Desaparecidos en Cuba: sin protocolos públicos, sin registros oficiales, sin justicia. Por Angeles Rosas. Diario de Cuba.
Desaparecidos en Cuba: sin protocolos públicos, sin registros oficiales, sin justicia
Por Ángeles Rosas
Diario de Cuba
9 de junio de 2025
Por Ángeles Rosas
Diario de Cuba
9 de junio de 2025
Rostros de desaparecidas en Cuba. Ilustración. Diario de Cuba
En Cuba, la desaparición de personas no es delito, tampoco emergencia, y las familias cargan con el peso del vacío y la impunidad.
El 30 de mayo de 2020, Maydeleisis Rosales Rodríguez, una adolescente de 16 años, fue vista por última vez en el parque de la calle Campanario, entre San Lázaro y Malecón, en La Habana. Su caso, reportado por DIARIO DE CUBA y marcado por la indiferencia de las autoridades cubanas, se convirtió en el catalizador de la #AlertaMayde, una iniciativa ciudadana enfocada en la búsqueda de niños y niñas e inspirada en la Alerta Amber utilizada en Estados Unidos y otros países para la localización de personas desaparecidas.
Cuatro años después, Maydeleisis sigue sin aparecer. Su historia, sin embargo, no es un caso aislado. Cuba acumula decenas de desapariciones no resueltas, sin estadísticas públicas, sin una base de datos nacional, sin una institución estatal especializada en la atención a estos casos, y sin protocolos específicos públicos. Las víctimas, y sobre todo sus familias, quedan atrapadas en un limbo jurídico y humano, sin derecho real a la verdad, a la participación, ni a la justicia.
Casos recientes, silencio sostenido
La desaparición en febrero de 2024 de Lali Paola Moliner, de apenas tres años, luego de que su madre fuera hallada muerta en Cojímar; la de Karildi Marín (24 años), vista por última vez en la noche del 14 de diciembre de 2023 cuando se dirigía a una fiesta en el municipio Cerro, y la de Doraiky Águila Vázquez, abogada de 48 años, ausente desde marzo de 2025 de su casa en Lawton, todas de La Habana, muestran que el fenómeno continúa y que el Estado cubano sigue sin responder de forma efectiva.
Familiares y amigos realizan las búsquedas por su cuenta, acuden a redes sociales, pegan carteles, llaman a hospitales y estaciones policiales. La Policía, en muchos casos, se limita a levantar actas, sin iniciar procesos investigativos sistemáticos. La prensa estatal, por su parte, ignora rutinariamente estos hechos, a pesar de su gravedad y alcance social.
La legislación cubana: escasa, ambigua e insuficiente
En Cuba, la desaparición de una persona no está tipificada como delito autónomo, a diferencia de lo que ocurre en múltiples legislaciones internacionales. La normativa vigente contempla dos mecanismos legales para regular las consecuencias civiles de una desaparición.
Una de estas figuras jurídicas es la declaración de ausencia (artículo 100 del Código Civil cubano), que puede solicitarse ante un tribunal si transcurre un año desde la desaparición sin que existan noticias del paradero de la persona. La otra es la presunción de muerte, regulada en los artículos 107 y 108 del mismo Código, que puede ser declarada pasados tres años desde la desaparición (aunque se reduce a un año en caso de peligro de muerte, como conflictos armados o desastres naturales).
Ninguno de los procesos, sin embargo, está concebido para investigar la desaparición, sino para resolver aspectos patrimoniales, familiares y legales derivados de la ausencia. No existe en Cuba una ley de búsqueda de personas desaparecidas, ni un protocolo institucional público que obligue a las autoridades a actuar de forma inmediata o coordinada.
¿Quién busca a los desaparecidos en Cuba?
En países como España, existen entidades como el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, que centralizan datos, coordinan operativos y asisten a las familias. En Cuba, no hay ninguna institución con funciones similares.
Según una investigación de la revista feminista Alas Tensas, incluso en el sistema de Medicina Legal existen cadáveres y restos humanos no identificados desde hace años, sin que se tomen acciones para contrastarlos con listas de personas reportadas como desaparecidas. "Solo en las series de televisión se resuelven estos casos en Cuba", afirma amargamente una testigo citada por la publicación.
Una fuente de Medicina Legal consultada por DIARIO DE CUBA confirma la existencia de cientos de restos óseos sin identificar y que no hay ningún sistema automatizado de cotejo de datos, ADN o identificación facial. El país carece de bancos de datos genéticos y de personal forense especializado en identificación de desaparecidos, así como de una estrategia oficial de búsqueda.
Sin participación, sin reparación
Organizaciones como la International Commission on Missing Persons (ICMP) y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU han subrayado que la falta de información, participación y reparación a las familias constituye una violación a los derechos humanos.
El Estado cubano, firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de la Convención sobre los Derechos del Niño, está obligado a garantizar el derecho a la vida, a la seguridad, a la verdad y a la reparación de las víctimas de desaparición. Sin embargo, en la práctica, las familias no tienen derecho a participar en las investigaciones, ni a ser informadas de avances, ni a decidir sobre la continuación de los procesos.
Tampoco existe acompañamiento psicológico o jurídico gratuito para quienes enfrentan la pérdida de un ser querido en estas condiciones. En cambio, algunos familiares han denunciado presiones por parte de agentes de la Seguridad del Estado cuando intentan denunciar públicamente la desaparición, como ha informado DIARIO DE CUBA.
Un derecho restringido: informar y buscar
El Artículo 19 del PIDCP garantiza el derecho a buscar y compartir información, incluso sobre personas desaparecidas. Pero en Cuba, este derecho se encuentra fuertemente restringido por el control del acceso a internet, los altos costos de conectividad impuestos por ETECSA —que se agudizan con el más reciente tarifazo— y la criminalización de la denuncia independiente.
Las iniciativas ciudadanas, como las alertas relacionadas con casos de desaparecidos, funcionan únicamente por redes sociales, sin respaldo institucional. En un entorno donde la desaparición no es una prioridad oficial, los esfuerzos comunitarios se convierten en la única herramienta para mantener vivos los nombres de los ausentes.
Habitación intacta, justicia ausente
En muchas casas cubanas, las habitaciones de los desaparecidos permanecen sin tocar. La ropa colgada, las fotos en la pared, la cama hecha. Todo permanece como si el ausente fuese a regresar. Pero la realidad es otra: las investigaciones rara vez llegan a una conclusión, los casos se olvidan, se archivan, y las familias cargan con el peso del vacío y la impunidad.
En Cuba, la desaparición de personas no es un delito y tampoco una emergencia para el Estado.