La ex presidenta de Bolivia Jeanine Añez fue condenada a 10 años de prisión
Infobae
10 de junio de 2022
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dio conocer su fallo que deberá cumplirse en una cárcel de mujeres en la capital del país
La ex presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, fue condenada este viernes a 10 años de prisión por los acontecimienos que derivaron en la renuncia de Evo Morales en 2019. El fallo la sentenció por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dio conocer su sentencia condenatoria de 10 años, a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses después de que la ex mandataria fuera encarcelada preventivamente.
En su alegato final, Añez se declaró inocente y señaló que el Tribunal “excluyó pruebas que descartaban un derrocamiento” de Morales en 2019. “Nunca busqué el poder”, afirmó la ex presidenta, quien se define como “presa política”.
La ex presidenta interina Jeanine Áñez es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019, en un proceso que se desarrolló por la vía ordinaria y que para ella es un “legado de la ignominia, el abuso y la persecución política”.
Áñez tuvo que enfrentar el juicio desde la cárcel en la que está detenida de manera preventiva desde hace más de un año, pues según las autoridades existía “riesgo de fuga” y pese a que su defensa exigió la presencia física de la exmandataria en el tribunal en el que se desarrolló el caso.
Este viernes en su última declaración Áñez cuestionó que se le haya negado “un debido proceso”, le acusaron de delitos “que no ha cometido”, no le permitieron defenderse en libertad y que ese tribunal no tenía la competencia de juzgarla porque en su calidad de expresidenta le correspondía un juicio de responsabilidades, que también le negaron.
La ex mandataria interina presentó varios quebrantos de salud a lo largo del juicio que fue instalado en abril de este año y que fue aplazado en al menos dos ocasiones debido a sus crisis de salud y algunos recursos que planteó su defensa por observaciones a los procedimientos de la corte encargada del caso.
El calvario de Áñez empezó el 13 de marzo de 2021 cuando en un operativo, encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, y varios funcionarios de la Fiscalía, fue arrestada en su natal Beni y luego fue llevada a La Paz en un avión militar bajo un fuerte resguardo policial.
En principio la Justicia le abrió una causa por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis postelectoral de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que para el oficialismo fue un “golpe de Estado”.
De ese caso se derivó el proceso “golpe de estado II”, por el que hoy fue condenada.
CRISIS DE SALUD
El encarcelamiento de Áñez ha estado marcado por problemas en su salud como hipertensión, crisis nerviosas y depresión, con momentos en los que se provocó lesiones o la huelga de hambre que mantuvo por más de dos semanas para exigir poder defenderse en libertad.
Jeanine Áñez asumió el 12 de noviembre de 2019 el mando interino del país como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de que la renuncia de Evo Morales y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial.
Áñez era, hasta ese entonces, una política con poca relevancia que tuvo que activar el mecanismo de sucesión, sin el quórum necesario en el Parlamento, donde la mayoría le pertenecía al partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), acción que fue respaldada en su momento por el Tribunal Constitucional tras una interpretación a la norma sobre casos de vacío de poder.
Al parecer Áñez presentía su nuevo futuro. Al finalizar su mandato interino en 2020 dijo que no tenía intenciones de salir de Bolivia y que ante un eventual proceso en su contra estaría disponible para responder.
La abogada de profesión y oriunda de San Joaquín, una pequeña población del departamento amazónico de Beni, gobernó el país durante cerca de un año, mandato que fue extendido ante la imposibilidad de celebrar elecciones por la pandemia.
Áñez fue presentadora de televisión e inició su carrera política en 2006 cuando fue electa representante departamental en la Asamblea Constituyente que redactó la nueva Constitución Política del Estado promulgada en 2009 por Evo Morales.
En 2010 fue elegida senadora por el departamento de Beni en representación de la desaparecida alianza Plan Progreso y Convergencia Nacional.
En 2015 asumió su segunda legislatura, en la que se opuso a un cuarto mandato de Morales y centró su trabajo para prevenir la violencia en contra de la mujer.
En 2020 siendo aún presidenta interina se presentó a las elecciones presidenciales de 2020, luego de que en varias ocasiones dijo que no lo haría, pero declinó su aspiración al reconocer que su partido se ubicaba cuarto en las encuestas.
Posteriormente en 2021 se presentó como candidata a las elecciones subnacionales de marzo de ese año para la Gobernación de Beni, pero nuevamente la suerte no estuvo a su favor y quedó de tercera en las votaciones.
Áñez aún debe responder en otras causas en su contra como el caso “golpe de Estado I” y un proceso por responsabilidades que debe aprobar el Parlamento.
(Con información de EFE y AFP)
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Human Rights Watch denunció la condena a 10 años de prisión para Jeanine Áñez: “El sistema judicial boliviano sufre de injerencia política desde hace años”
Infobae
11 de junio de 2022
El investigador principal de la ONG de DDHH, César Muñoz, analizó el fallo contra la ex presidenta y señaló que cualquier investigación penal “debe hacerse de conformidad con el debido proceso, incluida la presunción de inocencia, y llevarse a cabo de acuerdo con los estándares que establece el derecho internacional”
Human Rights Watch (HRW) expresó preocupación por la forma en que se procesó a la ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, condenada a 10 años de cárcel por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley cuando asumió el poder en 2019 en medio de una crisis.
“Nos preocupa la forma en la que han sido llevados a cabo los procesos penales contra la ex presidenta Jeanine Áñez”, escribió en Twitter el investigador principal de HRW, César Muñoz.
En un hilo de mensajes tras conocerse la sentencia, Muñoz señaló que cualquier investigación penal “debe hacerse de conformidad con el debido proceso, incluida la presunción de inocencia, y llevarse a cabo de acuerdo con los estándares que establece el derecho internacional”.
También señaló que la Justicia boliviana “sufre de injerencia política desde hace años” y que esta falta de independencia fue aprovechada por diferentes Gobiernos, como el de Evo Morales y de la misma Áñez, quienes “impulsaron acusaciones infundadas contra rivales políticos”.
“El presidente (Luis) Arce sigue sin reformar la justicia. Su gobierno impulsa el proceso contra Áñez por la forma en que asumió como presidenta interina en 2019″, cuestionó Muñoz, quien también criticó que sigan impunes las 37 muertes ocurridas en medio de la crisis, “incluidas las masacres de Sacaba y Senkata”.
El investigador recordó que Áñez fue detenida en marzo de 2021 acusada de terrorismo, sedición y conspiración e indicó que HRW “revisó la imputación y no encontró evidencia que la sustente”, si bien luego se abrió el caso por el que fue condenada en esta jornada por incumplimiento de deberes y por adoptar resoluciones contrarias a la ley.
“A la ex presidenta Áñez no se le permitió asistir en persona a su propio juicio, pero sí estuvieron presentes los fiscales, abogados y otras personas. Eso le impidió consultar con sus abogados durante las audiencias”, apuntó Muñoz.
También criticó que los jueces dijeran que no podían garantizar su salud en el tribunal y sostuvo que las autoridades “tienen la obligación de garantizar la seguridad de los acusados para que asistan a su juicio”.
Según Muñoz, los delitos por los que fue condenada la ex mandataria “están definidos de manera muy amplia en la ley boliviana” y apuntó que los Gobiernos de Morales y Áñez “usaron esos tipos penales en procesos que parecían tener motivaciones políticas”.
“Los tribunales superiores deben examinar cuidadosamente y de forma independiente cómo se llevaron a cabo los procesos penales contra la ex presidenta Áñez, así como garantizar el debido proceso y los remedios adecuados si determinan que se violaron sus derechos”, concluyó.
Áñez asumió el 12 de noviembre de 2019 el mando interino del país como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de la renuncia de Evo Morales y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial, y en medio de una crisis política y social que estalló tras los comicios de octubre de ese año entre denuncias de fraude a favor del entonces presidente.
(Con información de EFE)
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La oposición boliviana calificó de linchamiento judicial la condena a 10 años de prisión contra la ex p
residenta Jeanine Áñez
Infobae
11 de junio de 2022
Los principales líderes del arco contrario al MAS de Luis Arce y Evo Morales acusaron al órgano judicial de haber actuado sin independencia. “El retroceso de la democracia y del estado de derecho es vergonzoso”, manifestó el ex mandatario Carlos Mesa
Los principales líderes de la oposición boliviana rechazaron la condena de 10 años de prisión contra la ex presidenta interina Jeanine Áñez y acusaron al órgano judicial de haber actuado sin independencia.
“El masismo acaba de cometer uno de los crímenes políticos más infames de la historia boliviana, al usar al sistema de justicia servil para condenar sin ninguna prueba ni delitos a una ex presidenta constitucional”, escribió en Twitter el ex presidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005).
“El retroceso de la democracia y del estado de derecho es vergonzoso”, agregó el también líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana.
La diputada Luisa Nayar, también de Comunidad Ciudadana, afirmó que se cometió un “linchamiento judicial” contra la ex jefa de Estado. “La justicia estaba prostituida hacia quien administra el poder que en este caso es el MAS, (Luis) Arce y Evo Morales, y lo que se ha realizado contra la ex mandataria es un linchamiento judicial, hay que ser claros”, expresó.
Por su parte, el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002) calificó en Twitter de “infame” la sentencia y denunció que a Áñez se le negó un juicio de responsabilidades y le fue vulnerado el “principio de legalidad”.
“La procesan dopada y la condenan por ‘inconstitucional’, cuando fue avalada” por el Tribunal Constitucional, el Congreso, controlado entonces por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) “y reconocida por comunidad internacional”, agregó Quiroga.
El gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, consideró en sus redes sociales que “la justicia actuó como brazo operativo del MAS” y “organizó un proceso ficticio para desconocer la lucha legítima de todo un pueblo en contra del fraude electoral de Evo Morales”.
“Los 21 días no fueron un golpe de Estado, fue el despertar de los ciudadanos para salvar la democracia. El abuso de la justicia masista al condenar a la ex presidenta Jeanine Áñez no cambiará en nada esa verdad”, añadió Camacho, quien desde la presidencia del Comité Pro Santa Cruz lideró en 2019 las protestas ciudadanas contra el presunto fraude.
Esa entidad cívica lamentó en un comunicado que el MAS y “su justicia corrompida” dieran “una nueva estocada” al sistema democrático y judicial del país con un “vergonzoso fallo que solo pone en evidencia la falta de independencia de los poderes del Estado”.
El comité reiteró la denuncia de que “Evo Morales y sus cómplices” cometieron un “monumental fraude” en los fallidos comicios generales de 2019 y “huyeron cobardemente del país”.
La entidad defendió que Áñez asumió la Presidencia “legal y constitucionalmente” tras una “cadena de renuncias” y sostuvo que “la mentira descomunal que intenta imponer el MAS no la cree nadie”.
El partido opositor Unidad Nacional expresó en un comunicado su rechazo a una sentencia emitida por “jueces manipulados por el poder” y denunció que en el proceso se cometió “un abuso tras otro”, empezando por procesar a una ex presidenta por la vía ordinaria cuando se le debió iniciar un juicio de responsabilidades.
También cuestionó que se decida “qué pruebas y qué testigos podían presentar los acusados” y que las audiencias se desarrollen sin su presencia física en el juzgado, entre otros.
Áñez fue condenada a 10 años de cárcel por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley cuando asumió el poder en 2019 en medio de la crisis postelectoral que para el Gobierno de Luis Arce y el oficialismo fue un “golpe de Estado” contra Evo Morales.
(Con información de EFE) | 
