Entre seis y diez años de cárcel pide la fiscalía del régimen para tres activistas acusados de propaganda enemiga y manifestación ilícita. Diario de Cuba. 

Las autoridades represivas del régimen destacaron el supuesto vínculo que mantenían los tres con la organización Cuba Primero. En tal sentido, la esposa de Pompa López, Suarmi Hernández Vilar, dijo al citado medio que "se ve claramente que todo esto es un proceso amañado y manipulado por la Seguridad del Estado".

Hace más de un año, cuando fue detenido su esposo, Hernández Vilar dijo a Martí Noticias que la razón del arresto sería "un video que salen ellos tirando proclamas y que nunca subió a las redes, solamente lo tenía ahí en la computadora".

Hernández Vilar se refirió, asimismo, a cómo la represión se ha extendido también a su entorno familiar, demostrando que las violaciones a los derechos humanos no sola las sufren los activistas y opositores, también sus entornos más cercanos, aumentado así la espiral represiva. "Tengo dos niños, uno de diez y uno de un año que cuando él cayó preso tenía cinco meses. Además, él nació con una fisura en el cielo de la boca y hay que darle cuidados especiales. Así que he tenido que inventar y vender las pocas cosas que tengo para poder sobrevivir y darles comida a mis hijos", lamentó.

En agosto, luego de varios meses de permanecer en Villa Marista, la Fiscalía Provincial de La Habana determinó su ingreso en prisión provisional, y fueron trasladados al Combinado del Este.

El nuevo Código Penal sanciona por "propaganda contra el orden constitucional", a entre tres y diez años de privación de libertad a todo aquel que "incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista", ya sea de forma oral o escrita.

Estos hechos demuestran que "la represión en Cuba no es esporádica ni producto del azar, sino una política estatal estructurada y sostenida, ejecutada principalmente por el Partido Comunista de Cuba y el Ministerio del Interior", según aseveró Cubalex en un reciente informe al respecto.

"Su objetivo es desarticular cualquier forma de disidencia, limitar el ejercicio de derechos fundamentales y disuadir a la ciudadanía de participar en actividades cívicas o de exigir responsabilidades al poder. La magnitud, diversidad y recurrencia de los hechos registrados reflejan una estrategia de represión institucionalizada que atenta contra los principios más elementales del Estado de Derecho y los derechos humanos", denunció.