Julio M. Shiling.- János Kornai, el economista húngaro, tenía mucha razón cuando declaró en su clásico El sistema socialista: La economía política del comunismo (1988) que “el socialismo es irreformable”. El excomunista descubrió muy pronto que los modelos económicos marxianos engendran lo que él acuñó como “economía de la escasez”. La Nueva Política Económica de Vladimir Lenin (1921) fue un ejemplo de un intento desesperado por salvar al socialismo del colapso, atemperando los planes de colectivización radical con coqueteos políticamente controlados con el capitalismo de Estado. El refrito económico reciente del castrismo es otra aventura en las reformulaciones económicas dirigidas por el régimen que podrían servir potencialmente para la domesticación social y la durabilidad política.

China comunista ha perfeccionado este prototipo. Vietnam ha seguido su ejemplo. Tanto el “modelo chino” (también conocido como socialismo con características chinas) como el “Ðoi Moi” de Vietnam son una configuración sociopolítica de un Estado marxista-leninista con un sistema económico híbrido que consiste en un modelo dirigido por el régimen que utiliza conceptos y prácticas modernas del mercado, la división internacional del trabajo, las finanzas y el comercio con el fin de mantenerse en el poder y promover el socialismo. La clave para mantener el dominio dictatorial es el dinero (mucho) para pagar la elaborada red de terrorismo estatal represivo, y la capacidad de domesticar, tanto a la sociedad interna como a la diáspora. Esto lo han conseguido cómodamente China y Vietnam. El castrocomunismo lleva décadas intentando conseguir lo mismo, pero ha fracasado sistemáticamente.

Aunque la inmersión del comunismo cubano en programas de liberalización económica palidece en comparación con la de China o Vietnam, ha habido una serie de iniciativas continuas desde 1982 (Decreto Nº 50) que han aspirado a mejorar la producción, atraer la colaboración extranjera y, simultáneamente, mantener el control social interno y cooptar a la comunidad de exiliados. Estos experimentos económicos han sido por lo general revertidos o sistemáticamente diluidos, por la incapacidad del régimen castrista de mantener la necesaria sincronización de la sociedad cubana en la Isla y en el exilio, en consonancia con sus objetivos políticos. El único fenómeno constante y en expansión de las “reformas” económicas comunistas ha sido su implicación en el capitalismo de Estado con las corporaciones de propiedad del régimen y dirigidas por los militares que actualmente controlan el 70 % de la economía cubana (el 90 % en el sector turístico). 

La propuesta castrocomunista más reciente en esta búsqueda ha sido el Decreto/Ley Nº 46 (D/L 46) emitido el 6 de agosto. Este último intento de estimular la producción, a la vez que urge de la regimentación popular (interna y externa), tiene como objetivo permitir la existencia de empresas “privadas” en las categorías micro (1-10 empleados), pequeña (11-35 empleados) y mediana (35-100 empleados). Cuidadosamente elaborado para preservar el papel dominante del Estado comunista cubano en todas las esferas económicas relevantes, incluyendo el establecimiento de políticas y el acceso de las empresas a los mercados, el crédito y los recursos, el D/L 46 está totalmente restringido para asegurar la conformidad ideológica.

El actual empresario cortesano cubano, como el que existe en China y Vietnam, aunque a una escala mucho menor, es el prototipo de una clase empresarial de capitalismo concesionario emergente que es producto de un orden socioeconómico que simula mucho más una forma de mercantilismo socialista. Estos falsos capitalistas son, sobre una base funcional, completamente sumisos al orden político dictatorial. De hecho, algunos pueden argumentar que son la clase comercial protegida del régimen. En este contexto, las entidades empresariales no estatales (o “privadas”) que han desafiado el dogma oficial han sido castigadas. Esta es la idea que subyace al “modelo de economía de mercado socialista”.

Dos casos que ponen de relieve los actos de valentía y desafío contra el acoso del régimen castrista a los inconformistas son Ring Pizza, un pequeño servicio de entrega de pizzas y restaurante en La Habana y el Café Amarillo B&B en Santa Clara. El día después del levantamiento cubano del 11 de julio, las protestas masivas en toda Cuba en más de 50 localidades, los propietarios de Ring Pizza publicaron en las redes sociales “después de 10 años de ser tu pizzería favorita hoy no venimos a venderte pizza, venimos a decirte ¡Patria y Vida! ¡Abajo el comunismo! Libertad para Cuba!”. Tras el constante acoso de la dictadura cubana, Ring Pizza anunció en Facebook, como informó ADN Cuba el 8 de septiembre, el cierre del negocio. “Estaremos cerrados hasta que Cuba sea libre”, rezaba el mensaje, “no trabajaremos con el comunismo, necesitamos un cambio y lo necesitamos ya”.

Saily González Velázquez, propietaria del popular local de desayunos y brunches, cerró su negocio el 14 de octubre. A través de un tuit desde su cuenta @SailydeAmarillo, la empresaria y activista de los derechos humanos dijo “Así se despide @amarilloBBcuba hasta que #Cuba respete el derecho a pensar y hablar de todos los cubanos. No puede ser que ser empresario y activista sea un peligro para los que lo son y los que los rodean”. Los cubanos de la Isla están planeando una marcha masiva en todo el país para el 15 de noviembre (15N) llamada Marcha Cívica por el Cambio. González Velázquez es uno de los promotores del evento. La propietaria del Café Amarillo B&B ha sido amenazada con una pena de cárcel, por sus opiniones políticas y su activismo cívico.

En la otra cara de la moneda moral se encuentra Orelvis Bormey, propietario de la Casa del Maní Bormey, una de las primeras microempresas en recibir la aprobación para operar bajo el D/L 46 del régimen castrista. Un medio de comunicación del gobierno castrista, Telecubanacán, publicó el 16 de octubre un discurso coreografiado por supuestos trabajadores del negocio de cacahuetes de Bormey expresando su oposición a las protestas del 15N, algo que la dictadura marxista ya ha anunciado que no tolerará. Recibiendo todo el apoyo del régimen comunista, Bormey se manifestó públicamente en contra de que los cubanos ejercieran sus derechos naturales en la marcha del 15N. Refiriéndose a la preservación del socialismo en Cuba, el empresario cortesano de Santa Clara dijo: “No queremos que lo destruyan ni lo quiten.”

Bormey, durante mucho tiempo un apologista del castrocomunismo, ha recibido anteriormente el reconocimiento de la dictadura por su servicio a los esquemas económicos socialistas de Cuba. El empresario del cacahuete representa el tipo ideal de empresario sumiso ideológicamente que el socialismo intenta aprovechar. Esta clase “capitalista” concesionaria que pretende prosperar en un régimen marxista-leninista, guarda una extraordinaria similitud con los arreglos corporativistas de la Alemania nazi. Estos cómplices de la tiranía deberían tener en cuenta que la caída del nacionalsocialismo (nazismo) supuso para muchos de la clase empresarial una condena penal por su papel en la ayuda a la ejecución de crímenes contra la humanidad.    

 
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