Conferencia Internacional de la OIT analizará la situación de los trabajadores en Cuba. El monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba [CTC], la falta de libertades como el derecho a huelga, la discriminación por motivos políticos...
Conferencia Internacional de la OIT analizará la situación de los trabajadores en Cuba
Diario de Cuba
20 de marzo de 2013
El monopolio de la CTC, la falta de libertades como el derecho a huelga, la discriminación por motivos políticos y las presiones sobre los cuentapropistas son algunos de los puntos.
El monopolio sindical de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, controlada por el Gobierno), la falta de libertades como el derecho a huelga, la discriminación y la represión por motivos políticos, son algunos de los puntos recogidos en el informe sobre la Isla que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) presentará a la Conferencia Internacional del Trabajo en junio próximo.
La CEACR, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha tenido en cuenta en su informe los reportes de la Coalición de Sindicatos Independientes de Cuba (CSIC), a la cual el régimen cubano no reconoce, comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Organización Internacional de Empleadores (OIE), entre otras entidades, y las respuestas del Gobierno cubano.
Muchos de los señalamientos está incluidos en informes anteriores sobre la Isla, sin que La Habana haya realizado los cambios en la legislación solicitados por la OIT.
En el documento, del cual el Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSC) ha publicado un extracto, la Comisión de Expertos indica que pidió al Gobierno cubano copias de sentencias contra sindicalistas independientes condenados en la Isla. Asimismo, explicaciones sobre la percusión, amenazas de prisión y confiscación de ayuda humanitaria enviada desde el exterior a miembros de organizaciones sindicales opositoras.
El Gobierno respondió —señala la CEACR— negando haber "enjuiciado o sancionado" a sindicalistas "por el ejercicio o la defensa de derechos sindicales".
La Habana dijo que "a todos les fue probada —en un proceso con todas las garantías procesales— su responsabilidad en acciones que se tipifican como delitos directamente dirigidos a lesionar la soberanía de la nación", entre otros argumentos que suele usar habitualmente el régimen contra los opositores encarcelados.
El monopolio de la CTC
Otro de los puntos recogidos en el informe de la CEACR es el monopolio sindical de la CTC, entidad que defiende los intereses del Gobierno, principal empleador en la Isla.
La Habana rechaza en su respuesta ese señalamiento, afirma que los trabajadores no necesitan "autorización previa de ninguna índole, ni estatal ni empresarial" para constituir organizaciones sindicales; asegura que existen "más de 110 000 organizaciones sindicales de base (…) desde la empresa, sector o rama de actividad hasta las instancias de estructura nacionales", y dice que "la libertad en el movimiento sindical cubano se expresa en términos de unidad, decidida por los propios trabajadores (…) con absoluta libertad de expresión y de opinión".
No aclara que todas las organizaciones sindicales de la Isla forman parte de la CTC. Por el contrario, afirma que "los trabajadores cubanos tienen el derecho de afiliarse libremente y de constituir organizaciones sindicales, sin necesidad de autorización".
La Comisión de Expertos de la OIT recuerda en este punto "que el pluralismo sindical debe ser posible en todos los casos y que las legislaciones nacionales podrían institucionalizar un monopolio de hecho si se refieren únicamente a una central sindical específica", como es el caso de la CTC.
Los trabajadores deben tener "libertad de constituir, si así lo desean, sindicatos al margen de la estructura establecida y de afiliarse a la organización de su elección", advierte.
Derecho a huelga
En otra parte de su informe, la CEACR critica la "falta de reconocimiento del derecho de huelga en la legislación y la prohibición en la práctica de su ejercicio" en Cuba, una crítica constante al Gobierno de la Isla.
En su respuesta, La Habana afirma que "la legislación vigente no incluye prohibición alguna del derecho de huelga, ni las leyes penales establecen sanción alguna por el ejercicio de tales derechos".
"Si alguna vez los trabajadores cubanos decidieran recurrir a la huelga, nada podría impedirles su ejercicio", dice el régimen, que se asegura la inexistencia de estos eventos a través de la CTC, las presiones del Partido Comunista y la consideración de "contrarrevolucionarios", "saboteadores", etc., a quienes los inician.
La Comisión insiste en su informe en que la legislación cubana "debería reconocer expresamente el derecho a huelga", a efectos de "salvaguardar la seguridad jurídica de los trabajadores que deciden recurrir" a ella.
Discriminación y represión por motivos políticos
La CEACR reitera también su preocupación por la discriminación de trabajadores "por motivo de opinión política", y especialmente por el encarcelamiento de periodistas independientes.
En su línea habitual, el Gobierno que controla toda la prensa de la Isla e impide la existencia de medios independientes, niega "que existan ciudadanos detenidos y procesados por el ejercicio de sus funciones como periodistas, y señala que las personas a las que se ha estado refiriendo la Comisión de Expertos persiguen destruir el orden constitucional y no tienen vínculo laboral con el sector periodístico (oficial) en el país".
También dice que "no se ha sancionado a nadie como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y de opinión y que el ejercicio de una profesión no constituye delito por el que se pueda imponer una sanción penal".
Por lo general, el régimen utiliza contra los disidentes y periodistas independientes que quiere enviar a prisión cargos por delitos comunes como "desorden público", "alteración del orden" o "peligrosidad social predelictiva".
El periodista independiente Calixto Martínez Arias, detenido en septiembre de 2012 y considerado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, está acusado de "desacato".
Martínez, actualmente en huelga de hambre, fue el periodista que destapó, en el verano del año pasado, la existencia de una epidemia de cólera en el oriente de la Isla.
En el informe, la Comisión de Expertos de la OIT señala que "proteger a los individuos, en el marco del empleo y la ocupación contra la discriminación fundada en la opinión política, implica reconocer esta protección en relación con las actividades que expresen o manifiesten oposición a los principios políticos establecidos, aun cuando ciertas doctrinas persigan el logro de cambios fundamentales en las instituciones del Estado".
Pide al Gobierno que informe "si existen personas detenidas, procesadas o acusadas de otros cargos que hayan alegado ser periodista" y que tome "las medidas necesarias para garantizar que los periodistas independientes y todos aquellos trabajadores que expresan opiniones políticas contrarias al Gobierno gozan de protección en caso de discriminación por este motivo".
La Comisión recoge además quejas de la Coalición de Sindicatos Independientes de Cuba (CSIC)"sobre discriminación por motivos de religión y opinión política" que afecta a trabajadores y estudiantes universitarios "en el marco de un mercado laboral monopolizado por el Estado".
Advierte que esa discriminación "se instrumenta por medio de expedientes laborales detallados y vitalicios que contienen informaciones políticas y religiosas de los trabajadores y sus familiares".
El Gobierno, que suele expulsar a trabajadores y estudiantes universitarios opositores y cuestiona la "confiabilidad" para determinados puestos de quienes critican la línea oficial, afirma al respecto que "nadie es discriminado por motivo de su opinión política" y que disposiciones constitucionales y legales "prohíben la discriminación, y establecen el derecho a la educación".
Niega que el expediente laboral sea "utilizado con fines discriminatorios" y que contenga "informaciones sobre las inclinaciones políticas y religiosas del trabajador y sus familiares".
Presiones sobre los trabajadores por cuenta propia
La CEACR dedica una parte del documento a las presiones sobre los trabajadores por cuenta propia, denunciadas por la CSIC.
La Coalición advierte que la inspección del trabajo de los cuentapropistas "es más un mecanismo de control social, de intimidación y de presión que un mecanismo de protección de los trabajadores", y "no es independiente frente a las presiones políticas" del Partido Comunista, del Gobierno y la CTC.
Considera que los inspectores del trabajo "se han convertido en enemigos de los trabajadores independientes, implantando un sistema de multas desproporcionadas que con frecuencia dan lugar a abusos que representan una amenaza para la existencia y la extensión del trabajo independiente".
El Gobierno, que no reconoce la validez de la CSIC como organización de defensa de los trabajadores cubanos, rechaza las críticas, afirma que trabajadores independientes "no están sujetos a este mecanismo de inspección y que los encargados de hacer respetar las disposiciones relativas (…) a las normas sanitarias, de gestión, de transporte, etc., son las estructuras de los gobiernos locales".
Los trabajadores por cuenta propia se quejan con frecuencia de abusos de los inspectores del Gobierno, que incluso piden sobornos a cambio de una evaluación favorable.
La Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra entre el 5 y el 20 de junio en Ginebra, es con frecuencia denominada "el parlamento del trabajo". Dicta las políticas generales de la OIT, establece y adopta normas internacionales del trabajo y es un foro para la discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales.
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