La ONU y la OEA aleccionan a La Habana por el caso de Quiñones Haces y la 'criminalización' del periodismo
Diario de Cuba
17 de febrero de 2020
Expresan 'grave preocupación' por la utilización de las detenciones 'como método para la intimidación y hostigamiento' de periodistas y activistas.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, dos relatores de la ONU y uno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidieron explicaciones a La Habana sobre el caso del periodista independiente preso Roberto de Jesús Quiñones Haces y expresaron la "más profunda preocupación" por la "criminalización" de quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión y de prensa en Cuba.
En una comunicación enviada al régimen cubano en el 15 de noviembre pasado, los relatores manifestaron además una "grave preocupación sobre lo que parece ser práctica de utilizar detenciones como método para la intimidación y hostigamiento de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, y por lo cual constituirían detenciones arbitrarias bajo el derecho internacional".
El documento está firmado por Leigh Toomey, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas; los relatores especiales de la ONU David Kaye, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Michel Forst, sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y el relator especial para la Libertad de Expresión, de la CIDH (organismo de la OEA), Edison Lanza.
La Misión Permanente de La Habana ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra respondió victimizándose, calificando de "lamentable" el documento de los relatores y de "falsas" las alegaciones sobre Quiñones.
En su comunicación los funcionarios de la ONU y la CIDH recordaron al régimen que Roberto de Jesús Quiñones Haces, periodista de Cubanet, fue arrestado el 22 de abril de 2019, cuando cubría el juicio contra el matrimonio Rigal-Exposito, encarcelado por la decisión de educar a sus hijos en casa.
El periodista estuvo entonces detenido cinco días, tiempo en el cual sufrió contusiones, escoriaciones, heridas y la perforación del tímpano del oído derecho, señalaron.
La Fiscalía Militar, sin embargo, exculpó a los agentes que le habrían provocado dichas lesiones. Quiñones presentó una queja al Departamento de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior, pero no recibió respuesta alguna.
El Tribunal Municipal de Guantánamo condenó finalmente al periodista a un año de prisión por los supuestos delitos de "resistencia" y "desobediencia", sanción que cumple actualmente.
Los funcionarios de la ONU y la OEA mencionaron una declaración conjunta hecha en 2018 por la Relatoría de las Naciones Unidas y la Relatoría Especial de la CIDH, en la cual ambas entidades mostraron preocupación "por los intentos de gobiernos, políticos y funcionarios de coartar la independencia de los medios públicos, limitando de esta forma las oportunidades para que la gente tenga acceso a fuentes de noticias creíbles y confiables que ofrezcan una variedad de puntos de vista".
También subrayaron que los Estados deben "propiciar un entorno de trabajo seguro para los periodistas; garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y, en particular, la independencia editorial; respetar la libertad de circulación de los periodistas tanto locales como extranjeros; y crear salvaguardias apropiadas contra el registro y la incautación de material periodístico, entre otros".
La Relatoría Especial de la CIDH remarcó en su reciente Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Cuba, presentado en 2019 por el relator especial Edison Lanza, que "los agentes estatales son la principal fuente de amenazas y agresiones contra la prensa, práctica que debe ser desmantelada y sancionada".
"Los actos de violencia contra periodistas vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo", dijeron a La Habana los funcionarios de la ONU y la CIDH en su comunicación.
Los hechos contra Quiñones "formarían parte de un claro patrón de represión hacia las actividades de los periodistas independientes y en particular hacia el libre ejercicio de la libertad de expresión", añadieron.
Pidieron a La Habana información sobre el caso, "sobre las medidas tomadas por el Gobierno para garantizar la protección de todos los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación" y, en particular, "para garantizar que puedan llevar a cabo sus actividades sin temor de acoso, estigmatización o penalización de ningún tipo".
También solicitaron al régimen "indicar si existen investigaciones o procesos en curso relativos a las alegaciones de violencia mencionadas" en el caso de Quiñones, "así como los resultados obtenidos hasta el momento".
Los relatores expresaron asimismo su intención de hacer públicas sus preocupaciones. "Consideramos que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata" y que "la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales" relacionadas con el caso", advirtieron.
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