinquido. Dentro de ese título está también la conocida “Advertencia Oficial”, que permite a cualquier agente de la policía invadir la privacidad de las personas y amenazarlas con la cárcel.

Antes se entregaba copia de dicho documento, que muchos de los “perseguidos políticos del régimen” llegaron a comprar para presentarlo en el Departamento de Refugiados de los EE.UU. —según rumores muy extendidos— donde las colas de estas personas, cuya mayoría jamás tuvo problema alguno con la dictadura, eran enormes. Luego los agentes de la policía se negaron a entregar copias de dichas actas.

El delito de Propaganda Enemiga, otro engendro castrista, permite imponer 8 años de privación de libertad a quien posea una simple revista extranjera con algún artículo de opinión contra la dictadura o sobre sobre los derechos humanos.

En las cárceles cubanas hay miles de personas condenados hasta a veinte años de prisión por haber sacrificado ilegalmente ganado Mayor, mientras quienes privan de la vida a otro ser humano reciben sanciones mucho más benignas.

El juez de ejecución de las sentencias                       

Desde los primeros años de este siglo el régimen cubano introdujo algunas reformas al sistema penitenciario, entre ellas las visitas de los reclusos a sus casas, el Plan Confianza y la figura del Juez de Ejecución de Sentencias.

La nueva Constitución proclama como derecho, en su artículo 60, la reinserción social de los sancionados, y dice que garantiza el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las normas establecidas para su tratamiento en los establecimientos penitenciarios. Pero quien lea las “Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos y Recomendaciones Relacionadas”, aprobadas por la ONU en 1957, y las “Reglas Mandela”, verá que el régimen cubano está muy lejos de ser un ejemplo en esa materia. Las tímidas reformas que introdujo en el sistema penitenciario a principios de este siglo se aplican en muchos países desde hace más de sesenta años. Tampoco son una creación de Fidel Castro, ni del “espíritu humanista de la revolución” pues se originan en los documentos mencionados.

Era de suponer que el Juez de Ejecución jugaría un rol importante en el acompañamiento activo del ex recluso durante su reinserción social, pero en la práctica, quienes desempeñan ese cargo se han convertido en unos burócratas más del sistema, incapaces de interesarse por la situación y los problemas que inciden en la reinserción social de los sancionados.

Cuando el 12 de agosto del 2003 salí de la prisión bajo libertad condicional, comencé a buscar un trabajo acorde con mi calificación. Fui a más de una docena de lugares y en todos fui rechazado. Gracias a la ayuda de Monseñor Carlos Baladrón Valdés, primer Obispo de nuestra Diócesis —quien actualmente reside en Miami— obtuve una ayuda económica y un lugar de trabajo en la Iglesia, algo que jamás olvidaré.

Pero mi tranquilidad duró poco pues fui citado por un juez de apellido Cortés, quien me amenazó diciéndome que si no comenzaba a trabajar con el Estado me mandaría para la cárcel. Al informarle sobre las gestiones que hice y decirle que ningún juez de ejecución me había ayudado en el proceso me respondió que eso era una obligación mía. Comencé a trabajar en una cooperativa agropecuaria, y a los pocos meses volvió a citarme y hacerme la misma amenaza, hasta que hallé trabajo en el grupo de teatro de Guantánamo, ganando $225.oo pesos mensuales, unos 10 CUC.

En esas condiciones terminé de cumplir la sanción el 31 de diciembre del 2006. Después pedí mi reingreso a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (O.N.B.C.) cuatro veces y algunos de los que tanto hablaban —y hablan— en los medios oficialistas sobre el respeto a la institucionalidad del país, léase la ex Ministra María Esther Reus, el Dr. Ariel Mantecón Ramos, presidente de la O.N.B.C. y otros testaferros, entre ellos Mercedes Díaz Velázquez, Jefa de Cuadros de la organización y el Lic. Adolfo Fernández Rubio, director provincial de Bufetes Colectivos en Guantánamo, me negaron el derecho a volver a ejercer la abogacía, en un país donde ello está controlado por el Estado. Personas como esas son las que visitan los EE.UU. con permiso del gobierno de ese país, y aquí apoyan fielmente a la dictadura.

Parece que la situación no ha cambiado mucho desde entonces. Un conocido, al que nombraré Julio, por razones obvias, salió hace seis meses de la prisión bajo libertad condicional. Universitario, Julio ha ido a más de cinco lugares en busca de trabajo y no ha podido ubicarse en uno acorde con su calificación, debido a su estigma de exrecluso. Por tal razón tuvo que incorporarse a la brigada de chapear, de la empresa municipal de servicios comunales de Guantánamo. Sobre eso dijo a CubaNet: “He ido varias veces a hablar con el juez de ejecución y le he pedido que me ayude a encontrar otro trabajo pues padezco de hernia discal, pero no he obtenido resultado alguno, según él, su función es lograr que trabaje y yo lo estoy haciendo, que debí pensar en eso antes de cometer el delito por el que fui sancionado”.

Otro exrecluso, de la misma brigada, al que nombraré Joel, aseguró: “Una cosa es lo que el gobierno afirma en la televisión y otra muy distinta la realidad. Ellos dicen que cuando salimos de la cárcel tenemos el trabajo garantizado, pero no hacen un análisis individual de cada caso, de ahí que haya tantos exreclusos en la construcción, la agricultura y comunales. Aquí mismo somos humillados diariamente y tenemos que aguantarlo todo para no regresar a la prisión. ¿De qué reinserción social puede hablarse en esas condiciones?”, concluyó.