EEUU sanciona al MININT y a su ministro por 'graves abusos contra los derechos humanos'
Diario de Cuba
15 de enero de 2021

El Departamento de Estado les aplica la Ley Magnitsky, que permite castigar a quienes hayan cometido abusos o actos de corrupción en otros países.

El Departamento del Estado de EEUU sancionó el viernes al recién designado ministro del Interior cubano, general Lázaro Alberto Álvarez Casas, y al propio Ministerio del Interior (MININT), por cometer "graves abusos contra los derechos humanos".

Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a ambos como responsables de tales abusos y les imputó responsabilidad penal en virtud de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, que "apunta a los perpetradores de graves abusos de derechos humanos y corrupción en todo el mundo".

Las implicaciones de esta medida suponen, según la resolución del Tesoro, que todas las propiedades e intereses de Álvarez Casas y del MININT serán bloqueadas en EEUU de conformidad con las Regulaciones de Control de Activos Cubanos.

De ello deriva que ningún individuo sujeto a la jurisdicción de los EEUU podrá comerciar con propiedades en las que el Gobierno de Cuba o un ciudadano cubano tengan intereses, a menos que estén autorizados o exentos.

Además, de conformidad con las Regulaciones Globales de Sanciones Magnitsky, todas las propiedades del MININT serán bloqueadas. Ahora "las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses de personas designadas o bloqueadas están prohibidos, a menos que estén autorizados por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentos de otra manera".

Las prohibiciones abarcan impedir "la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada, o el recibo de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona".

José Daniel Ferrer recién excarcelado abril 2020

José Daniel Ferrer en prisión domiciliario enero 2021

Por su parte, el Departamento de Estado precisó que agentes del MININT detuvieron al líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, en septiembre de 2019, y lo encarcelaron. Ferrer denunció que durante ese periodo fue "golpeado, torturado y recluido en aislamiento. Además, Ferrer no recibió atención médica mientras estuvo en prisión".

"El caso de Ferrer es solo un ejemplo del abuso sistemático y diario que el Ministerio del Interior del régimen inflige al pueblo cubano. Hoy, el régimen cubano tiene más de 100 presos políticos y funcionarios del Ministerio han supervisado la tortura de muchos de esos detenidos. Álvarez Casas, en su rol de viceministro del MININT antes de su ascenso a su cargo actual en noviembre de 2020, es cómplice de hostigar y vigilar a periodistas, disidentes, activistas y miembros de grupos de la sociedad civil, incluidos más recientemente a los miembros de la comunidad pacífica Movimiento San Isidro", puntualiza la resolución.

"Unidades especializadas de la rama de Seguridad del Estado del MININT son responsables de monitorear la actividad política, y la Policía de Cuba apoya estas unidades de seguridad arrestando a personas de interés del MININT", indica.

"Estados Unidos apoya las justas aspiraciones de democracia, prosperidad y respeto de los derechos humanos del pueblo cubano, y estamos implementando esta designación en apoyo de esas aspiraciones. La represión de las libertades fundamentales por parte del régimen de Castro requiere la condena y la acción de todos los países que respeten la dignidad humana. Hacemos un llamado a otros gobiernos y organizaciones internacionales para exigir responsabilidades al Gobierno cubano por violar y abusar de los derechos del pueblo cubano", finaliza el documento.

La Ley Magnitsky, que lleva el nombre de un abogado ruso que murió bajo arresto en Moscú tras exponer un caso de corrupción, se aprobó en Estados Unidos en 2012 para luchar contra la impunidad internacional de las personas y entidades acusadas de violar los derechos humanos y cometer graves actos de corrupción.