Amenazan con "pronta expropiación" de sede de UNPACU
RTV Martí
15 de septiembre de 2020

Santiago de #Cuba Política Política de tiranía castrocomunista envia a 2 funcionarios de la Dirección Provincial de Vivienda con mensaje pronta expropiación arbitraria de Sede Nacional de #UNPACU. UNPACU con local y sin local continuará su lucha hasta liberar la Nación pic.twitter.com/2QqzWNKcCW

— José Daniel Ferrer (@jdanielferrer) September 15, 2020

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El régimen 'quiere robarse' la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba, denuncia José Daniel Ferrer
Diario de Cuba
15 de septiembre de 2020

'Si arbitrariamente nos despojan de las viviendas (...) haremos de las calles y los parques nuestras casas', advierte el líder opositor.

Dos funcionarios de la Dirección Provincial de la Vivienda de Santiago de Cuba visitaron al líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, para informarle que las viviendas donde radica la sede nacional de esa organización opositora podrían ser "expropiadas".

Ferrer explicó a DIARIO DE CUBA poco después de denunciar lo sucedido en sus redes sociales que la sede nacional son tres viviendas, una sola de ellas residencia suya y de su familia, aunque ninguna está a su nombre.

"La planta alta, que es la más pequeña, donde vivo con mi esposa e hijos, está a nombre de Liettys Rachel Reyes, que fuera mi esposa y ahora reside en EEUU", precisó el opositor, mientras que las otras dos se compraron a sus dueños por los hermanos Ernesto Oliva Torres y Carlos Amel Oliva Torres, "ante la imposibilidad de hacerlo a nombre de la propia UNPACU".

De esas dos últimas, la que está ubicada en la planta baja de la construcción funciona como cocina y dormitorio de activistas de otros municipios que se trasladan a Santiago de Cuba. Allí se brinda alimento, dijo Ferrer, a más de 60 personas diariamente, algunas de ellas ancianos que viven en la indigencia o no cuentan con recursos suficientes para comer.

"Esas viviendas están prácticamente vacías, porque la policía política en distintos operativos se llevaron todo, hasta las sillas", recordó Ferrer.

Durante el periodo de más de siete meses en que el líder opositor estuvo preso, el aparato represivo presionó a los hermanos Oliva Torres y, entre otras cosas, los amenazaron con procesarlos y encarcelarlos por presuntas irregularidades en la compra de las viviendas, resumió Ferrer, quien recordó que esos jóvenes miembros de la organización y sus familias fueron presionadas a marcharse a EEUU a cambio de no ser llevados a prisión.

"El teniente coronel Lázaro, que así se hace llamar el jefe de Enfrentamiento, aunque algunos que lo conocen dicen que su nombre real es Yanier, me había amenazado con quitarnos las viviendas. Siempre les dejé claro que las viviendas no serían confiscadas, sino robadas, porque pertenecen a la UNPACU", refirió Ferrer.

Las amenazas de desalojo, comentó el opositor, han existido desde hace mucho tiempo, pues la policía política ya había dicho que podría tomar esa represalia debido a que en ellas "se hacían actividades ilegales". No obstante, también advirtieron que, de abandonar el activismo, suspenderían esa medida represiva.

"Ahora se presentaron estos dos funcionarios de Vivienda para pedirme el poder legal por el cual las personas pueden estar aquí. Les expliqué que esto es propiedad de la UNPACU, no mía. Y que los propietarios no me dejaron ningún poder porque cuando salieron obligados de Cuba yo estaba preso", contó Ferrer.

No obstante, Carlos Oliva Rivery, padre de Ernesto y Carlos Amel, a quien los inspectores de Vivienda visitaron a continuación de Ferrer, está tramitando los documentos necesarios a nombre de sus hijos.

"A mi no me importa la legalidad de la tiranía. De aquí no me iré voluntariamente. Este es un claro mensaje de que comenzaron un proceso para quitarnos las viviendas, pero para lograrlo tienen que robárselas, como delincuentes que son", advirtió Ferrer.

"Lo ilegal son las propiedades confiscadas por la tiranía a lo largo de tantas décadas. Esta es su reacción a 65 días de sitio permanente a la sede de la UNPACU. Ellos multan a activistas por entrar hasta aquí con 100 pesos, apoyados en una disposición que sanciona la violación de zonas de seguridad, cuando esto no es un área de las Fuerzas Armadas. Pero a pesar de ello, la gente se las arregla para burlar ese cerco y venir aquí".

"Si arbitrariamente nos despojan de las casas, seguiremos bajo el sol luchando. Haremos de las calles y los parques nuestras casas", advirtió Ferrer.