Cuba UE VIDEO: Sesión plenaria del parlamento Europeo sobre DD.HH en Cuba. ADN Cuba. /Borrell niega que apoye a la dictadura cubana; eurodiputados piden suspender acuerdo UE-La Habana. RTV Martí. (+ propuesta de resolución)
08-06-2021
Sesión plenaria del parlamento Europeo sobre DD.HH en Cuba Por ADN Cuba el 8 de junio de 2021
Borrell niega que apoye a la dictadura cubana; eurodiputados piden suspender acuerdo UE-La Habana Por Michel Suárez RTV Martí 8 de junio de 2021
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, negó este martes ser cómplice del régimen cubano, en un debate en el Parlamento Europeo donde la mayor parte de los diputados condenaron las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
En su primera intervención, el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, celebró la liberación del artista independiente Luis Manuel Alcántara Otero, mostró preocupación por los detenidos en la calle Obispo y defendió que la política europea hacia Cuba sea de "compromiso crítico".
"Hemos planteado estos y otros casos a las autoridades cubanas, porque el diálogo sobre derechos humanos está en el centro de nuestra relación. Es una de las razones del Acuerdo [de Diálogo Político y Cooperación]", afirmó el alto representante de la UE.
Sin embargo, numerosos eurodiputados señalaron errores en la política europeahacia La Habana, entre ellos Hermann Tertsch, del partido español VOX.
"Lo terrible es que tengamos en el Parlamento Europeo a un alto representante que está defendiendo a Cuba, defendiendo a la dictadura", cuestionó el legislador de la derecha radical.
Borrell, en cambio, desestimó tales acusaciones: "No voy a intentar rebatir la tesis de que el Alto Representante para la política exterior de la Unión Europea se dedica a apoyar las dictaduras por el mundo y, en particular, la cubana. Es algo tan ridículo que no merece la pena ser contestado".
En línea con la tónica general, el diputado Leopoldo López Gil, del Partido Popular Europeo, dijo que no hay avances desde la implementación del Acuerdo de Diálogo, sino un incremento de la represión.
"Señor Alto Representante, ante la política estatal de violación flagrante y constante a los derechos humanos por parte del régimen cubano, ¿no cree usted pertinente revisar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación?, se preguntó López Gil.
En representación del Partido Socialista Europeo, el parlamentario Javier López defendió el acuerdo, porque, en su opinión, "es un marco estable de diálogo" sobre todos los temas, para "unas relaciones constructivas, críticas, que lo que quiere decir es exigentes".
"Conversaciones que incluyen y deben incluir también cuestiones relativas a los derechos humanos y las preocupaciones por las libertades individuales", puntualizó el eurodiputado socialista.
Otros defensores del acuerdo con La Habana fueron los diputados de los partidos comunistas de Grecia, Portugal y España, que elogiaron al régimen cubano y criticaron a Estados Unidos.
"En Cuba se vulneran los derechos humanos, pero en la base de Guantánamo, y eso a ustedes obviamente les da igual", dijo el eurodiputado comunista Manuel Pineda; mientras su colega Sandra Pereira (Portugal) consideró que "una vez más, aquí en el Parlamento Europeo, tiene lugar un ejercicio de hipocresía sobre la democracia y los derechos humanos".
Por su parte, la vicepresidenta de la Eurocámara, Dita Charanzová, del grupo Renovar Europa, insistió en suspender el acuerdo con La Habana.
"No podemos hablar de mejoras en Cuba, si hay más presos políticos hoy que hace cuatro años. Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones. Se está burlando de nuestro acuerdo. Tenemos que defender nuestros valores y esto significa suspender el acuerdo con Cuba", reclamó la representante liberal checa.
No faltaron mensajes emotivos de apoyo, como el de Paulo Rangel, del Partido Popular de Portugal: "A todos los cubanos podemos decir que Europa está con vosotros, con vuestros derechos contra la dictadura, contra la represión".
"Debemos acabar con esta dialéctica caduca (...), que confunde la identificación de la supervivencia del castrismo con Cuba, que repite 'patria o muerte', mientras persigue a blogueros, cantantes y artistas que cada día más gritan 'patria y vida'", afirmó por su parte Soraya Rodríguez, de Renovar Europa.
Borrell defendió Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación como una herramienta que permite cooperar y "apoyar el proceso de modernización y reformas en Cuba".
"Tratamos cuestiones de derechos humanos pero también trabajamos juntos para fomentar un desarrollo inclusivo y sostenible a través de una cooperación que es muy amplia", declaró.
El jefe de la diplomacia europea dijo que el bloque de naciones que representa es "el primer socio de Cuba en cooperación, comercio, inversiones", y que desde que empezó a aplicarse el acuerdo, el diálogo político ha ido "regularmente precedido de encuentros con la sociedad civil, que reúne a ONGs europeas y cubanas".
"Hasta ahora es cierto que estas reuniones formales han incluido solo a organizaciones cubanas registradas con las autoridades, pero la UE está ahora recabando opiniones de todas las partes de la sociedad civil cubana en otros escenarios y a través de otros contactos", comentó.
En su intervención negó que el dinero de la cooperación europea financie a organizaciones del régimen cubano: "Damos a organizaciones civiles 8,4 millones de euros.7,6 millones están gestionados por organizaciones de la sociedad civil de la UE, que por definición no son parte del Gobierno cubano".
Otros 800.000 euros son gestionados por organizaciones de la sociedad civil cubana "seleccionadas cuidadosamente" por la delegación de la UE en La Habana con las condiciones de que sirvan al interés general o tengan un papel de mediadores entre las autoridades y la ciudadanía, explicó.
El Parlamento Europeo someterá a votación el jueves la resolución final sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Fuentes consultadas por Radio Televisión Martí en Estrasburgo indicaron que, tras varias horas de negociación, los socialistas europeos no parecen dispuestos a apoyar el texto.
Una nota de la Embajada de Cuba en Bruselas, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, califica el debate de "vergonzoso" y dice que busca "entorpecer las relaciones bilaterales entre Cuba y la Unión Europea y socavar la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba, la Unión Europea y sus Estados miembros".
Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba
(2021/2745(RSP))
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus Resoluciones anteriores sobre Cuba, en particular las de 15 de noviembre de 2018, sobre la situación de los derechos humanos en Cuba[1] , de 3 de diciembre de 2019, sobre el caso de José Daniel Ferrer[2], y de 5 de julio de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro[3] ,
– Visto el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba firmado en diciembre de 2016 y aplicado provisionalmente desde el 1 de noviembre de 2017[4],
– Vista la audiencia sobre Cuba celebrada por la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central el 11 de diciembre de 2020,
– Vista la videoconferencia informal celebrada por los miembros del Consejo Conjunto UE-Cuba el 20 de enero de 2021[5],
– Visto el tercer diálogo formal sobre derechos humanos en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Comunicación, de 26 de febrero de 2021[6],
– Visto el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas relativo a Cuba, de mayo de 2018,
– Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos,
– Visto el Informe anual 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
– Vistas las audiencias públicas del 179.º período de sesiones de la CIDH,
– Vistas las peticiones de la CIDH 7/2021, 14/2021 y 24/2021,
– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y en la que Cuba es Estado parte,
– Vistas las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Cuba es signataria,
– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que el Parlamento Europeo dio su aprobación al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación el 5 de julio de 2017; que, junto con su aprobación a dicho Acuerdo, el Parlamento aprobó una Resolución en la que pedía a la Unión que respalde la visión del Parlamento sobre la democracia, los derechos humanos universales y las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión y de asociación política y la libertad de información en todas sus formas; que, con este Acuerdo, ambas Partes confirman su respeto de los derechos humanos universales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes en materia de derechos humanos; que dicho Acuerdo incluye una denominada «cláusula de derechos humanos», que es un elemento tipo esencial de los acuerdos internacionales de la Unión que permite suspender dicho Acuerdo en caso de vulneración de las disposiciones relativas a los derechos humanos;
B. Considerando que los derechos humanos, la libertad y la dignidad y el bienestar de las personas se expresan y defienden mejor en una democracia, que implica, entre otras cosas, la alternancia en el poder, la celebración de elecciones libres y justas y el respeto del pluralismo político; que el artículo 5 de la Constitución cubana recientemente aprobada subraya que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza política dirigente superior del Estado, reforzada por los artículos 4 y 229, que subrayan el socialismo como un sistema irrevocable; que desde la aprobación de la nueva Constitución cubana el 10 de abril de 2019, y desde entonces y abril de 2021, se han adoptado 1 946 normas jurídicas en detrimento de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
C. Considerando que desde la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación hace casi cuatro años no se han registrado avances concretos en Cuba en relación con los principios y objetivos generales que persigue el Acuerdo; que, por el contrario, el régimen cubano ha intensificado su represión y las violaciones de los derechos humanos en la isla; que desde la entrada en vigor del Acuerdo no se ha registrado ningún cambio significativo en relación con la mejora de la situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en la isla ni tampoco en lo que se refiere a la mejora de las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos cubanos; que la situación ha seguido deteriorándose en toda la sociedad cubana, provocando una nueva ola de resistencia y manifestaciones pacíficas de importantes sectores de la sociedad cubana, reprimidas y aplastadas brutalmente por las autoridades cubanas y las estructuras represivas del régimen;
D. Considerando que en abril se ha registrado el mayor grado de represión desde el inicio de 2021 toda vez que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha documentado más de 1 018 acciones represivas contra defensores de los derechos humanos y periodistas independientes, de las cuales 206 fueron detenciones arbitrarias y trece incluyeron actos de violencia grave; que las autoridades cubanas irrumpieron ilegalmente en la residencia de Luis Manuel Otero Alcántara. artista independiente y coordinador del Movimiento San Isidro, que fue detenido arbitrariamente durante varias horas sin cargos; que, según la organización Prisoners Defenders, en Cuba hay actualmente 150 presos políticos; que entre marzo y mayo de 2021 se registraron 31 nuevos casos; que en los últimos doce meses anteriores, hasta el 1 de junio de 2021, en dicho registro se registraban 199 casos de prisioneros políticos en Cuba, además de 65 nuevos casos de encarcelamiento político, lo que representa una media de 5.4 nuevos casos de encarcelamiento político al mes; que en los últimos meses el número de denuncias de tortura y malos tratos a presos políticos que se encuentran en prisión ha aumentado;
E. Considerando que el Código Penal cubano incluye disposiciones como el «estado peligroso» y «medidas de seguridad predelictivas» en virtud de las cuales más de 8 000 personas se encuentran detenidas en prisión sin ningún delito imputable y otras 2 500 han sido condenadas a trabajos forzados;
F. Considerando que el Código Penal cubano castiga con sanciones de ocho años de prisión a todos los funcionarios que no terminan las misiones médicas o que deciden no volver a Cuba; que la Resolución n.º 168 de 2010 del Ministerio de Comercio Internacional e Inversión Exterior de Cuba impone a todos los empleados civiles en el extranjero que trabajan para el Estado o para empresas estatales, incluido el personal médico, deberes y obligaciones injustificados que violan la dignidad humana y los derechos humanos más básicos y fundamentales, que deben reconocerse para todos los seres humanos; que estas misiones médicas podrían considerarse una forma moderna de esclavitud; que Cuba incumple los Convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzoso; que Cuba infringe el artículo 38 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación;
G. Considerando que el Informe anual 2020 de la CIDH recoge una serie de denuncias en materia de abusos y violaciones de los derechos humanos por parte del Estado cubano contra su personal sanitario destinado en el extranjero bajo la apariencia de las llamadas misiones médicas; que la Comunicación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las misiones médicas cubanas (CUB 6/2019) puso de relieve las condiciones de trabajo precarias e inhumanas del personal médico, acusaciones respaldadas por Human Rights Watch y 622 testimonios;
H. Considerando que el Parlamento ha concedido en tres ocasiones su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a activistas cubanos, a saber, Oswaldo Payá en 2002, las Damas de Blanco en 2005 y Guillermo Fariñas en 2010; que los galardonados con el Premio Sájarov y sus familiares siguen siendo acosados e intimidados periódicamente y que se les impide abandonar el país y participar en actos internacionales o en actos organizados por el Parlamento Europeo;
I. Considerando que los galardonados con el Premio Sájarov, como Berta Soler, y activistas como José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Reinaldo Escobar, han sido invitados en varias ocasiones por el Parlamento, la última vez el 11 de diciembre de 2020; que las autoridades cubanas han impedido sistemáticamente su participación, como ocurrió en diciembre de 2020, al detener arbitrariamente a Berta Soler y Reinaldo Escobar y, además, al restringir la conexión a internet de los demás participantes; que el presidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y un vicepresidente del Parlamento firmaron una declaración conjunta en la que denunciaban el acoso a los activistas; que ni el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ni la Delegación de la Unión en Cuba han hecho nunca una declaración en su defensa ni han mostrado ningún tipo de apoyo público o privado;
J. Considerando que existe un acuerdo claro, o al menos tácito, entre el SEAE y el régimen cubano para no expresar públicamente ningún tipo de crítica sobre posibles violaciones de los derechos humanos por parte del régimen cubano; que el embajador de la UE en La Habana, Alberto Navarro, firmó una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos en la que solicitaba, entre otras cosas, el levantamiento del embargo estadounidense a la isla, así como la no injerencia en los asuntos cubanos; que este hecho constituye un rebasamiento claro del mandato diplomático del embajador y muestra el papel altamente politizado desempeñado por la Embajada de la UE en La Habana; que el Sr. Navarro ha declarado públicamente que Cuba no es una dictadura;
K. Considerando que el tercer diálogo formal sobre derechos humanos entre la Unión y Cuba se celebró el 26 de febrero de 2021 y no dio ningún tipo de resultado, como también había sido el caso con los diálogos anteriores; que todo diálogo político debe incluir un diálogo directo intensivo con la sociedad civil independiente y todos los actores políticos de la oposición sin restricciones, como se subraya en el artículo 36 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación; que el régimen cubano ha denegado a varias ONG y organizaciones independientes el derecho a participar en estos diálogos sobre los derechos humanos; que el SEAE ha respaldado con su silencio los vetos del régimen; que el diálogo tiene por objeto producir resultados tangibles y no puede considerarse un objetivo en sí mismo;
L. Considerando que el Parlamento ha invitado en varias ocasiones a los representantes diplomáticos del Gobierno cubano a audiencias y actividades relacionadas con Cuba; que estas invitaciones no solo se declinaron sino que también se respondió a ellas en forma de carta con de insultos y acusaciones infundadas contra el Parlamento y sus diputados; que, muy probablemente, el Parlamento es la única institución de la Unión a la que no se ha concedido permiso para visitar el país tras la entrada en vigor provisional del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, una actitud que contradice claramente el elemento esencial en el que debe basarse un acuerdo de diálogo político;
1. Condena enérgicamente la existencia de presos políticos, la persecución política persistente y permanente, los actos de acoso y las detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba; condena, asimismo, los ataques que se registran en la actualidad de los que son víctimas artistas del Movimiento San Isidro, disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política; pide que cesen de inmediato esas acciones y se ponga en libertad a todos los presos políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y de reunión; pide mayores garantías en relación con el derecho al acceso a un juicio justo y la independencia del poder judicial y que se garantice que las personas privadas de libertad tengan acceso a un abogado independiente, como se subraya en el artículo 24 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación;
2. Condena enérgicamente la detención arbitraria de Aymara Nieto Muñoz, Mitzael Díaz Paseiro, Iván Amaro Hidalgo, Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá, Yandier García Labrada, Denis Solís González, Luis Robles Elizástegui y de 64 prisioneros de conciencia; insta a las autoridades cubanas a que liberen inmediatamente a estas personas;
3. Lamenta profundamente la falta de compromiso y voluntad por parte del régimen cubano por realizar avances, aunque sean mínimos, hacia un cambio o por abrir canales que permitan encontrar vías para reformar el régimen, lo que mejoraría la participación social y política de la sociedad cubana y las condiciones de vida de los ciudadanos, así como el rechazo por parte del régimen de cualquier medida democrática; lamenta que, a pesar de la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación hace casi cuatro años, la situación en materia de derechos humanos y democracia no haya mejorado y que no haya generado ningún resultado positivo sustancial y tangible para el pueblo cubano; considera que este Acuerdo solo ha contribuido a lavar la cara del régimen cubano y a su reconocimiento oficial ante la comunidad internacional cuando, de hecho, está claro que se trata de un caso de anomalía antidemocrática en la región que perdura desde hace más de seis décadas;
4. Reconoce el derecho del pueblo cubano a exigir la democratización de su país a través de un diálogo con la sociedad civil y la oposición política con el fin de elaborar una hoja de ruta hacia unas elecciones democráticas multipartidistas;
5. Pide al SEAE que insista en que las autoridades cubanas cumplan las obligaciones vinculantes establecidas en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión y Cuba, en particular en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales elementales, como se subraya en el artículo 1, apartado 5, del Acuerdo;
6. Condena las violaciones sistémicas de los derechos humanos y laborales cometidas por el Estado cubano contra su personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en misiones médicas, que violan los convenios fundamentales de la OIT ratificados por Cuba; insta a Cuba a que aplique y cumpla efectivamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios n. ºs 29 y 105 de la OIT, respectivamente;
7. Recuerda que en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación figura una disposición en la que se prevé la suspensión del propio Acuerdo que se ha de aplicar si se vulneran las disposiciones sobre derechos humanos; insiste, por ello, en que la Unión Europea supervise y haga un seguimiento estrecho del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba a la hora de aplicar este Acuerdo y se informe regularmente al Parlamento al respecto; considera que el encarcelamiento de Denis Solís González, Luis Robles Elizástegui, Maykel Castillo Pérez («Osorbo») y de más de 120 presos políticos y presos de conciencia, así como todas las acciones arbitrarias y represivas registradas en abril y junio de 2021, incluidas las cometidas contra miembros del Movimiento San Isidro y los autores del vídeo «Patria y vida», constituyen un «caso de especial urgencia», tal como se define en el artículo 85, apartado 3, letra b), del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación; pide a la UE que convoque una reunión urgente a este respecto;
8. Reitera que los derechos humanos constituyen un elemento esencial del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, tal y como como se subraya en el artículo 1, apartado 5, en el artículo 2, letra c), en los artículos 5 y 22, y en el artículo 43, apartado 2; pide, por tanto, al Consejo que aplique las disposiciones relativas al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 85 del Acuerdo, incluida su suspensión, en caso de que las autoridades cubanas sigan violando los derechos humanos, lo que constituiría una violación grave de dicho Acuerdo debido a la violación de «los elementos esenciales del presente Acuerdo, tal como se describe en el artículo 1, apartado 5, y el artículo 7»;
9. Pide que el Gobierno cubano aplique reformas jurídicas para garantizar las libertades de prensa, asociación y manifestación, y ponga en marcha las reformas políticas que permitan unas elecciones libres, justas y democráticas que tengan en cuenta la voluntad soberana y libremente expresada del pueblo cubano; insta al Gobierno cubano a que ajuste su política en materia de derechos humanos a las normas internacionales definidas en las cartas, declaraciones e instrumentos internacionales de los que Cuba es signataria y que permita a la sociedad civil y a los miembros de la oposición política participar activamente y sin restricciones en la vida política y social;
10. Denuncia la negación sistemática de la participación de la sociedad civil independiente cubana y europea en los diálogos sobre derechos humanos mantenidos entre la Unión y Cuba por ser contraria al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, en particular durante el tercer diálogo formal sobre derechos humanos que tuvo lugar el 26 de febrero de 2021, como consecuencia de la negativa del Gobierno cubano a conceder su autorización, y declara que la Unión no debería aceptarla; pide, por tanto, un diálogo institucionalizado, formal, abierto y público entre la Unión y Cuba, con la participación de la sociedad civil, defendiendo así los pilares del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, similar a los celebrados con otros países con los que la Unión mantiene acuerdos de cooperación; recuerda al SEAE y a los Estados miembros que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación subraya la participación de la sociedad civil como elemento esencial para el desarrollo del diálogo en el marco del Acuerdo (preámbulo y artículos 19, 36, 42, apartado 1, 47, apartado 6, letra e), y 59, apartado 2; señala, por tanto, que la exclusión de la sociedad civil cubana y de la UE y de todos los actores políticos de la oposición supone la eliminación de un componente esencial de la naturaleza del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación;
11. Recuerda que favorecer únicamente a las organizaciones o personas afiliadas al Gobierno cubano y excluir de los fondos a las organizaciones de la oposición u otros representantes de la sociedad civil es contrario a las disposiciones del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación; pide, por tanto, la inclusión de todas las partes interesadas en los fondos de cooperación, independientemente de la posición adoptada por el Gobierno cubano;
12. Lamenta profundamente que las autoridades cubanas se nieguen a permitir que varias comisiones, delegaciones y grupos políticos del Parlamento visiten Cuba, a pesar de que el Parlamento concedió su aprobación al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación; pide a las autoridades que autoricen inmediatamente la entrada en el país;
13. Pide a la Unión que apoye la visión del Parlamento sobre la democracia, los derechos humanos universales y las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión y de asociación política, la libertad de información en todas sus formas, y su «política global en apoyo de los defensores de los derechos humanos» en el conjunto de dicho diálogo; confirma, no obstante, que en la actualidad los diálogos sobre derechos humanos no han impedido detenciones por motivos políticos en Cuba; señala, por el contrario, que según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), estos tipos de detenciones han aumentado significativamente en los últimos años;
14. Pide al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que reconozca la existencia de una oposición política al Gobierno cubano y que, en consecuencia, la incluya en el diálogo político entre la Unión y Cuba en consecuencia; pide a todos los representantes de los Estados miembros que aborden las cuestiones relacionadas con los derechos humanos durante sus visitas a las autoridades cubanas y que se reúnan con los galardonados con el Premio Sájarov cuando viajen a Cuba con el fin de garantizar la aplicación coherente, a escala interna y externa, de la política de derechos humanos de la Unión Europea;
15. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, al representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.