Un juicio político de "república bananera" en EE UU.
Por Julio M. Shiling.
Un juicio político de «república bananera» en EE UU. ¿Bajo qué pretexto constitucional y moral se ha pretendido revertir la voluntad popular de una elección presidencial?. La frivolidad del caso contra Trump, no sólo se reflejó en los cargos cantinflescos presentado contra él. El proceso entero llevado a cabo por la Cámara Baja estuvo plagado de irregularidades desde su inicio.
El ensayista estadounidense William Sydney Porter (conocido por su pseudónimo “O Henry”) durante su estadía en Honduras huyendo de la justicia de su país, escribió Coles y reyes a principio del siglo XX, una novela formulada sobre una república ficticia en América Central llamada la “República de Anchuria”. Es probable que O Henry al referirse a Anchuria como una “república bananera marítima”, nunca soñó que estaría acuñando un término que las ciencias políticas se ocuparía de convertirlo en una etiqueta peyorativa connotada para describir a países disfuncionales.
EE UU, con su modelo republicano presidencialista, ha constituido el ensayo democrático más saludable en la historia. El juicio político para destituir a Donald Trump, si logra fundamentarse como modelo prototípico, la estabilidad gozada por la patria que elaboraron Washington, Hamilton y Madison, será algo de antaño. Su reemplazo semejaría una democracia de vitrina donde los partidos políticos se convertirían en tribus de guerra y el imperio de la ley una herramienta de exterminio político.
Cuando la mayoría de la Cámara Baja norteamericana, en manos del Partido Demócrata, determinó presentar cargos de destitución (“impeachment”) contra el presidente republicano y cuyos dos cargos presentados omiten, categóricamente, la ejecución de una actividad criminal, se trivializó uno de los mecanismos más solemnes en el arsenal de una república constitucional. Los dos cargos que presentaron contra Trump, (1) “abuso de poder” y (2) “obstrucción del congreso”, carecen totalmente de constituir querellas legales por el cumplimiento de una actividad criminal. ¿Bajo qué pretexto constitucional y moral se ha pretendido revertir la voluntad popular de una elección presidencial y de negarle la posibilidad de postularse para la reelección en 2020 basándose en conceptos políticos desligados de actividad criminal?
Inicialmente, los demócratas contemplaron presentar cargos como “soborno” y “obstrucción de justicia”. Sin embargo, después de considerar su éxito remoto, el liderazgo del Partido Demócrata decidió sustituir los cargos por los actuales presentados. ¿Por qué los cambiaron? La respuesta es sencilla. Cargos de “soborno” y “obstrucción de justicia” conllevan un entendimiento de criminalidad, fácil de discernir. Como no hay duda o discusión sobre el hecho de que Trump no violó un estatuto o cometió ningún crimen, pues la ambigüedad de lo que constituye un “abuso de poder” y la farsa de “obstruir” una investigación del congreso al recurrir Trump a los tribunales, les ofreció a los arquitectos de esta patraña delirante, un espacio más viable para agenciarse la destitución, empleando el único recurso que tenían: el malabarismo del sofismo.
La noción de “abuso de poder” es un entendimiento conceptual ambiguo que, si no apunta a la violación evidente de la ley, puede ser subjetivo si se le añade determinadas circunstancias. El expresidente Obama le dijo en 2012 al líder titular ruso, Dmitry Medvedev, frente a un micrófono abierto, que tendría “más flexibilidad” después de las elecciones presidenciales en los EE UU para considerar descartar el proyecto del escudo de defensa antimisiles que protegería a Ucrania, Polonia y otras democracias del área. Esto era algo que Rusia quería mucho. ¿No abusó Obama del poder al enviarle este mensaje a Putin invitándolo a que el líder ruso lo favoreciera en su reelección? Obama no sólo abandonó el plan de sistema antimisiles, sino rehusó mandarle a Ucrania ayuda letal cuando Rusia invadió Crimea. ¿No fue esto un abuso de poder que tipifica un quid pro quo?
El segundo cargo presentado contra Trump, el de “obstrucción del congreso”, conspira contra la noción de la separación de poderes. Sustentado como todo jefe ejecutivo de una democracia, Trump tiene privilegios de la rama ejecutiva. Cuando surge una disputa entre un presidente y el congreso sobre la solicitud o las órdenes del congreso pidiendo la entrega de documentos o el testimonio de sus oficiales, la rama judicial intercede históricamente cuando el presidente recurre a ella, ésta se convierte en el árbitro y decide quién está al lado de la constitución. Trump fue a los tribunales. La Cámara Baja no quiso esperar la decisión de las cortes y partió a presentar los cargos, un fenómeno ahistórico.
La frivolidad del caso contra Trump, no sólo se reflejó en los cargos cantinflescos presentado contra él. El proceso entero llevado a cabo por la Cámara Baja estuvo plagado de irregularidades desde su inicio. La rama legislativa en los EE UU es bicameral, consistiendo en la Cámara Baja (diputados) y el Senado o Cámara Alta (senadores). El primero tiene la tarea durante estos procesos de destitución, de obtener la evidencia, evaluar los datos, determinar si existe mérito constitucional para presentar cargos y si ese fuera el caso, presentarlos. El segundo tiene el cometido de decidir sobre el caso. En otras palabras, el Senado tiene el papel constitucional de servir de juez, no de fiscal.
Los diputados demócratas, comprometidos con el frenesí de propiciarle a Trump un linchamiento político, degradaron el mecanismo constitucional de destitución, a un extremo indigno. En adición de negarle al presidente norteamericano el debido proceso de la ley y extenderle el respeto por el principio sacrosanto que otorga un Estado de derecho que es la suposición de la inocencia, hubo una manipulación descarada de los testigos, audiencias secretas, coordinación de filtraciones mediáticas e interpretaciones de la ley que violentaba todo precedente establecido.
La campaña para intentar derribar la presidencia de Trump la anunció el Washington Post, uno de los diarios más importante en los EE UU, el 20 de enero de 2017, el mismo día de su inauguración. “La campaña para destituir al presidente Trump ha comenzado” fue el título del artículo de Matea Gold, una editora de investigación del periódico. Esta acción impúdica del Washington Post tipificó la metamorfosis del periodismo al activismo político. El Senado acaba de votar a favor de no extenderle vida a esta manifestación de canibalismo político. En unos días quedará absuelto Trump de los cargos. Los jacobinos que encabezan el Partido Demócrata fallaron en este intento de removerlo y de convertir a EE UU en una “república bananera”.
Publicado por /Patria de Martí/. | 
