La dictadura de Venezuela ordenó la detención de los periodistas y activistas, Sebastiana Barraez, Norby Marín, Tamara Suju, Wender Villalobos, Mario Carratú Molina y José Colina. 31 personas detenidos./Almagro, OEA repudio la persecusión.
La dictadura de Venezuela ordenó la detención de una periodista de Infobae
Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista, acusó a Sebastiana Barráez y otro grupo de periodistas y activistas de “traición a la patria”
Infobae
22 de enero de 2024
NTN24
NTN24
En una nueva arremetida contra la libertad de expresión, la dictadura de Venezuela ordenó este lunes la detención de Sebastiana Barráez, periodista de Infobae, y de otro grupo de comunicadores y activistas por los derechos humanos.
En declaraciones al país, el fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, también mencionó a Tamara Sujú, Wender Villalobos, Norbey Marín, Mario Carratú Molina y José Colina, a quienes acusó de tener vínculos con “acciones terroristas y la operación Brazalete Blanco”.
“Los delitos por los cuales se les está investigando son: traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación” señaló el fiscal chavista.
Durante su pronunciamiento de este lunes, Saab dijo que desde el pasado mes de mayo hasta la fecha se registraron múltiples conspiraciones contra el dictador Nicolás Maduro. Según indicó, se llevaron a cabo cinco nuevas conspiraciones.
“Producto de la información recabada se solicitó el 19 de enero al Tribunal 2° de Control contra Terrorismo 14 órdenes de aprehensión en contra de los militares y civiles involucrados con estos planes, las cuales fueron acordadas”, apuntó.
En este sentido, el fiscal de la dictadura venezolana informó que fueron detenidos Angelo Julio Heredia Gervacio, Guillermo Enrique César Siero, Tomás Martínez Macías y Carlos Jesús Sánchez Vázquez, Ronald Alejandro Ferrer Vera, Guillermo Henry César Siero, Tomás Martínez Chico y Diana Desiree Victoria Justo.
Detalló, además, que desde mayo pasado fueron detenidas un total de 31 personas -entre civiles y militares-.
Este anuncio llega en momentos en que la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, viene solicitando al régimen de Maduro la liberación de todos los presos políticos y garantías para unas elecciones libres.
El pasado mes de noviembre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que en Venezuela se mantiene “el constante y sistemático régimen de censura” que “genera autocensura entre los medios” independientes: “Los periodistas se ven asediados por el régimen, son acosados y amenazados cuando intentan cubrir protestas sociales o denuncian irregularidades y corrupción”.
En su informe, la SIP expuso al menos 22 casos concretos que dan cuenta de la persecución a la prensa, entre los que destacan el cierre de emisoras y espacios informativos dentro de ellas, la intimidación a periodistas y medios de comunicación por parte de funcionarios públicos y el bloqueo a portales digitales.
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Persecución en Venezuela: el régimen detuvo a 31 civiles y militares por supuestos complots contra el dictador Maduro
Infobae
22 de enero de 2024
La Fiscalía General vinculó a las personas con cinco supuestas tramas contra la administración chavista frustradas entre mayo del año pasado y los primeros días de 2024
La Fiscalía General de Venezuela anunció el lunes la detención de 31 civiles y militares vinculados con cinco supuestos complots contra el gobierno frustrados entre mayo del año pasado y los primeros días de 2024 e implicó a varios ex altos oficiales que se encuentran fuera del país.
El fiscal general Tarek William Saab dijo a la prensa que todos los detenidos están “convictos, confesos y han develado información sobre los planes”, sin mostrar pruebas. “Todos los militares fueron captados desde Colombia”´, agregó.
El fiscal general sostuvo que durante el gobierno del ex presidente colombiano Iván Duque (2018-2022), “él estaba apoyando grupos mercenarios… ahora en la presidencia de (Gustavo) Petro”, el primer mandatario izquierdista del vecino país, “lo han hecho de manera encubierta, pero de igual manera lo hemos descubierto”.
Durante el mandato de más de diez años de Maduro se han denunciado decenas de supuestos complots y planes desestabilizadores por los que han sido detenidas numerosas personas, pero rara vez se ha informado sobre las conclusiones de los procesos.
Según la Fiscalía la captación de miembros de organismos de seguridad del Estado venezolano se produjo en reuniones clandestinas realizadas en Bogotá.
Saab indicó que entre los implicados que se encuentran fuera del país está el mayor general retirado Cliver Alcalá, ex colaborador militar del fallecido presidente Hugo Chávez, quien se declaró culpable en Nueva York de cargos de terrorismo.
Se espera que Alcalá sea sentenciado a fines de febrero por dos cargos de brindar apoyo a un ejército rebelde colombiano designado como grupo terrorista por Estados Unidos. La audiencia, fijada originalmente para el pasado 18 de enero, fue postergada. Podría ser sentenciado a hasta 30 años de prisión.
Saab añadió que están en la búsqueda de otras 11 personas presuntamente vinculadas con los complots, entre ellos periodistas, militares retirados y activistas de derechos humanos.
En este contexto, el régimen chavista también ordenó la detención de una periodista de Infobae y de otro grupo de cronistas y activistas defensores de los derechos humanos.
Cuatro de los planes fueron detectados entre mayo y noviembre de 2023, incluido uno para el supuesto asesinato del presidente Nicolás Maduro y el gobernador Freddy Bernal, cercano colaborador de Maduro, resaltó el funcionario.
Saab explicó que los implicados en el caso serán procesados por delitos como “homicidio intencional en grado de tentativa en la persona del presidente de la república”, conspiración, traición a la patria, tráfico ilícito de armas y municiones, entre otros.
Señaló que los complots contemplaban la toma de instalaciones militares en varias regiones del país.
Los “incrédulos” dicen que “todo es mentira. Con pruebas, declaraciones y elementos de convicción se han dado todas estas detenciones”, aseveró el fiscal general.
(Con información de AP)
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Luis Almagro repudió la persecución del régimen chavista: “Rechazamos las acusaciones contra quienes informan en Venezuela”
Por Gonzalo Ferreira
Infobae
22 de enero de 2024
El secretario general de la OEA dijo a Infobae que en el país caribeño “no existen garantías procesales ni derechos humanos para los detenidos”
La acusación de la Fiscalía de Venezuela contra periodistas, abogados y militantes de Derechos Humanos venezolanos fue “rechazada” por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien consideró que en el país no existen garantías procesales.
“Rechazamos las acusaciones hechas contra personas que informan lo que sucede en Venezuela, y denuncian y visibilizan detenciones y desapariciones forzadas en un país donde no existen garantías procesales ni DDHH para los detenidos”, dijo Almagro a Infobae.
Este lunes, la dictadura venezolana a través del fiscal general chavista, Tarek William Saab, ordenó la detención de Sebastiana Barráez, periodista de Infobae, y de otro grupo de comunicadores y activistas por los derechos humanos.
La abogada Tamara Sujú, Wender Villalobos, Norbey Marín, y los militares retirados Mario Carratú Molina y José Colina, son otros de los acusados por el régimen, en el marco de una supuesta operación a la que llamó “Brazalete Blanco”.
“Nos solidarizamos con la abogada Tamara Suju, Wender Villalobos, Sebastiana Barráez, Mario Carratú Molina y José Antonio Colina”, dijo el secretario general de la OEA a Infobae.
En el marco de esta operación la dictadura también detuvo a 31 civiles y militares por los supuestos complots.
Suju, una abogada penalista que desde el exterior alerta por desapariciones y torturas del régimen y ha liderado denuncias en la Corte Penal Internacional, dijo este lunes a Infobae que las acciones de Maduro se enmarcan en la “desesperación” de entrar en un año electoral.
“El régimen está absolutamente desesperado por evitar las elecciones. De hecho, ni siquiera ha puesto la fecha porque está buscando ver de qué modo involucran en todo esto la candidatura de María Corina Machado para evitar que ella pueda medirse en elecciones. Y por eso se monta en este show”, dijo Suju a Infobae.
Destacó que no es la primera vez que el régimen inventa un supuesto intento de magnicidio para desviar la atención. “El magnicidio número no me acuerdo cuánto”, ironizó la abogada.
A Suju la involucran en este caso porque ella denunció, a través de sus redes sociales, de la desaparición por parte del régimen del capitán Anyelo Heredia, uno de los acusados por el régimen de este supuesto intento de magnicidio.
“En mi caso me enteré por su familia de la desaparición del capitán Heredia, porque es la madre la que me llama para decirme lo que no sabía de su hijo, que estaba muy preocupada”, dijo Suju a Infobae.
Para la abogada, con esta actitud la dictadura de Maduro “criminaliza la profesión del abogado, del denunciante, del defensor, del que sale a decir que se están llevando gente, que están aprehendiendo gente, que tienen gente desaparecida”.
“En el caso mío, yo soy la que denuncia cuando pasan cosas dentro del aparato donde arman estos expedientes absurdos. Y además los nombro. Entonces, en el caso del capitán Heredia he puesto creo que tres, cuatro videos de la madre pidiéndole a Maduro que se lo muestre, que no lo mate, que no se lo mate porque además esa ha sido una familia muy golpeada por las torturas que le hicieron a la madre, al padre, a la hermana. Ha sido muy cruel”, agregó Suju.
Según la abogada, que ella haya denunciado esta desaparición es lo que lleva a que la involucren en el caso.
“Por supuesto soy inocente de todo esto y segundo, en una dictadura como la de Maduro que está investigada por crímenes de lesa humanidad, no me parece nada extraño”, dijo. Según la abogada, estos expedientes se arman torturando y drogando a los detenidos para que digan lo que el régimen quiere que ellos declaren, lo que invalida esos testimonios como prueba.