Hasta dos años de cárcel para profesores y funcionarios cubanos de Educación por 'fraude'
En uno de varios casos, los alumnos llegaron a pagar 15CUC por cada examen de Matemática.
Diario de Cuba
21 de octubre de 2019

Estudiantes de enseñanza media en Cuba durante un examen. ESCAMBRAY

Al menos tres casos de fraude académico en Sancti Spíritus han terminado con procesos administrativos y judiciales contra alumnos, profesores y funcionarios de Educación y sanciones que han incluido cárcel y trabajo correccional con internamiento, entre otras medidas, publicó el periódico oficial Escambray.

El primero de los casos mencionados tuvo que ver con la detección de irregularidades durante el examen ministerial de Matemática, correspondiente al duodécimo grado en el Instituto Preuniversitario (IPU) Nieves Morejón, de Cabaiguán.

Tras una investigación de varios meses se concluyó que las pruebas de más de 30 alumnos habían sido adulteradas.

En medio de un proceso en el que los estudiantes terminaron admitiendo su culpa, las investigaciones arrojaron la identidad de los culpables, señaló el medio.

Un profesor de Química del propio IPU y la metodóloga municipal de la asignatura, quien fungía como jefa del tribunal de calificación, tenían montado el "operativo" al que se sumó una profesora del centro mixto Antonio Guiteras. Esta persona conocía los pormenores del hecho y facilitó su casa como lugar de encuentro.

"Tenían identificado a un grupo de estudiantes a los que no les daba el promedio y que para vencer el grado debían alcanzar una alta nota. En un momento posterior a la prueba, los alumnos estaban citados para dos viviendas, donde, ayudados por el profesor, reescribieron las respuestas en hojas foliadas, firmadas y acuñadas. Después, la metodóloga sustituyó por esas las hojas originales. Exceptuando a uno de los alumnos, todos habían pagado por ello 15 pesos convertibles", detalló el director provincial de Educación, Andrei Armas Bravo.

Una viceministra del ramo, inspectores y metodólogos nacionales asumieron la conducción del proceso, de conjunto con oficiales del Ministerio del Interior. Finalizada la investigación, a los casi 40 alumnos que habían incurrido en el fraude les fue anulado el año lectivo, con derecho a repetirlo.

Fueron instruidos de cargos los tres adultos implicados, condenados por un delito de "Abuso de autoridad", previsto en el Artículo 133 del Código Penal. Las sanciones fueron, en el caso de la metodóloga, de un año y ocho meses de privación de libertad; en el del profesor, de dos años de privación de libertad, y en el de la profesora cómplice, de diez meses de trabajo correccional sin internamiento.

Además, fueron confiscados "los teléfonos celulares utilizados en la comisión del hecho, así como del dinero fruto del delito. Hubo también sanciones accesorias, entre las que figura la prohibición de ejercer la profesión, cargo u oficio", precisó Aracelia María Cepeda Valle, fiscal del Departamento de Procesos Penales.

Administrativamente, en las direcciones municipales de Educación implicadas, al igual que en la provincial, fueron sancionados, de conjunto, 17 funcionarios, técnicos o docentes, sobre la base del incumplimiento de responsabilidades o funciones de control específicas.

Según Escambray, un hecho de similar carácter tuvo lugar en Yaguajay, en el verano de 2018, durante la aplicación del examen de ingreso de Matemática en su segunda convocatoria. Como resultado del proceso judicial seguido al efecto, la funcionaria implicada recibió una sanción de dos años de privación de libertad, subsidiada por trabajo correccional con internamiento durante igual término.

A cuatro docentes de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, juzgados como cómplices del delito, se les aplicó una pena de un año y tres meses de privación de libertad, subsidiada por igual término de trabajo correccional sin internamiento.

Tanto ellos como el director del Centro Universitario Municipal, jefe de la sede de aplicación del examen, fueron separados de la Educación Superior, según confirmó al periódico local la rectora de dicha institución, Naima Trujillo Barreto.

También al curso anterior corresponde otro hecho de este tipo en la Universidad de Ciencias Médicas del territorio.

Durante el examen de Inglés, 16 estudiantes de quinto año de la carrera de Medicina incurrieron en fraude, hecho en el que la responsabilidad estuvo a cargo del profesor principal de dicha materia.

Según la fiscal del caso, fue hallado culpable de un delito de "Falsificación de pruebas para la evaluación docente", previsto en el artículo 256 del Código Penal.

En sus conclusiones provisionales —el proceso judicial no ha terminado—, la Fiscalía solicitó dos años de privación de libertad, con sanción subsidiada por igual término de trabajo correccional sin internamiento.

A los alumnos les fue anulada la prueba, por lo que arrastran la asignatura en el presente curso. Otras seis medidas colaterales conciernen a profesores o cuadros, que habrían propiciado la falla con su falta de control, según Escambray.

El sector de la educación, que el Gobierno cubano ha utilizado durante décadas en su propaganda para exhibir "logros", ha sufrido un fuerte deterioro desde la crisis de los años 90, cuando cientos de maestros abandonaron las aulas en busca de trabajos con mejores salarios. Sus puestos fueron ocupados por maestros mal preparados y con frecuencia sin vocación. El sistema nunca se ha recuperado de ese período.