Agencias empleadoras de Cuba, esclavismo de nuevo tipo
Cubanet
4 de agosto de 2019

No existen leyes que las obliguen a acatar una política de transparencia en sus gestiones ni a declarar públicamente cuál es el destino de sus ingresos

LA HABANA, Cuba. – Manuel López actualmente reside en Panamá. Entre los años 2012 y 2016, vivió en La Habana y trabajó como Jefe de Proyectos Ingenieros para la división cubana de Bouygues Bâtiment International (BBI). A pesar de su alta responsabilidad y de laborar hasta doce horas diarias, incluso los fines de semana, Manuel apenas cobraba 600 pesos cubanos mensuales que al cambio se reducían a unos 24 dólares, más otros 100 que recibía del jefe extranjero como “salario informal” no declarado a la empresa contratista de la corporación Gaviota S.A., perteneciente al sistema empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas o Grupo de Administración Empresarial, más conocido como GAESA.

Aunque BBI fue la que contactó a Manuel para ofrecerle el puesto primero como proyectista y más tarde como jefe, la compañía francesa debió incluirlo en la Bolsa de Empleo de Gaviota S.A. para que esta otra empresa cubana hiciera el papel de empleador, bajo las leyes cubanas que impiden, salvo excepciones aprobadas directamente por los consejos de Ministros o de Estado, a las empresas extranjeras contratar directamente la mano de obra que necesitan.

Manuel firmó contrato con un intermediario como único modo de lograr trabajar para BBI no por el salario en moneda nacional sino por el bono de 100 dólares mensuales que le pagaban ilegalmente, en violación del acuerdo con Gaviota S.A. que, como las otras empresas similares (ACOREC, SMC, PALCO o BIOCUBAFARMA), prohíbe este tipo de pagos no declarados.

Por su parte, BBI se comprometió a desembolsar mensualmente, a favor de Gaviota S.A., la cantidad de 1400 dólares como pago por los servicios del ingeniero cubano, y por concepto de arriendo de la fuerza de trabajo, a pesar de que Manuel, en el momento en que BBI le realizó la propuesta, no constituía parte de las reservas propias del consorcio empresarial militar.

De acuerdo con lo pactado entre la empresa cubana intermediaria y los empresarios extranjeros, a espaldas de Manuel, de los 1400 dólares aportados por BBI, el ingeniero cubano apenas recibiría menos del 2 por ciento de lo que hubiera sido su salario real de haber estado permitido que los franceses pagaran directamente a su trabajador, un sueldo que ni siquiera representa el 20 por ciento de lo que paga BBI a otros ingenieros en Europa o América Latina, incluso en la región del Caribe, de acuerdo con la información general que el grupo publica en internet.

De los más de 1000 dólares con que se quedaba Gaviota S.A. como intermediaria entre Manuel y BBI se tienen muy pocos detalles. De los mecanismos financieros usados por los militares cubanos y por otras entidades empresariales de estructura y objetivos similares, apenas ha logrado trascender datos muy generales y aislados casi siempre por medio de los testimonios de personas que han laborado en ellos, a partir de reportes internos de las empresas extranjeras o resoluciones creadas por el gobierno cubano a tales efectos.

De esa forma y por contraste con documentación del Banco Financiero Internacional y declaraciones de diversas fuentes del Departamento Comercial de la propia Bolsa de Empleo, consultadas por CubaNet al respecto, se ha podido establecer que tan solo por concepto de operaciones de arriendo de fuerza de trabajo, Gaviota S.A., al menos entre diciembre de 2012 y diciembre de 2016, pudo haber obtenido un promedio de 300 mil dólares anuales, de acuerdo con los depósitos registrados en las cuentas conocidas como Fondos FAR (Fondo Financiero de la Reserva Estatal), a los que más adelante haremos referencia y que en trabajos posteriores analizaremos por el volumen de información aún sin clasificar en su totalidad.

Una cantidad poco importante cuando se la compara con posibles ganancias de otras empleadoras del gobierno cubano como ACOREC S.A. o la Agencia Empleadora Palco, la primera administrada por el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, mientras la segunda pertenece al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Solo la primera de ellas, de acuerdo con lo que aparece en su sitio web, en los 27 años de existencia se ha mantenido en un promedio de contrataciones de 2800 trabajadores por año.

Terapias de choque y un poco más

Aunque tanto el ex mandatario cubano Raúl Castro como el sucesor Miguel Díaz-Canel han reiterado que los cambios económicos en la isla no van aparejados a terapias de choque que afecten a los ciudadanos, fuentes del Banco Central de Cuba, del Banco Financiero Internacional y del Grupo de Administración de las FAR coinciden en que, al menos en cuestiones como el pago de la deuda externa, el gobierno cubano habría echado mano a ese dinero que, por concepto de pago de salarios y en un contexto normal, deberían recibir los trabajadores. Lo que englobaría el capital captado por las numerosas empresas de contratación que sirven de intermediaras entre el régimen de La Habana y las empresas extranjeras.

Mientras puntuales investigaciones periodísticas y reportajes realizados fuera de la isla han alertado sobre las condiciones de explotación laboral que sufren los médicos cubanos, cuyos servicios son contratados por diversos países a través de la Empresa Comercializadora de Servicios Médicos (SMC), al parecer en complicidad con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos internacionales, casi nada se conoce sobre aquellos otros servicios no médicos que el gobierno cubano comercializa como mano de obra extremadamente barata y que no se oculta en promocionar como valor agregado de un producto país que en muchos aspectos recordaría los tiempos de la esclavitud, más en las leyes que castigan como desertores a quienes trasgreden los contratos de trabajo o que obligan a la práctica del espionaje dentro de las empresas extranjeras.

Por ser entidades subordinadas en su totalidad a los ministerios del Interior, las Fuerzas Armadas (sería el caso de ACOREC) y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros (Agencia Empleadora PALCO), las empresas empleadoras o intermediarias no son auditables por la Contraloría General y, al igual que el resto de las empresas estatales, no existen leyes que las obliguen a acatar una política de transparencia en sus gestiones ni a declarar públicamente cuál es el destino de sus ingresos, un tema que le está prohibido abordar no solo a la prensa independiente sino a aquella otra financiada y supervisada por el gobierno cubano.

Sin embargo, estas empresas intermediarias o empleadoras al estar obligadas por su razón de ser a establecer contratos con entidades extranjeras que, de acuerdo con las leyes de los países donde estén registradas oficialmente, deberán dar cuenta periódicamente de por lo menos lo que ingresan o invierten en el mercado cubano, aunque a los informes apenas lleguen cifras y datos que quizás no son exactamente los que en realidad debieran estar, pero que permiten calcular un estimado de la realidad financiera.

Para tener una idea de lo inexactos que pudieran ser los estados de cuenta declarados a sus gobiernos e instituciones fiscalizadoras, basta con recordar el escándalo protagonizado por Enrique Martinon, representante de Meliá en Cuba, cuando el Ministerio de Haciendas español descubrió en 2017 que el empresario amigo de los Castro, a quienes había ayudado a crear varias off shore en Panamá, había ocultado al fisco varios millones de euros.

Los cubanos cuestan poco. Los Fondos FAR

Con la contratación de un solo ingeniero cubano Gaviota S.A. ingresaba, al menos hasta el año 2016, unos 15 mil dólares anuales limpios mientras que BBI se ahorraba al menos unos 60 mil euros por mano de obra especializada, una cantidad que esta última bien podía utilizar, durante la terminación del Hotel Manzana-Kempinski, en la contratación de una decena de obreros de la India y Pakistán, a los que pagaba entre 7 mil 200 y 12 mil anuales, en dependencia de la labor que realizaran.

O quizás en el pago del salario de algún que otro ingeniero altamente calificado no cubano como sería el caso del arquitecto peruano José Manuel Galfré, quien lleva contratado desde 2014 hasta el presente, como asesor de diseño y arquitectura del llamado “equipo BIM” (Building Information Modeling) de la división Cuba de BBI.

Un especialista que presumiblemente ha de cobrar muchísimo más que el otro Manuel, el ingeniero cubano, no solo por ser un profesional de prestigio reconocido sino por ser no un peruano cualquiera sino el nieto del señor Sixtilo Dalmau fundador del Instituto Internacional de Administración Hotelera y Turismo de Perú e hijo de Patricia Dalmau, directora del Instituto Cordon Bleu, en Lima (véase entrevista en la revista Caribbean News Digital del 11 de Julio de 2017).

“Con el dinero de uno solo, dinero que ni siquiera llegaba a Gaviota, (BBI) sacaba el estímulo mensual de todos nosotros”, supone Manuel López, y su cálculo pudiera estar no muy lejos de la realidad.

Para Zoraya Medrano, antigua contadora de la dirección Comercial de Gaviota consultada por CubaNet, en el Departamento de Proyectos de BBI en Cuba hasta 2016, momento en que ella abandona el país para radicarse en Europa, apenas contaban con 12 ingenieros cubanos, 8 técnicos especializados, 4 secretarias, 2 informáticos y 1 traductor, siendo el salario más alto el de los dos jefes de obra, cuyo valor total de la nómina, expresado en dólares estadounidenses, no sobrepasaba los 400.

“El pago de la estimulación no pasaba por (Comercial) Gaviota, eso no se controlaba allí, incluso estaban prohibidos estos pagos. Todo el mundo lo sabía, pero estaba prohibido (…). En el departamento se hacían los pagos de salario en moneda nacional (…). Bouygues hacía el depósito en euros en la cuenta de Gaviota del BFI (Banco Financiero Internacional) pero el salario de los trabajadores llegaba por la vía del MINFAR (Ministerio de las Fuerzas Armadas), por nómina del MINFAR, (…) después se estableció que se hiciera desde Almest pero el fondo era el mismo (…), lo único que sé es que al cambio en divisa, con 400 dólares se pagaba a todos los cubanos de BBI, mientras que lo otro pasaba a lo que en el BFI se conoce como Fondos FAR, administrado directamente por la Reserva Estatal, de ahí no se tocaba un peso”, afirma la ex funcionaria.

Según coinciden varias fuentes consultadas por CubaNet, tanto en el Banco Financiero Internacional como en el Banco Central de Cuba y demás instituciones financieras de la isla, los llamados Fondos FAR o Fondo Financiero de la Reserva Estatal no son más que el conjunto de números de cuentas y códigos (entre la 0300000003025623 hasta la 0300000005135147, para el código Swift BFICCUHH) que identifican los depósitos principales en divisa donde tributan aquellos otras cuentas habilitadas para el depósito de empresas extranjeras establecidas en Cuba, así como empresas cubanas establecidas en el exterior o registradas por ciudadanos extranjeros o cubanos residentes fuera de la isla pero que tributan al país un porciento de los ingresos, de acuerdo con la Disposición No. 2 de diciembre de 2014, del Presidente del Consejo de Estado, firmada por Raúl Castro.

“Son las cuentas donde se realizan los depósitos de estas empresas extranjeras pero también de las que Cuba tiene en el extranjero, de tipo off-shore, pero que algunas son conocidas coloquialmente como Fondos FAR porque son controladas por el sistema financiero de las Fuerzas Armadas, por la Reserva Estatal y son además las cuentas donde se acumula el dinero que después se destina para los pagos de la deuda externa (…) desde 2014 hasta estos momentos”, asegura un alto funcionario del Banco Central de Cuba.

“Son también las cuentas que se han habilitado, a veces con carácter temporal, para recibir las donaciones desde el exterior, como pasó con el tornado en La Habana, y las cuentas a donde llegan otras donaciones de organismos internacionales, fondos de ayuda para pérdidas económicas a causa de fenómenos asociados al cambio climático a los que Cuba aplica desde hace ya una década y que representan varios cientos de millones de dólares anuales pero que una parte se destina al pago de la deuda externa”, dice este mismo funcionario que además apunta que el gobierno cubano habría estado reportando como pérdidas económicas asociadas al cambio climático (huracanes, salinización, sequías) otros problemas que tendrían que ver con la ineficiencia de las empresas o con errores asociados al descontrol en los programas inversionistas en el turismo, la minería y el desarrollo social,  para así  poder aplicar a la considerable ayuda financiera de programas de las Naciones Unidas, de fondos privados y de algunos países con los que mantiene acuerdos de colaboración médica.

“Se reciben fondos de Arabia Saudita a cambio de servicios de salud y hasta de donantes privados en Asia, Europa, por ejemplo de Italia donde los ciudadanos de ese país, con residencia permanente o temporal en Cuba gozan de beneficio desde principios de 2015”, subraya el alto funcionario de la institución bancaria cubana.

En efecto, en los primeros meses de 2015, según se recoge en las memorias de la Cámara de Comercio de Cuba, perteneciente a marzo de ese año, y en las del Ministerio de Relaciones Exteriores, dos instituciones bancarias de Italia como Sace e Intensa Sao Paulo, firmaron con el gobierno cubano un acuerdo valorado en 80 millones de euros, para “facilitar la emisión de cartas de crédito a italianos radicados en la Isla”, durante un encuentro de alto nivel en La Habana donde estuvieron presentes el subsecretario Mario Giro, Guido Rosa, presidente del Comité Técnico de la Asociación de Bancos de Italia, y Licia Mattioli, titular del Comité Técnico para la Internacionalización de la Confederación de Industrias, quienes subrayaron la importancia del acuerdo “para abrir una nueva etapa en las relaciones bilaterales y la cooperación en sectores como el turismo y la salud”.

(Primera parte de un reportaje investigativo realizado por periodistas de CubaNet)