¿De qué protección a la infancia puede hablar el régimen de Cuba? en la IV Conferencia Internacional de Protección a la Infancia, que comienza en La Habana este 27 de septiembre auspiciado por UNICEF. Por Lucía Alfonso Mirabal. Diario de Cuba.
¿De qué protección a la infancia puede hablar el régimen de Cuba?
Por Lucía Alfonso Mirabal
Diario de Cuba
28 de septiembre de 2023
Niña cubana buscando en la basura (imagen de video you tube )
Según la prensa estatal, el tratamiento y protección a niños y adolescentes infractores o víctimas estará entre los temas que se debatirán en la IV Conferencia Internacional de Protección a la Infancia, que comienza en La Habana.
Este 27 de septiembre comenzó en el Hotel Palco, de La Habana, la IV Conferencia Internacional de Protección a la Infancia (ProInfancia 2023), mientras el régimen mantiene a 35 menores de edad encarcelados por motivos políticos (el número 36, detenido ese mes, fue excarcelado con un cambio de medida cautelar), según el informe de agosto de la ONG Prisoners Defenders.
El medio estatal 5 de Septiembre dijo que el tratamiento y protección a niños y adolescentes infractores o víctimas está entre los temas que se debatirán en el evento.
ProInfancia, que se extenderá hasta el 29 de septiembre, fue convocado por el Ministerio del Interior (MININT) y está auspiciado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), informa el medio.
Este organismo de la ONU hizo varias recomendaciones al Estado cubano en 2019, que fueron desoídas, como demostró el tratamiento del régimen a los menores de edad detenidos por las protestas antigubernamentales de julio de 2021.
Una de esas recomendaciones fue crear "un sistema especializado para los adolescentes que infringen la ley penal, que establezca sanciones claramente diferenciadas a las del régimen de adultos, limitadas a períodos breves y donde la privación de la libertad sea una medida excepcional y de último recurso".
Ni en la derogada Ley de Procedimiento ni en la nueva Ley de Proceso Penal aparecen medidas cautelares alternativas a la reclusión para los menores. De hecho, varios de los manifestantes menores de 18 años esperaron juicio en prisión provisional, como señaló en un análisis DIARIO DE CUBA.
El propio régimen admitió en mayo, en un informe presentado al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU), que al menos 39 menores fueron condenados a penas de prisión en Cuba por las manifestaciones conocidas como 11J.
"Se han sancionado 488 personas, incluyendo 39 jóvenes con edad entre 16 y 18 años, fundamentalmente por delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos", reconocía un fragmento del informe citado por Prisoners Defenders.
De los 35 menores encarcelados en este momento por razones políticas, cumplen sentencia 32 y tres están siendo procesados penalmente. Hay cuatro niñas y 31 varones.
La UNICEF también recomendó al Estado cubano no permitir "la institucionalización para quienes no son responsables penalmente (menores de 16 años)" y señaló que "cualquier intervención que implique medidas coactivas u obligatorias debe reconocer garantías procesales básicas".
La reclusión de centenares de niños cubanos en escuelas de conducta y centros de reeducación del MININT va en contra de esta recomendación. La norma cubana que regula el tratamiento a menores de 16 años con problemas de conducta —el Decreto 64/82— es anterior a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que el régimen cubano firmó y ratificó.
En noviembre de 2021 quedó demostrado que el régimen cubano usa estas escuelas y centros de reeducación para castigar el disenso político. El niño de 15 años, Reniel Rodríguez, fue internado en uno de esos centros por haber salido a manifestarse el 15 de noviembre y haber convocado a sus vecinos a participar.
La conferencia que comenzó este 27 de septiembre con la participación de alrededor de 200 especialistas e investigadores cubanos y extranjeros, según 5 de Septiembre, fue precedida por tres ediciones (2008, 2014 y 2017). Esos eventos también se realizaron en Cuba.
En 2019, la UNICEF reiteró al Estado cubano la recomendación —realizada en 2011— de modificar la legislación para que los niños entre 16 y 18 años fueran tratados como menores infractores y no como adultos, y adoptar las medidas necesarias para que los jueces y demás funcionarios del sistema de justicia que trabajan con niños recibieran formación adecuada sobre la administración de justicia juvenil.
Durante las ediciones previas de ProInfancia, en Cuba se encontraba vigente un Código Penal en el que la edad punible legalmente era 16 años, pese a que la mayoría de edad en el país se alcanza a los 18 años.
Cuba acoge ProInfancia 2023 con un nuevo Código Penal, aprobado en mayo de 2022 y puesto en vigor en diciembre del año pasado, que mantiene la edad penal en 16 años.
En Cuba a los menores de edad que infringen la ley se les considera delincuentes y no infractores, sujetos a tratamiento penal, y esto se mantiene en el anteproyecto del nuevo Código Penal.
Hasta la fecha no existen ni se prevé la creación de tribunales especiales para menores de edad ni que haya funcionarios con formación especial para trabajar con ellos. Los menores edad que participaron en las protestas del 11J entraron en los mismos procesos penales y fueron juzgados en las mismas salas y condiciones que los manifestantes adultos.
Según la segunda jefa de la Dirección de Atención a Menores del MININT, coronel Luciana Calixtro, citada por 5 de Septiembre, la conferencia se inscribe en el propósito del Estado cubano de garantizar un entorno familiar y social que permita el desarrollo pleno de las nuevas generaciones en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
Sin embargo, muchos niños cubanos son sometidos a la separación forzosa de sus padres. Los profesionales que exporta el régimen a otros países en las llamadas "misiones médicas", así como los deportistas y trabajadores de cruceros son castigados con la prohibición de entrar a Cuba durante al menos ocho años, si aprovechan los viajes al exterior para escapar.
Incluso si terminan la colaboración (en el caso de los profesionales de la salud) o su participación en torneos internacionales, pero deciden no retornar a la Isla, reciben ese castigo.
En febrero, Prisoners Defenders cifró en más de 5.000 el número de padres y madres cubanas impedidos de ver a sus hijos.
El Estado cubano tampoco garantiza una buena alimentación a los niños. La libreta de abastecimiento solo les asegura la posibilidad de tomarse un vaso diario de leche hasta los siete años.
El precio prohibitivo de ese producto, tanto en el mercado informal como en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), a las que no tienen acceso la mayoría de los cubanos, lo convierten en un lujo.
El comienzo del nuevo curso escolar barrió los restos de ilusión de la educación gratuita en Cuba. El Estado ya ni siquiera puede garantizar los materiales escolares que proporcionaba a los estudiantes sin costo.
Aunque el presupuesto destinado por el Estado a la educación en los últimos años no muestra reducciones significativas, pero tampoco aumentos que compensen la realidad económica de los hogares y las brechas de desigualdad que genera. En estas circunstancias, el acceso a la educación en igualdad de condiciones se queda en el papel.
El cuidado a la niñez y la adolescencia en el nuevo Código de las familias, y la prevención de la violencia, también serán abordados en el evento, pese a que el Estado hace poco por prevenir la violencia machista que ha dejado a varios menores huérfanos en Cuba.
Lo demuestran varios feminicidios reportados desde 2019 por los observatorios de la sociedad civil, en los que las víctimas habían acudido a la Policía para denunciar a sus maltratadores, que a la postre se convirtieron en sus asesinos.
El Estado cubano tampoco proporciona refugios a mujeres, casi siempre con hijos menores, que son víctimas de violencia machista y cuyas vidas corren riesgo.
Estos refugios constituyen una de las exigencias de las organizaciones feministas de la sociedad civil independiente al Estado cubano.