La ONU evalúa una resolución inminente en el caso de José Daniel Ferrer. Naciones Unidas pone en su lugar la Seguridad del Estado de Cuba con 19 recoluciones en 15 meses. Solicitud a Michelle Bachelet.
Comunicado de Prisoners Defenders
22 de julio, 2020

LA ONU, A TRAVÉS DE SU GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA DETENCIÓN ARBITRARIA, EVALÚA UNA RESOLUCIÓN INMINENTE EN EL CASO DE JOSÉ DANIEL FERRER: NACIONES UNIDAS PONE EN SU LUGAR A LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE CUBA CON 19 RESOLUCIONES EN 15 MESES


Cuba acaba de recibir, el 13 de julio, otro varapalo de las Naciones Unidas. El 13 de julio se hizo público que 4 relatores y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria han acusado a Cuba por perseguir la libertad religiosa, destruir iglesias y afectar gravísimamente, por motivos de discriminación religiosa, la vida de más de 100 víctimas. Los funcionarios cubanos han recibido la orden de no responder, incluso superando el plazo máximo para ello, dos meses, en tanto en cuanto la resolución de los relatores no fuera hecha pública por alguna entidad. Es el modus operandi de la Seguridad del Estado evaluando siempre mecanismos para silenciar estos hechos. Cuando responden, por otra parte, lo hacen de manera vergonzante, cambiando la fecha de elaboración de las cartas (para que conste como previa al plazo de los dos meses), y sin entrar en la materia, porque los funcionarios que responden ni tienen la información veraz de los hechos que se imputan ni pueden tan siquiera hacer acciones independientes de investigación. Reciben un mandato de la Seguridad del Estado, poniendo en ridículo constante a las instituciones cubanas.

En pleno proceso de arbitraje, Naciones Unidas también ha trasladado la acusación de Prisoners Defenders a Cuba por el caso de José Daniel Ferrer. Cuba respondió a ésta, y en fechas recientes Prisoners Defenders ya ha contestado contundentemente a las alegaciones en el proceso de arbitraje, desmantelando la respuesta de Cuba, completamente ajena a la realidad procesal acontecida y los hechos probados. El proceso de deliberación se realizará en agosto de 2020, y Cuba como puede leerse en la respuesta de Prisoners Defenders, ha quedado sin argumentos posibles ante las Naciones Unidas, por incompetencia de la Seguridad del Estado y la nomenclatura del Partido designada para impedir que quienes debían responder no conozcan de la grave situación.

El descrédito del Ministerio de Relaciones Exteriores de conjunto con el del Sistema Judicial de la isla crece cada día más ante la vista de Naciones Unidas a causa del supra-constitucional poder e impunidad de la Seguridad del Estado, un órgano que actúa al margen de la Ley.

Son 19 las resoluciones y cartas acusatorias las que Naciones Unidas ha dedicado a Cuba, por denuncias y arbitrajes, en los últimos 15 meses. Hay que remontarse a los años 90, siendo la media desde 2010 entre 3 y 6 de estos procesos, para encontrar tanto varapalo a la Seguridad del Estado en Cuba. Y esto es así, porque todas las resoluciones, acusaciones y cartas remitidas por Naciones Unidas son relativas a acciones donde la Seguridad del Estado ha sido la máxima responsable, y donde el Estado y sus funcionarios, muchos de ellos a su pesar, han sido obligados a desempeñar un lamentable y vergonzoso papel. Es la Seguridad del Estado, este ente oscuro del que todo cubano, inclusive los funcionarios del Estado, tiene temor por su vida, la que provoca la represión y el desastre humano y de derechos en Cuba. Seguridad del Estado que reporta únicamente a Raúl Castro, el Primer Secretario de un Partido, dinástico, que la Constitución menciona en su artículo 5 como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”, que consagra un sistema en su artículo 4 como “irrevocable”, y que no vuelve a ser mentado en la Carta Magna de nuevo, no estando dicho partido en la soberanía del pueblo ni atendiendo a sus intereses, y mucho menos su arma de espionaje y represiva, la Seguridad del Estado, la Gestapo cubana.

En las respuestas y procesos de defensa en los diversos mecanismos de derechos humanos, ni siquiera los funcionarios de Cuba en las Naciones Unidas y del MINREX conocían los detalles. Son obligados a escribir, por mandato político, argumentos que se desmoronan ante el proceso técnico de revisión en cualquier entidad de arbitraje, como es la ONU. El ridículo hecho por los funcionarios de exteriores de Cuba es lamentable hasta para ellos, forzados sin más a defender un abuso y una manipulación procesal, dado que no se les permite otra respuesta posible. En la última parte de este informe realizamos una sustentada solicitud a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acerca de la Seguridad del Estado de Cuba.

19 RESOLUCIONES EN CONTRA DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE CUBA EN 15 MESES
Son las siguientes:
1. CUB 1/2020: en relación con el acoso continuado sufrido por el pastor Alain Toledano, pastor del Movimiento
Apostólico de Cuba, su familia y los miembros de su congregación.
2. Opinión aprobada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 87o período de sesiones, 27 de abril a 1 de mayo de 2020 núm. 4/2020, relativa al preso político del que se reclama la liberación de cargos inmediata: Aymara Nieto Muñoz. Hecha pública el 4 de junio de 2020.
3. Opinión aprobada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 87o período de sesiones, 27 de abril a 1 de mayo de 2020 núm. 4/2020, relativa al preso político del que se reclama la liberación de cargos inmediata: Eliecer Bandera Barreras. Hecha pública el 4 de junio de 2020.
4. Opinión aprobada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 87o período de sesiones, 27 de abril a 1 de mayo de 2020 núm. 4/2020, relativa al preso político del que se reclama la liberación de cargos inmediata: Humberto Rico Quiala. Hecha pública el 4 de junio de 2020.
5. Opinión aprobada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 87o período de sesiones, 27 de abril a 1 de mayo de 2020 núm. 4/2020, relativa al preso político del que se reclama la liberación de cargos inmediata: José Antonio Pompa. Hecha pública el 4 de junio de 2020.
6. Opinión aprobada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 87o período de sesiones, 27 de abril a 1 de mayo de 2020 núm. 4/2020, relativa al preso político del que se reclama la liberación de cargos inmediata: Melkis Faure Hechevarría. Hecha pública el 4 de junio de 2020.
7. Opinión aprobada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 87o período de sesiones, 27 de abril a 1 de mayo de 2020 núm. 4/2020, relativa al preso político del que se reclama la liberación de cargos inmediata: Mitzael Díaz Paseiro. Hecha pública el 4 de junio de 2020.
8. Opinión aprobada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 87o período de sesiones, 27 de abril a 1 de mayo de 2020 núm. 4/2020, relativa al preso político del que se reclama la liberación de cargos inmediata: Silverio Portal Contreras. Hecha pública el 4 de junio de 2020.
9. Opinión aprobada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 86o período de sesiones, 18 a 22 de noviembre de 2019 núm. 63/2019, relativa al preso político del que se reclama la liberación de cargos inmediata: Josiel Guía Piloto. Hecha pública el 18 de febrero de 2020.
10. Opinión aprobada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 86o período de sesiones, 18 a 22 de noviembre de 2019 núm. 63/2019, relativa al preso político del que se reclama la liberación de cargos inmediata: Iván Amaro Hidalgo. Hecha pública el 18 de febrero de 2020.
11. Opinión aprobada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 86o período de sesiones, 18 a 22 de noviembre de 2019 núm. 63/2019, relativa al preso político del que se reclama la liberación de cargos inmediata: Marbel Mendoza Reyes. Hecha pública el 18 de febrero de 2020.
12. CUB 7/2019: en relación con la sanción de un año de privación de libertad impuesta al periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, acusado de los delitos de resistencia y desobediencia, por el Tribunal Municipal Popular de la ciudad de Guantánamo, Cuba. Asimismo, sobre la detención arbitraria de Quiñones Haces, sin el debido proceso, la cual estaría directamente relacionada con las actividades periodísticas que realizaba en la cobertura de un proceso judicial de interés público. Hecha pública el 15 de enero de 2020.
13. CUB 6/2019: en relación con los abusos de derechos humanos sufridos por más de 30.000 médicos de Cuba que
participan en “misiones de internacionalización”. Hecha pública el 6 de enero de 2020.
14. CUB 5/2019: en relación con los hostigamientos, las amenazas y expatriaciones forzosas de defensores/as de derechos humanos, periodistas y activistas sociales y políticos en el marco de la reforma migratoria de 2013 que aunque eliminó la restricción de un permiso especial para viajar al extranjero, reserva al gobierno cubano amplias facultades discrecionales para restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Hecha pública el 4 de noviembre de 2019.
15. Resolución de la Acción Urgente 789/2019 del Comité Contra las Desapariciones Forzadas por el caso de José Daniel
Ferrer UA 789/2019, CUB(2). Hecha pública el 29 de octubre de 2019.
16. Resolución de la Acción Urgente 790/2019 del Comité Contra las Desapariciones Forzadas por el caso de Fernando González Vaillant UA 790/2019, CUB(3). Hecha pública el 29 de octubre de 2019.
17. Resolución de la Acción Urgente 791/2019 del Comité Contra las Desapariciones Forzadas por el caso de José Pupo
Chaveco UA 791/2019, CUB(4). Hecha pública el 29 de octubre de 2019.
18. CUB 2/2019: en relación al Decreto 349 sobre "Contravenciones de las regulaciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios artísticos", que entró en vigor el 7 de diciembre de 2018, y las restricciones impuestas al derecho a la libertad de expresión artística y creatividad, al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, como resultado de la aplicación del mencionado decreto. Hecha pública el 12 de agosto de 2019.
19. CUB 1/2019: en relación con el filtrado y bloqueo de mensajes llamando al voto negativo en el referéndum constitucional que se celebrará el 24 de febrero de 2019, enviados a través del servicio de mensajes cortos (SMS) de la empresa pública ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Sociedad Anónima). Hecha pública el 13 de abril de 2019.

LA DEGRADACIÓN DE UN SISTEMA QUE NO TIENE YA APOYO SOCIAL NI FUNCIONARIAL

Son, por tanto, esos dos entes supra-constitucionales, la Seguridad del Estado y el Partido, en manos de una familia durante 61 años, y su alta jerarquía, los que tienen “raptado” el Estado de Cuba desde entonces y maniatada su institucionalidad. Aun cuando fue un rapto en parte consentido por no pocos en un inicio, tras 61 años las cosas han cambiado. Ni el cubano de a pie ni el funcionario estatal ven la necesidad de mantener una guerra contra su propio pueblo, sus derechos y su prosperidad. En términos generales, entre los que siempre hay lamentables excepciones.

Ahora, como nunca, se hace necesario ser consciente de que los funcionarios, el aparato del Estado, está rehén de la Seguridad del Estado, teniendo que ser esto considerado a la hora de hacer oposición y trasladar los subsiguientes mensajes de cambio. Son rehenes de un sistema represivo como no ha conocido país en el continente americano jamás, es evidente que no todos necesariamente partícipes de las barbaridades que se cometen, pero además son el aparato funcionarial que cualquier transición necesitará para que el país no colapse.

Más importante, son el más interesante núcleo de profesionales en el que una oposición robusta pondría el foco para que se desvincularan del aparato represivo, lo que forzaría la transición y el cambio de sistema hacia un modelo de desarrollo y de institucionalidad real. Este patrón de raptor/rehén debe ser entendido, y trasladada la eventual presunción de inocencia, pues la culpabilización general del funcionariado es una fuerza muy potente y contraria al interés de una transición efectiva y pacífica, pues hacer temer, en el propio funcionariado, cualquier cambio de sistema, lo que enroca aún más la situación, abocándola a un desastre humanitario, incluso violento, algo que sería lo ideal evitar a toda costa.

Ni en el propio Estado sus funcionarios aguantan ya ni comprenden la presión y amenazas a las que son sometidos ellos mismos para hacer que Cuba, como resultado, sea una caricatura de un Estado relacionado con los Estados más mafiosos y represivos a nivel mundial, y mintiendo y reprimiendo a su población hasta la extenuación. Funcionarios del más alto standing apenas cobran 80 dólares al mes, y lógicamente viven también del mercado negro y de favores: de “resolver” en la maraña de una burocracia institucionalizada para poder sobrevivir con un margen de desahogo mínimo.

El apoyo social de la mal llamada “revolución” está en vías de extinción. Una correcta visión estratégica del momento actual, y ejecutar las acciones oportunas, podría desembocar en una transición pacífica, hecho que es un sueño largamente perseguido por todo el pueblo de Cuba, siempre en secreto por el temor a las represalias, la oposición, el exilio y los organismos internacionales, a uno y otro lado del Atlántico.

En las respuestas y procesos de defensa en los diversos mecanismos de derechos humanos, ni siquiera los funcionarios de Cuba en las Naciones Unidas y del MINREX conocían los detalles. Son compelidos a escribir, por mandato político, argumentos que se desmoronan ante el proceso técnico de revisión en cualquier entidad de arbitraje, como es la ONU.

RESPETUOSA SOLICITUD A LA ALTA COMISIONADA MICHELLE BACHELET

Las Naciones Unidas están realizando un trabajo de gran calidad en estos momentos a nivel técnico. El paso político, no obstante, también debería tener su protagonismo para obtener efectos positivos de este trabajo.

Si el embargo comercial unilateral de un país tiene efectos negativos en la población cubana, que la ONU se atreve a denunciar sin importarle las consecuencias, sería vital y tendría efectos positivos inmensos que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, diera dar un paso firme, público, en contra del bloqueo de los derechos humanos ejercido por la Seguridad del Estado (como responsable explícita) contra todos los cubanos, incluso a sus funcionarios, o las decenas de miles que ya fuera de la isla no se les permite la entrada a ver a hijos, padres, hermanos o conyugues, por hechos tan peregrinos como dejar de trabajar en empresas estatales como médico, ingeniero o profesor, o por haber publicado en redes sociales cualquier crítica al oficialismo dominante y sus calamidades o haberse mostrado crítico con el sistema imperante.

Las pruebas son demasiadas. Lo denunciado por Comités y Relatores de las Naciones Unidas no puede ser observado sin intervención: un pueblo de 14 millones de personas, dentro y fuera de la isla, necesita una salida a esta situación de ausencia absoluta de derechos humanos, el auténtico bloqueo que ahoga verdaderamente a Cuba material y espiritualmente.

La justificación de esta petición es clara. Un paso adelante a favor del pueblo de Cuba y en contra de la Seguridad del Estado, presente en todas las denuncias de violaciones de derechos humanos en la isla, ubicaría y empoderaría al funcionariado moderado frente a ésta. El consenso ante unas declaraciones de la Alta Comisionada contra las fuerzas represivas de la Seguridad del Estado, sería total dentro de la isla, y sorpresivamente para algunos, no para Prisoners Defenders, también dentro del atado y atemorizado funcionariado del Estado.