A quién le sirven los préstamos del BNDES, ¿a Lula o a Brasil?
Por Maria Zuppello
Infobae
26 de enero de 2023

Lula da Silva y Alberto Fernández (Reuters)

El presidente brasileño decidió resucitar el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social para financiar proyectos fuera del país. Muchos se preguntan cuál es la ventaja de otorgar préstamos al gasoducto de Vaca Muerta cuando el gigante sudamericano tiene gas en sus pozos presalinos mucho menos contaminante que el de Argentina

Ha sido el tema que ha ocupado los titulares en los últimos días en Argentina, pero sobre todo en Brasil, donde ha desatado una gran polémica. Como se anunció en Buenos Aires al margen de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), se trata de la generosa voluntad del nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de resucitar el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para financiar proyectos fuera de Brasil. El primero y más discutido es la construcción de los 500 km restantes del gasoducto Néstor Kirchner, desde la región de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina hasta Santa Fe. En una fase posterior, el gasoducto podría llegar a Brasil.

Se está hablando de una financiación rechazada por el anterior gobierno de Jair Messias Bolsonaro, que ahora Lula ha desbloqueado junto con la idea, también muy criticada, de una moneda única entre los dos países que sustituya al dólar en las transacciones comerciales. En la reunión con el Presidente Alberto Fernández, sin embargo, Lula no especificó ni el valor del préstamo ni las modalidades. El 12 de diciembre 2022, la Secretaria de Energía de Argentina, Flavia Royón, había declarado que su país ya había conseguido un financiamiento de 689 millones de dólares del BNDES.

También conocida como el “tesoro de Vaca Muerta”, la formación geológica rica en gas de esquisto, en inglés shale gas, es considerada la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo. En contra de las promesas del nuevo gobierno de preservar el medio ambiente, el gas argentino es altamente contaminante y por ello está prohibido en Europa. En Brasil no está regulado, pero ha sido objeto de acciones legales en los estados de Bahía y Paraná. En este último está prohibido desde 2019.

Según un estudio de la Universidad de Yale de marzo de 2022, “el proceso que hay detrás de este gas, llamado fracking, requiere un gran volumen de agua, emite gases que causan el efecto estufa, como el metano, libera aire tóxico a la atmósfera y produce mucho ruido. Los estudios indican que la producción de este gas puede provocar la pérdida de hábitats vegetales y animales, la extinción de especies, daños a la migración de las aves y la degradación del suelo. Otros trabajos han revelado una relación entre los lugares donde se produce el shale gas y un aumento de los abortos espontáneos, el cáncer y los casos de asma”.

Por tanto, muchos se preguntan cuál es la ventaja para Brasil de un acuerdo para obtener ese producto cuando el país tiene gas en sus pozos presalinos mucho menos contaminante que el de Argentina. El problema es que este recurso nacional no se está utilizando debido a la falta de una red adecuada de gasoductos internos que no se ha renovado desde 2013. Lula, sin embargo, rechazó todas las críticas calificándolas de “pura ignorancia” y añadió que “los países que son más grandes deben ayudar a los que tienen menos condiciones”. El echo de que la cuestión corre el riesgo de convertirse en un quebradero de cabeza para quien se ocupa de medio ambiente queda demostrado por la reacción de la ministra encargada, Marina Silva, que esquivó las preguntas de los periodistas afirmando que “no estaba informada sobre este proyecto”, añadiendo que “se trata de una obra compleja que implica importantes riesgos medioambientales que deben ser debidamente considerados”.

A la pregunta de por qué es mejor importar gas contaminante de un país vecino en lugar de invertir en una infraestructura interna y utilizar un gas ecológicamente más sostenible, el Ministro de Economía, Fernando Haddad, se limitó a responder que “es un proyecto que abastecerá a Brasil. Y esto es completamente diferente a financiar infraestructuras en otro país. Financiar una carretera en un país de África, un puerto en Centroamérica y financiar un proyecto que llevará gas a Brasil es una cosa completamente distinta. Y habrá un sistema de garantías”.

De hecho, el gran temor de la sociedad civil brasileña es que el país vuelva a revivir la pesadilla de la corrupción, destapada por la Operación Lava Jato en 2014, y que tuvo precisamente en el BNDES una de sus cajas de Pandora desvelada por una detallada delación premiada del ex ministro de Economia de Lula y de la Casa Civil de Dilma Rousseff Antonio Palocci, en 2019. En los 14 años que el Partido de los Trabajadores ha estado en el gobierno, el BNDES ha financiado préstamos por un total de unos 11.800 millones de dólares para que empresas brasileñas construyeran infraestructuras en otros países, principalmente con aquellas constructoras que más tarde se vieron envueltas en el escándalo Lava Jato, como Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvâo. Los países en los que operaron, beneficiándose a su vez de otros préstamos del BNDES con intereses subvencionados, inferiores por tanto a los de los bancos privados, son Argentina, Venezuela, Cuba, Costa Rica y, en África, Angola y Mozambique.

Sin embargo, los datos oficiales del BNDES a 30 de noviembre de 2022 revelan que de los 11.800 millones de dólares prestados, el BNDES sólo ha recibido de vuelta 9.600 millones de dólares. En la caja faltan más de 2.100 millones, de los cuales 1.300 millones de dólares sólo de Venezuela. Entre las obras financiadas figuran la ampliación de los metros de Caracas y Los Teques, la construcción del Estaleiro Del Alba (Astialba) para PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela y la construcción de la Usina Siderúrgica Nacional. Pocas de estas obras se han completado. Y ahora que Lula ha reanudado las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro, será necesario entender si esta deuda será pagada y cómo.

Cuba también debe al BNDES 40,8 millones de dólares de un total de 696 millones prestados para diversas obras, en particular para la ampliación del puerto de Mariel, a 40 km de la capital, La Habana. Para ese préstamo millonario, el gobierno brasileño aceptó cigarros cubanos como garantía.

Muchos economistas critican esta vuelta al pasado del nuevo gobierno, también a la vista de las diversas condiciones externas que pronostican recesión en casi todo el mundo. “Estamos en un momento en que necesitamos centrarnos en el mercado nacional, especialmente en las pequeñas y medianas empresas”, declaró a la prensa brasileña Luciano Bravo, Director General de “Inteligência Comercial”. “Colocar dinero en otros países, especialmente en los que atraviesan notorias dificultades financieras, es un riesgo que no se debe correr”, añadió.

Además, según Bravo, como el dinero utilizado por el BNDES procede del tesoro nacional, en caso de que no se honren las nuevas deudas, podría verse afectado con un impacto en la inflación y los tipos de interés (Selic). Aunque Argentina siempre ha pagado sus deudas, aumenta la preocupación por la posibilidad de que no se cumplan los nuevos contratos debido a la difícil situación económica del país. Para Paulo Uebel, ex secretario del Ministerio de Economía en el gobierno de Bolsonaro, el riesgo es “que se cree una competición desleal con el mercado de capitales y se financie la exportación de servicios a dictaduras con bajos niveles de transparencia y gobernanza”.

24 horas después del anuncio de Lula en Argentina, el BNDES afirmó en un comunicado que por su parte “no hay demanda ni expectativa de financiar proyectos de infraestructura en el exterior” y que “cualquier alteración en esta política deberá ser aprobada por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU)”.

Sin embargo, las cosas pueden cambiar pronto, ya que Lula ha decidido nombrar al ex ministro del PT Aloizio Mercadante nuevo presidente del BNDES. Mercadante fue ministro de Educación y de la Casa Civil durante el gobierno de Dilma Rousseff, acusado de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia por la Lava Jato. Estos cargos contra él fueron retirados en agosto de 2022. Para tenerlo a cargo del banco Lula estaba incluso dispuesto a cambiar la Ley de Empresas Estatales, la 13.303 de 2016, también conocida como Ley de Responsabilidad de las Empresas Estatales, aprobada durante la presidencia de Michel Temer tras el impeachment de Dilma Rousseff para frenar la corrupción rampante en las empresas públicas. Una reciente decisión del TCU resolvió el problema para Lula, al menos por el momento, declarando que la ley no impide el nombramiento de Mercadante que justo ayer fue oficializado en el cargo.