El juez del juicio en Londres destroza la campaña de desinformación del régimen de Cuba
Según documentos de la corte, el supuesto soborno a funcionarios bancarios de la Isla 'fue esencialmente inventado'.
Por JOSÉ LUIS REYES
Diario de Cuba
18 de enero de 2023

El centro de la campaña de desinformación del régimen de Cuba en torno a su responsabilidad en la deuda que se le reclama en el juicio por iniciarse el lunes próximo en Londres quedó desmontado en una declaración emitida por el juez del caso.

Según ha reiterado La Habana, el caso en su contra en el Tribunal de Comercio de los Tribunales Reales de Justicia de Londres es liderado por un "fondo buitre", como califica al grupo de acreedores CRF I, que habría obtenido los derechos sobre una deuda contraída por el Banco Nacional de Cuba entre las décadas de 1970 y 1980, y que sigue impaga, sobornando a funcionarios de esa institución.

Esto, que reitera incluso el diario oficial Granma al presuntamente informar sobre el asunto, queda desmentido por una declaración del juez Justice Henshaw, a cargo del juicio, fechada el 9 de diciembre de 2022.

Según el documento, y como ya reportara DIARIO DE CUBA tras una audiencia preliminar del caso en esa fecha, la defensa del Gobierno de Cuba decidió retirar las alegaciones de que el soborno ocurrió, pese a que al menos dos de los funcionarios acusados y procesados en un juicio secreto en la Isla por ese presunto delito siguen presos.

Sin embargo, el juez Henshaw señaló al aceptar enmiendas propuestas por la defensa para retirar alegaciones previas, que hay razones para suponer que "el proceso de investigación fue esencialmente inventado".

Según el documento, en el centro de la disputa del juicio está si se otorgaron los consentimientos para que CRF I se hiciera con la deuda vencida de La Habana. "Hasta las enmiendas a las que he dado permiso hoy, el caso de los demandados incluía la alegación de que el presunto consentimiento de cesión, en el que se basa la demanda, fue inducido por el soborno de su funcionario", Raúl Eugenio Olivera Lozano, sentenciado a 13 años de cárcel por los delitos de cohecho y otros.

De acuerdo con la defensa del régimen cubano, el funcionario Don Stevenson, vinculado a CRF I, orquestó el soborno de Olivera Lozano, y argumentó que el exfuncionario del Banco Nacional de Cuba "ya había sido condenado en julio de 2021 por soborno en relación con este asunto".

"De hecho, la sentencia penal cubana declaró que el señor Stevenson había estado involucrado en el soborno, aunque eso no se alegó en esta parte de la Defensa de los acusados. El demandante, en su réplica, dijo que no hubo un juicio justo que condujera a esa condena y condenas relacionadas; que el poder judicial no era independiente del ejecutivo; y que no había garantías adecuadas del debido proceso en los procesos penales. La réplica alegó que el caso era un ejemplo de cómo Cuba buscaba evitar sus responsabilidades procesando y condenando a partes extranjeras y/o funcionarios cubanos, y que las acusaciones de soborno eran una invención", precisa el juez.

Sin embargo, posteriormente, en el intercambio de alegaciones, un testigo señaló que "Stevenson no pudo haber estado involucrado en el asunto porque se jubiló en 2015 y no tuvo más participación".

El 19 de julio de 2022, como parte de la primera ronda general de intercambio de pruebas testimoniales, la defensa de La Habana entregó "una declaración del señor Lozano que hacía alegaciones expresas en el sentido de que el señor Stevenson estuvo muy involucrado en sobornos y corrupción en relación con este asunto. Su declaración se refiere a hechos que supuestamente sucedieron a fines de 2018 o principios de 2019, y afirma que el señor Lozano creía que el señor Stevenson había estado actuando en nombre del demandante en este sentido".

Pese a todo lo anterior, y a que Stevenson se negó a declarar en el caso, el 24 de octubre pasado la defensa del régimen cubano subrayó que "su caso no implicaba alegar que el señor Stevenson fuera parte del presunto soborno" y "​​no dejó en claro si se basarían en las alegaciones de la declaración testimonial del señor Lozano a este respecto".

En este punto, el juez Henshaw advirtió que "el punto planteado sobre el caso alegado por los acusados ​​podría considerarse razonablemente como algo confuso".

Los testigos convocados en esa fase preliminar, resume el documento, indicaron que Stevenson, quien está citado como testigo para la vista oral de la próxima semana, "dirá en el juicio que fue despedido en diciembre de 2015, que no tuvo más participación o contacto relevante, y que ni siquiera sabía que las asignaciones estaban ocurriendo".

Y prosigue: "Luego, dos días antes de esta revisión previa al juicio, los acusados ​​presentaron un proyecto de defensa modificada que elimina las acusaciones de que el señor Lozano estuvo involucrado en sobornos y elimina la referencia a su condena".

"Los acusados ​​ahora adoptan la posición de que, si bien ya no alegan un soborno real, todavía tienen derecho a confiar en la información que tenían en 2020 de la investigación del fiscal sobre la participación del señor Lozano en el soborno. Los acusados ​​sostienen que las pruebas del señor Stevenson sobre su supuesta falta de participación son irrelevantes y, de hecho, dicen que los párrafos de la declaración testimonial del señor Lozano que se refieren al presunto soborno y a la participación del señor Stevenson también son irrelevantes tras las enmiendas a las que hoy he dado permiso".

"En cuanto a la relevancia, en primer lugar, el tribunal no está hoy en posición de sacar ninguna inferencia particular del abandono repentino y tardío de los demandados, sin explicación, de su caso de que en realidad ocurrió un soborno. Una inferencia que el demandante puede invitar al tribunal a hacer en el juicio es que ese cambio de rumbo respalda la alegación que ha presentado en su réplica; a saber, que la investigación y el enjuiciamiento del señor Lozano y otros nunca tuvieron un fundamento real, y que todo el proceso fue simplemente un ejemplo de cómo el Gobierno de Cuba busca evitar sus responsabilidades iniciando procesos penales", enfatiza.

"La evidencia que se propone obtener del señor Stevenson, si es cierta, en el sentido de que se había jubilado cuatro años antes y no podía haber tenido una posible participación, puede ser invocada por el demandante en el juicio para respaldar la inferencia de que el proceso de investigación no tuvo fundamento real", resume el juez Henshaw.

"Teniendo en cuenta que los acusados ​​son, al igual que el Ministerio Público, emanaciones del Estado cubano, y en el caso del demandante serían los beneficiarios de tal modus operandi, la prueba propuesta por el señor Stevenson podría entonces ser relevante para determinar si los acusados tenía una creencia razonable en las acusaciones de soborno para que fuera razonable negar el consentimiento para la cesión" de los derechos sobre la deuda.

Y más adelante subraya: "No es injusto decir que solo ahora, después de la entrega del esqueleto del argumento de los demandados ayer, ha quedado claro exactamente lo que los demandados están diciendo sobre este asunto: a saber, que ya no alegan que hubo soborno en hecho, pero sostienen que en 2020 tenían una creencia razonable de que se había producido un soborno".

El documento anterior, que la propaganda del régimen no menciona, explica por qué La Habana se ha lanzado a ofrecer información pública sobre el juicio en su contra a partir de dos estrategias: desautorizar al demandante y victimizarse, dos mecanismos para evadir responsabilidad que despliega tanto en sus ataques contra la sociedad civil independiente como en su conflicto político con EEUU.

Pero aún hay un tercer aspecto de la campaña de propaganda de La Habana: las notas en la prensa oficial sobre el asunto y las declaraciones de la Superintendencia del Banco Nacional de Cuba parecieran estar preparando a los cubanos para un varapalo judicial. Si las cosas le salen mal en el proceso, veremos por enésima vez el régimen cubano rasgarse las vestiduras. Y aún así seguiría pendiente una deuda que contrajo y no ha pagado.