Edel González: «A muchos altos funcionarios del Gobierno cubano les duele la represión contra la disidencia»
Por Susana Gaviña
ABC.es
13 de enero de 2020

El jurista cubano, afín al régimen, expone por primera vez y de manera pública los fallos del sistema de su país y propone unas medidas que permitan transformaciones en la isla en cuestión de DD.HH.

Cuba, a pesar de los últimos cambios –aprobación de una reforma de la Constitución y el relevo en el Gobierno en 2018 de Raúl Castro por Miguel Díaz-Canel–, sigue mostrándose ante el mundo como uno de los países con mayor represión y que menos respeta los derechos humanos de sus ciudadanos, especialmente si disiente con la doctrina del régimen. Esto se refleja en el número de detenciones y encarcelamientos arbitrarios, sin órdenes judiciales, sin derecho a asistencia legal, con acusaciones por delitos respaldados por pruebas falsas... La ONG Prisoners Defenders ha presentado hoy en Madrid un informe inédito con los datos actuales sobre el número de carcelado en el país –90.000 personas–, el tipo de condenas –con énfasis especial en las predelictivas– y el porcentaje de condenas de culpabilidad de los miles de procesos abiertos –entre el 93 y 95%–. Estos datos confirman que Cuba es el país con mayor población reclusa del mundo.

La presentación la ha completado la participación del jurista cubano Edel González Jiménez, expresidente del Poder Judicial Provincial en Cuba y Reserva Especial para la dirección del Tribunal Supremo de Cuba, que, consciente de los problemas que presenta el sistema penal cubano, aboga por un diálogo nacional entre los distintos estamentos del país que permita «migrar hacia cambios más acordes con las necesidades de derechos humanos en la isla».

González Jiménez no duda en afirmar que el obstáculo principal para que esto se produzcan es el «miedo» que durante décadas se ha instaurado en todos los niveles de la sociedad cubana a la hora de reclamar al régimen cualquier pequeño avance en derechos y libertades fundamentales. «El embargo y el bloqueo afectan a la economía en la isla, pero tenemos un autobloqueo interno que es corresponsable de la miseria que sufre el pueblo cubano», reflexiona durante una entrevista con ABC.

El jurista cubano, que actualmente está ampliando su formación en Perú y realizando una investigación «sobre la eficacia del sistema judicial en Cuba», ha hablado esta mañana en Madrid sobre los derechos humanos en la isla así como del diálogo como motor de cambio. Durante la conversación con este periódico ha mostrado su preocupación ante la deriva a la que puede llevar el aumento de la presión externa –por parte de EE.UU– y de la confrontación interna entre el gobierno y las voces disidentes en la isla, lo que puede desembocar en una mayor represión. Comparte con ABC algunas de las medidas que cree contribuirían a mejorar la situación social en su país, así como a aumentar el respeto por los derechos humanos. Muy consciente de que su pronunciamiento público sobre este tema puede tener serias repercusiones para él, a nivel personal y profesional, e incluso suponerle la prohibición de volver a entrar en Cuba, espera que este paso al frente que da sea seguido por otros muchos.

También quiere dejar claro que no es un disidente «ni un opositor». «Nunca he tenido ningún tipo de vínculo con esas organizaciones, ni siquiera las conozco». González Jiménez se califica a sí mismo «como una persona que apuesta por el sistema porque está en un proceso muy positivo, aunque es lento», admite. «Tengo la convicción de que la nueva Constitución da pie para que se produzca una serie de normas jurídicas que tiendan a elevar la libertad de los cubanos. Si bien no se refleja en ella de manera expresa que ciertos derechos fundamentales del ser humano puedan ser alcanzados en Cuba, esto es, que tengan un respaldo jurídico, la producción normativa inferior sí puede hacerlo», asevera.

Mientras se logra esto, Cuba, con 90.000 presos, es la mayor cárcel del mundo. A usted, como jurista, ¿esto le parece justo?

No es justo que ningún país tenga 90.000 presos, pero lo que hay que ver es qué es lo que hay detrás de esta cifra. En casi todos los países sudamericanos tienen menor número de presos, sin embargo, la inseguridad del ciudadano se respira hasta el punto de que tienen miedo de la policía porque hay una alta delicuencia y las estructuras policiales, que deben defender esa garantía de la seguridad del ciudadano, se mezclan mucho con la delincuencia. En esos países hay bajos índices de presos, pero altos índices de corrupción e impunidad. Desde ese punto de vista, esos 90.000 presos en Cuba demuestran que existe una alta seguridad jurídica en la isla. Otra cosa es que dentro de esa cifra se encuentre un número de personas injustamente encarceladas, a las que se les puede aplicar otra tipo de sanciones, o también, inclusive, que el sistema debería despenalizar algunas figuras jurídicas en vistas a otorgar más libertad... Ahí sí le digo que el sistema jurídico cubano tiene que trabajar y también el sistema carcelario.

Durante décadas, el Gobierno cubano ha utilizado como excusa su lucha contra la delicuencia para justificar la detención y encarcelamiento de opositores y disidentes. Tenemos como ejemplo las condenas predelictivas, por las que se detiene a personas que pueden ser peligrosas en un futuro. Esto es una clara vulneración de sus derechos…

Cuba defiende esa figura jurídica. La sociedad debe protegerse ya sea por delitos o por conductas que le sean lesivas y puedan constituir el día de mañana un delito. Los juristas en Cuba hemos tratado, a partir de proyectos de reforma legislativas, de proponer abiertamente que esa figura desaparezca de la ley de procedimiento penal porque realmente es una figura retrógrada. Estamos hablando de algo instituido por un sistema más totalitario. También hemos abogado de que en materia de procedimiento tenga más garantía de derechos el presunto asegurado. Y realmente no se nos ha permitido a los juristas que en el código penal en las propuestas de variantes esa figura desaparezca. Por experiencia personal pude conocer que, cuando entraba a fondo en materia probatoria para determinar la culpabilidad de esa conducta antisocial, en muchas ocasiones se falsificaba o adulteraba la información.

Un ejemplo de falsificación de información es el caso del disidente José Daniel Ferrer, detenido el pasado 1 de octubre, y al que se le acusa de un presunto delito de secuestro y lesiones apoyado en pruebas falsas, según testigos y la ONG Prisoners Defenders.

Pude acceder a todas las pruebas, y verdaderamente es un reto grande para el tribunal de Cuba si es capaz de mostrarse independiente a la hora de valorar las pruebas que presenta la acusación frente a las que él [Ferer] tiene a su favor. Si lo hace así, Ferrer tiene altas probabilidades de salir absuelto.

De momento, Ferrer no cuenta siquiera con un abogado…

No tiene abogado porque no ha querido. Existen bufetes colectivos. Lo que sucede es que la disidencia y los opositores en Cuba creen que el cuerpo de abogados en la isla está subordinado a los intereses del partido Comunista y a los de la Seguridad del Estado, y que cualquier ejercicio de defensa de un abogado lo que va hacer es culpabilizarlo más. Los disidentes deben apartarse de ese pensamiento porque existen muchos abogados profesionales que no están subordinados. Aunque constituye un reto ejercer con toda libertad.

¿Hay justicia independiente en Cuba?

Hay una justicia independiente para muchas cosas..., sobre todo en materia de delitos comunes. Ya cuando el caso adquiere una relevancia política, como es el caso de José Daniel Ferrer, no se interfiere tal vez de manera directa sobre la justicia, pero el propio miedo que tienen los miembros de ella –abogados, fiscales, jueces– a que una decisión sea favorable hacia un disidente o hacia un opositor priva de toda la capacidad de racionalidad y de todo el ejercicio de competencia que puede tener la persona que debe tomar la decisión.

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