El Gobierno impondrá hasta 15.000 pesos de multa a quienes cobren 'precios abusivos' Diario de Cuba 1 de febrero de 2021
La medida afectará a los cubanos dedicados a la comercialización de bienes y servicios en el mercado mayorista o minorista.
Hasta 15.000 pesos de multa (625 dólares al cambio oficial) podrían recibir como sanción quienes incurran en lo que las autoridades consideran "precios abusivos" o alteren las tarifas de venta de productos en Cuba.
De acuerdo con el Decreto 30/21 del Consejo de Ministros publicado en la Gaceta Oficial No. 8 Extraordinaria del 29 de enero de 2021, la medida afectaría a las personas naturales relacionadas con la comercialización de bienes y servicios en el mercado mayorista o minorista.
Según la disposición, un precio se considera abusivo cuando su "crecimiento esté por encima de un rango razonable, en comparación con productos similares o dentro de la misma familia de productos, y que buscan lograr un nivel de utilidad o ganancia desmedida; y precios especulativos, los fijados a productos, principalmente de primera necesidad, superiores a los establecidos por la autoridad competente, vinculados a operaciones de recompra, reventa o ambas, con el objetivo de obtener ganancias".
Además de las elevadas multas, las sanciones pueden incluir el decomiso del producto y su venta forzosa, algo que se aplica ya en diferentes territorios de la Isla.
Según la referida norma, a quien cobre tarifas superiores a las aprobadas puede imponérsele entre 8.000 y 10.000 pesos; mientras que quien ordene no aplicar o no aplique las medidas dispuestas por la autoridad facultada para subsanar los resultados nocivos que se hubiesen originado como consecuencia de la contravención, de 12.000 a 15.000 pesos, y la obligación de cumplir las medidas.
"A los bienes decomisados se les da el destino más útil desde el punto de vista económico y social, teniendo en cuenta sus características y posibilidades de comercialización, incluida la venta forzosa a la población, según corresponda", señala el texto.
Las sanciones, que son impuestas por los inspectores estatales, forman parte de la arremetida del régimen contra el sector privado, en momentos en que el Gobierno aplica la Tarea Ordenamiento, que ha supuesto la multiplicación de los precios al consumidor de bienes y servicios básicos como la electricidad y el gas licuado, así como de muchos medicamentos.
Esa subida de precios y tarifas aplicada por el Estado, que ha provocado la reacción de rechazo de buena parte de los cubanos, es opacada en la prensa oficial y en el discurso de las autoridades por la criminalización de acaparadores y revendedores.
Pero aunque la población se queja por los precios exorbitantes del mercado negro, el desabastecimiento en la red estatal obliga a las personas a recurrir a ella casi como única alternativa.
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