Amenazan con desalojar a madre de cuatro menores en Santiago de Cuba
Por Yadira Serrano Diaz
Cubanet
25 de Mayo de 2020

Idaylis Ramos Azhares y sus hijos (Foto: Cortesía)

“Aunque sin condiciones, este es el único refugio que tenemos. Si nos sacan tendremos que vivir debajo de un puente”, lamentó la mujer

SANTIAGO DE CUBA.- Idaylis Ramos Azahares, una madre santiaguera con cuatro hijos menores de edad, está siendo amenazada con ser desalojada de un local estatal abandonado que ocupó hace alrededor de dos años debido a su falta de recursos económicos.

“Llevo más de 20 años luchando; he pedido que me ayuden y nunca he recibido respuesta. Ahora puedo terminar en la calle con mis niños”, reveló la mujer a CubaNet.

La situación de Ramos Azahares, madre soltera, ahora resulta más complicada, puesto que está desempleada. En la mayoría de las ocasiones se ve obligada a enviar a sus hijos a la calle, a pedir alimentos o dinero.

Debido al caso omiso de las autoridades gubernamentales, Ramos Azahares solicitó ayuda a la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Este grupo desarrolla una importante labor social en las provincias del país donde tiene presencia, y beneficia a las personas desamparadas por el régimen cubano. Hasta ahora, la organización brindó apoyo a la madre y a sus cuatro hijos más de una vez.

Sin embargo, la colaboración de la UNPACU es limitada. En los últimos meses las penurias de Idaylis Ramos Azahares y sus hijos se han incrementado a causa de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus. Aun así, los funcionarios locales de Vivienda han amenazado con desalojar a la familia.

La improvisada casa se encuentra en la calle 4ta del Reparto Vista Hermosa, en Santiago de Cuba. Antiguamente se usaba para las reuniones de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) de esa localidad.

“Aunque sin condiciones, este es el único refugio que tenemos. Si nos sacan tendremos que vivir debajo de un puente”, lamentó la entrevistada.

Esta madre y sus hijos duermen en camas inventadas, sobre colchones rellenos con trapos, saco y cartón. Las pocas ropas y artículos que tienen son regalos de sus vecinos.

Según Idaylis Ramos Azahares, cuando se reanude el curso escolar en la Isla tendrá que valorar si mandará o no a sus hijos a clases. “Estoy cansada de que los muchachos tengan que ir a la escuela sin comer, y de que luego lleguen y tampoco haya nada”, expresó.

Por otro lado, el local donde reside la familia no posee las más mínimas condiciones para ser considerado como habitable. Además de que el techo y las paredes se encuentran en pésimo estado, no tiene instalaciones hidráulicas y ni siquiera cuenta con las cuatro habitaciones delimitadas que, como mínimo, debe tener una vivienda para ser legalizada.

Recientemente, el opositor Jorge Cervantes se hizo eco de la situación de esta familia en su página de Facebook.

“Casos como este llegan a mi casa en busca de auxilio”, refirió

En la misma publicación dejó su número de teléfono (+53 54513644) como referencia por si alguna persona desea conocer más detalles sobre el caso.

También la esposa de Cervantes, Grechent Alfonso, dio fe a CubaNet de la falta de recursos de Ramos Azahares y corroboró que la familia está siendo presionada por las autoridades para que abandone el local.

Aunque en Cuba ocupar establecimientos estatales en desuso es ilegal, las personas se ven obligadas a hacerlo debido al déficit habitacional existente en la Isla, que supera el medio millón de viviendas.

En 2018, Miguel Díaz-Canel prometió que los locales abandonados se convertirían en viviendas y serían entregados a las personas más necesitadas. No obstante, la promesa no se ha cumplido.

Por el contrario, el caso de esta familia se suma al de otras que han sido amenazadas o, en efecto, han sido desalojadas sin ninguna consideración en medio del panorama epidemiológico actual.

Recientemente, CubaNet dio a conocer el caso de seis madres y 12 niños que serían desalojados de un antiguo gimnasio ubicado en La Habana Vieja. Las familias fueron notificadas por las autoridades de Vivienda que debían abandonar la edificación en menos de 72 horas, aún bajo el riesgo de contagiarse de la COVID-19.