Libertad condicional sin garantías, revocación arbitraria y desapariciones forzadas: El caso de Félix Navarro y José Daniel Ferrer exige acción internacional urgente. Cubalex. +Video América TeVé: Laritza Diversent, Cubalex. 

Los líderes opositores cubanos Félix Navarro y José Daniel Ferrer han sido detenidos nuevamente en condiciones de incomunicación y sin garantías legales, tras haber sido excarcelados en enero bajo un régimen de libertad condicional impuesto sin su consentimiento. Cubalex alerta que estos hechos forman parte de un patrón represivo que instrumentaliza la libertad condicional como herramienta de vigilancia y castigo político.

En la madrugada del 29 de abril de 2025, los líderes opositores cubanos Félix Navarro Rodríguez y José Daniel Ferrer García fueron detenidos nuevamente por agentes del Estado en procedimientos marcados por el secretismo, la violencia y la falta total de garantías. A más de 24 horas de su detención, sus paraderos continúan sin confirmarse oficialmente, sus familiares no han podido visitarlos ni han recibido información sobre su ubicación o situación procesal, lo que constituye, a juicio de Cubalex, una desaparición forzada según los estándares internacionales. Estos hechos se suman a un patrón sistemático de violaciones del derecho interno cubano y del derecho internacional de los derechos humanos, iniciado desde el mismo momento en que fueron excarcelados en enero de este año bajo el régimen de libertad condicional.

El análisis jurídico y testimonial realizado demuestra que, tanto en el caso de Félix Navarro como en el de José Daniel Ferrer, el Estado cubano ha utilizado de forma instrumental la figura de la libertad condicional con fines represivos. Este beneficio de excarcelación anticipada, regulado en la Ley 152/2022 de Ejecución Penal y en su Reglamento aprobado mediante el Decreto-Ley 74/2023, exige como condición esencial el consentimiento informado del sancionado y un procedimiento regular de evaluación, notificación y control judicial. En ninguno de los dos casos se cumplieron estos requisitos. Ni Navarro ni Ferrer solicitaron la libertad condicional. En el caso de Ferrer, se documentó su negativa pública y reiterada a aceptar dicho régimen, siendo liberado sin su consentimiento y posteriormente reencarcelado por incumplir condiciones que nunca aceptó.

La actuación de las autoridades judiciales y penitenciarias no sólo ha sido contraria al principio de legalidad, sino que ha desconocido las garantías básicas del debido proceso. Las revocaciones se fundamentan en supuestos incumplimientos de obligaciones no impuestas formalmente, ni explicadas, ni aceptadas por los beneficiarios. En el caso de Félix Navarro, la justificación para la revocación fue que salió sin autorización del municipio y abandonó su empleo. Sin embargo, se le había autorizado verbalmente a notificar sus salidas por teléfono. Sus ausencias respondieron, en parte, a su legítimo ejercicio de la libertad religiosa y a visitas a su hija encarcelada. Adicionalmente, los reiterados arrestos dominicales por intentar asistir a misa le impidieron cumplir con sus obligaciones laborales, situación que fue informada al tribunal. En vez de garantizar sus derechos, el Estado optó por revocar el beneficio otorgado.

Desde Cubalex advertimos, tras el anuncio de las excarcelaciones el 16 de enero de 2025, que no se trataba de verdaderas liberaciones, sino de excarcelaciones anticipadas con fuertes restricciones y sin garantías. Denunciamos en aquel entonces la falta de transparencia, el carácter selectivo y arbitrario del proceso y la posibilidad de que estas medidas fueran utilizadas como instrumento de vigilancia, chantaje o represalia política. Los hechos han confirmado esta advertencia. La libertad condicional fue otorgada sin garantizar las condiciones mínimas de legalidad, y revocada de forma punitiva, utilizando criterios discrecionales que criminalizan el ejercicio legítimo de libertades como la de expresión, la religión y la participación política. Puede hablarse, incluso, de un fin ejemplarizante detrás de estas medidas, para disuadir a personas en similar situación de ejercer derechos fundamentales.

Los procesos de negociación internacional no pueden continuar legitimando estas prácticas. Las excarcelaciones deben estar sujetas a garantías jurídicas, transparencia y respeto pleno a los derechos humanos. Sin estos elementos, lo que se presenta como un gesto humanitario se convierte en una trampa legal que expone a los beneficiarios y a sus familiares a una constante amenaza de reclusión arbitraria.

Invitamos a organizaciones aliadas a sumarse a las acciones de incidencia que estamos coordinando para denunciar estos hechos ante los mecanismos internacionales de protección.

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